El próximo 10 de diciembre, a instancias del Tribunal Oral Federal 4 con sede en San Martín (Pueyrredón al 3728), se dará inicio al primer debate oral por los crímenes de lesa humanidad perpetrados tras el copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, entre el 23 y 24 de enero de 1989. Los delitos que se investigan en la causa, tras llegar a la Corte Suprema en 2014, fueron declarados imprescriptibles. Hay un único imputado: el ex general Alfredo Arrillaga, la máxima autoridad del cuartel cuando ocurrieron los hechos y ya condenado por los crímenes de la llamada Noche de las Corbatas.

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(Agencia) Pasaron casi 30 años y varios intentos de las defensas por lograr la prescripción de los delitos investigados. Finalmente, el próximo 10 de diciembre comenzará el juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra uno de los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), José Alejandro Díaz, quien en el marco del copamiento del cuartel de La Tablada fue primero detenido, luego fusilado y posteriormente su cuerpo desaparecido.

La causa recorrió un extenso periplo desde su inicio. Recién en noviembre de 2009, el titular del Juzgado Federal 1 de Morón, Germán Castelli, declaró como delitos de lesa humanidad a los fusilamientos y torturas perpetrados contra integrantes de la agrupación Movimiento Todos por la Patria (MTP), que el 23 de enero de 1989 tomaron el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada III General Belgrano de La Tablada, en el partido de Matanza.

“El Presidente de la Nación, ante un ataque a la democracia tendiente a derrocarlo, y en  cumplimiento  de sus legítimas atribuciones, activó el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación, y varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del  escenario de los hechos, la estructura y los recursos  estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar  graves violaciones al derecho  humanitario internacional, que incluyó dificultar las investigaciones;  todo lo cual, además, constituye  un crimen de lesa humanidad”, resolvió Castelli en aquella oportunidad.

Un mes después, el 14 de diciembre de 2009, el magistrado procesó al exGeneral Alfredo Arrillaga, comandante durante la recuperación del cuartel, y al exMayor Jorge Eduardo Varando, acusado de las ejecuciones de los detenidos que por su fallecimiento no será juzgado. Varando –que también estuvo procesado por la represión de los días 20 y 21 de diciembre de 2001- permaneció prófugo de la justicia durante años.

Para el procesamiento resultó fundamental la declaración testimonial del exsargento ayudante José Alberto Almada, quien ubicó a Arrillaga en el lugar y momento en el que torturaban a los detenidos en La Tablada.

Almada declaró que el 23 de enero de 1989, cumpliendo funciones en el Regimiento de Infantería 7 de Arana, partido de La Plata, le fue informado que debía alistarse para “hacerse cargo del Puesto de Comando Táctico Móvil de Comunicaciones de la Brigada de Infantería Mecanizada X para lanzar la recuperación del cuartel”.

Estando allí, Almada vio desde lejos cuando personal de La Tablada inició un fuego dentro de la Guardia de Prevención del Regimiento donde estaban resguardados los militantes que habían tomado el cuartel.

“Al comenzar a incendiarse, observó salir por una ventana a cuatro o cinco personas, las cuales corrieron hacia la cancha de fútbol y fueron perseguidas por un blindado, lográndose la detención de dos personas que fueron trasladadas a punta de pistola, a pie, con las manos en la nuca”, detalla el testimonio del testigo Almada.

Más tarde, al ingresar al predio del cuartel, el testigo pudo observar  de cerca a los dos detenidos a quienes los militares mantenían acostados boca arriba, bajo un árbol, rodeados por 10 efectivos. Se trataba de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz. Según el testigo, se acercó al grupo de militares otro oficial y, mientras pateaba a Iván y José, gritaba: “Matalo a ese hijo de puta”.

Luego Almada escucharía, desde un puesto de radio, una comunicación sobre “poner fuera de combate a dos oponentes” y más tarde, en las inmediaciones del segundo puesto de comando de La Tablada, escuchó los quejidos y gritos de dolor de personas a las que estaban torturando. Otra vez, las víctimas eran Ruiz y Díaz, y entre los torturadores estaba presente el general Arrillaga.

Un dato interesante sobre el testimonio de Almada se refiere a la pregunta del juez respecto al motivo por el que no había denunciado antes los hechos sobre aquellas jornadas: el testigo, en realidad, había notificado al general Balza y otros altos mandos del Ejército, resultando por ello amenazado con 45 días de arresto por haber hecho esas apreciaciones sin seguir la vía jerárquica.

Cabe destacar que, a partir de la apelación del procesamiento dictado por el juez Castelli, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín había declarado prescripta la acción penal y había resulto el sobreseimiento de Arrillaga con respecto a la autoría del delito de homicidio contra Iván Ruíz y José Alejandro Díaz.

Frente a esa resolución, a fines de 2014 la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento dictado por la Cámara en base al dictamen de la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien retomó lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a que el Estado argentino había faltado a su obligación de investigar “de manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruíz.