Luego de la elevación a juicio de la causa por el secuestro y torturas a tres militantes en 1981, organismos de derechos humanos de Mar del Plata reclamaron a la Corte bonaerense que disponga la licencia urgente e inmediata del fiscal general Fabián Fernández Garello. Los referentes también señalaron la necesidad de avanzar con el juicio político en su contra. El fiscal está imputado por su participación en esos delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en 2016. En la última semana, la CPM también reiteró a la Corte provincial y al Procurador General su pedido de apartamiento del cargo de Fernández Garello. La misma petición fue realizada por la Federación Judicial Argentina y la Asociación Judicial Bonaerense.

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(Agencia) La semana pasada, el Juzgado Federal N 2 de San Martín cerró la etapa de instrucción y elevó a juicio la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981. Hay siete ex agentes de inteligencia imputados, entre ellos el actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello.

“Las víctimas, las familias de estas y toda la sociedad aguardan que se tomen las decisiones necesarias para que el ex agente de inteligencia, miembro del aparato represor que aniquiló treinta mil vidas, pueda ser juzgado sin ejercer durante el tránsito de esta situación su cargo, el que lo pone paradójicamente al frente de la política criminal de nuestra región”, expresaron organismos de derechos humanos de Mar del Plata en una carta donde reclamaron que la Corte bonaerense ordene la licencia urgente del fiscal Fernández Garello.

La carta pública fue enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia Daniel Soria y al juez de la Corte y presidente del Jurado de enjuiciamiento de magistrados Eduardo de Lázzari, y lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata, Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación ex detenidos políticos del sudeste, Hijos resiste y el colectivo Faro de la Memoria.

“El avance procesal, con la elevación a juicio de la causa, nos coloca en una situación en donde no puede ponerse en duda la exigencia de que sea aparatado de su cargo. Fernández Garello será enjuiciado con todos los derechos que dicta la ley, pero mientras tanto debe ser licenciado. Cada hora que es fiscal es un atropello a la sociedad”, sostiene Fabián Múñoz, representante de Abuelas de Plaza de Mayo Mar del Plata.

“Es vergonzoso y grave que siga en el cargo, una persona que participó en delitos tan graves no puede ocupar el cargo de fiscal general, que es la persona que debe representar a las víctimas y dirigir la política criminal en Mar del Plata”, agregó Irma Piñeiro de la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos.

El actual fiscal general de Mar del Plata está imputado por su participación en crímenes de lesa humanidad cuando se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

La denuncia fue presentada en 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuando aportó ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban su participación en este hecho que llega a juicio y otras acciones de la represión ilegal. Sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

“Garello tuvo la habilidad de ocultar su pasado durante décadas; sin embargo los documentos presentados por la Comisión dan cuenta de su accionar, está su firma en los procedimiento de inteligencia que terminaron con el secuestro de esas personas. Para los organismos de derechos humanos es importante la reconstrucción de lo que pasó, de los testimonios de los sobreviviente y los papales de los servicios de inteligencia son extractos que van desnudando la verdad histórica”, explica Múñoz.

Ya en 2016, cuando se presentó la denuncia, la CPM y una decena de organismos de derechos humanos habían pedido el juicio político contra Fernández Garello; sin embargo, en noviembre de 2017 el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires archivo el trámite sin abrir la investigación. En 2018, el procurador general Julio Conte Grand también archivó el trámite disciplinario contra el funcionario que había sido impulsado por la CPM.

Desde el año pasado, un pedido de juicio político está pendiente de resolución; dos audiencias fracasaron por falta de quórum, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debía volver a reunirse para decidir si abre un jury contra el fiscal pero aún no lo ha hecho.

“Los organismos de Mar del Plata acompañamos desde el principio, desde aquella denuncia del 2016, el pedido para que el fiscal sea apartado de su cargo. Llevamos casi cuatro años de reclamo y no tuvimos respuesta. Es evidente que tiene protección y apoyo político pero, habiéndose elevado a juicio la causa, entendemos que no hay más excusas, que la Corte debería como mínimo suspenderlo”, reclama la referente de familiares Irma Piñeiro.

Fabián Múnoz de Abuelas de Plaza de Mayo Mar del Plata coincide: “No podemos permitirlo, con los métodos de siempre, con respeto a las instituciones, vamos a seguir exigiendo públicamente lo que creemos justo. Esta carta debe ser también un mensaje a esos sectores políticos para que asuman la responsabilidad y tengan en claro que una gran mayoría de la población repudia y rechaza la dictadura militar”.

“Como desde hace más de cuarenta años, pero esta vez con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad, esperamos una respuesta de la justicia a favor del sentido común, para que un presunto criminal de lesa humanidad no sea al mismo tiempo nuestro Fiscal General de Mar del Plata. Tenemos derecho a no padecer esto”, concluyen en su carta los organismos de derechos humanos marplatenses.

La semana pasada tras conocer la elevación a juicio por crímenes de lesa humanidad, y tal como lo hicieron ahora organismos de derechos humanos de Mar del Plata, la CPM también reiteró a la Corte provincial y al Procurador General su pedido de apartamiento del cargo de Fernández Garello y la continuidad de su juicio político.

En las últimas horas, la Federación Judicial Argentina y la Asociación Judicial Bonaerense también en un carta dirigida al presidente de la Corte Bonaerense, Daniel Soria, requirieron que se disponga la licencia del fiscal en los términos del art. 29 bis de la ley 13.661 y citaron precedentes en los cuales la misma Corte, ante procesamientos de magistrados, ordenaron la suspensión de los funcionarios. «El criterio sentado es de ineludible aplicación a la situación de Fernández Garello, en razón de la gravedad de los ilícitos imputados a este fiscal como de la trascendencia institucional de los mismos por tratarse de delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto de 1976-1983», señalaron.

«Bajo estas circunstancias, la permanencia en funciones de Fernández Garello en la máxima jefatura del Ministerio Público del Departamento Judicial de Mar del Plata pone en crisis la credibilidad del pueblo en la magistratura y erosiona la legitimidad política y moral del Poder Judicial, que constituye uno de los pilares fundamentales de la consolidación del estado democrático de derecho junto a la confianza en sus instituciones, razones por las cuales consideramos prudente su separación del ejercicio de su cargo por el tiempo que demande su juzgamiento en
sede penal federal, sin perjuicio de las medidas que pudiera disponer el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos», concluye la carta de las asociaciones sindicales.