La medida fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia, a raíz de un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Tras una inspección en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo denunció las graves violaciones a los derechos humanos que padecen las personas alojadas en el anexo del pabellón 1 del sector Separación de Área de Convivencia ubicado en el 5° piso de la Unidad 1 de Olmos: malas condiciones materiales de detención que implican graves riesgos para la vida de las personas y un régimen de aislamiento extremo de 24 horas que en algunos casos superaban los 3 y 4 meses. Las denuncias fueron corroboradas por peritos de la Asesoría Pericial departamental, que recomendó realizar un proyecto integral de reformas edilicias.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) El anexo pabellón 1 del sector Separación de Área de Convivencia (SAC) ubicado en el piso 5° de la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos está compuesto por 18 celdas individuales de 2,70 por 2 metros, con sanitarios y un camastro de mampostería. Las celdas tienen poca luz natural y ventilación, filtraciones de agua y conexiones eléctricas precarias. En esas condiciones las personas allí detenidas viven en un régimen de aislamiento extremo, sólo pueden salir a duchas o 30 minutos al patio -lo que no ocurre a diario-; es decir pasan 24 horas encerradas en las celdas y varias superaban los tres y cuatro meses en este régimen.

Luego de una inspección en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus colectivo y correctivo ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata. En su resolución, y tras constatar lo denunciado por el organismo, la jueza Garmendia ordenó la clausura total del pabellón, el desalojo de las personas allí alojadas en el término de 72 horas, y encomendó a las autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense a presentar un plan de obras para la reparación total del pabellón y los plazos estimados de ejecución.

La decisión judicial se fundó, entre otras medidas de prueba solicitadas, en los informes arquitectónicos y socio-ambientales realizados por la Asesoría Pericial departamental. En ese sentido, las conclusiones realizadas por el perito arquitecto fueron contundentes: “Desde el punto de vista técnico, la distribución y las deficiencias edilicias descriptas configurarían un agravamiento de las condiciones de habitabilidad e inseguridad, debiéndose realizar un proyecto integral que se ajuste a las necesidades y normativas internacionales, a tal fin se informa que dicha tarea debe ser llevado a cabo a través de los profesionales y técnicos de la Dirección de Infraestructura Edilicia del Servicio Penitenciario Bonaerense, dependientes de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

En cuanto a la instalación eléctrica, el informe pericial describe que el tablero presenta un estado irregular, no posee disyuntor diferencial y puesta a tierra; estas condiciones resultan sumamente peligrosas considerando que en el pabellón las personas detenidas se deben valer de conexiones precarias y fuelles para calentar el agua o la comida.

El pabellón tampoco contaba con sistema contra incendio, sólo hay un matafuego de 5 kg de capacidad para afrontar un eventual siniestro. El sistema se completa con gabinete para hidrantes, pero le falta de manguera y lanza.

El informe también advierte la presencia de filtraciones de agua en cielorrasos con desprendimientos de material, humedad en muros, deterioros en revoques y pintura, ventanas con roturas y faltantes de vidrios, y un deterioro generalizado de las instalaciones.

Desde hace tiempo, como reconocieron las mismas autoridades penitenciarias, el pabellón no tiene agua caliente por una pérdida de gas. El deterioro de la conexión obliga a reemplazarla por completo y que la obra sea tercerizada, pero no hay avances administrativos.

Por otra parte, la Dirección General de Coordinación del Servicio Penitenciario Bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia, informó que dio inicio a los expedientes administrativos para la compra de materiales de plomería y electricidad; sin embargo no brindaron un plan de trabajo ni plazos de ejecución.

Además del informe arquitectónico, la jueza Garmendia encomendó a la Asesoría Pericial departamental un informe socio-ambiental. Las observaciones también son elocuentes: las pésimas condiciones de habitabilidad de las celdas sumado al encierro permanente constituyen precarias condiciones de vida.