Este viernes La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Delitos Económicos del departamento judicial de Mar del Plata decidió dar impulso a la denuncia penal que presentaron organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y vecinos de Mar del Plata a mediados de agosto contra 15 concejales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Esos ediles del partido de General Pueyrredón aprobaron, en sesión del 8 de agosto, una ordenanza de cesión de tierras en el predio donde funcionó un centro clandestino de detención de la Marinia, y que hoy son linderas al sitio de memoria El Faro, a una empresa privada que instalará un bar y una destilería de gin sin haber presentado estudio de impacto ambiental, y que banaliza la relevancia histórica de un predio donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. La CPM acompaña la lucha de los organismos.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) En diálogo con ANDAR, el reconocido abogado de causas por la vigencia de la memoria y los derechos humanos César Sivo afirmó que lo resuelto por la fiscalía de Instrucción y Juicio de Delitos Económicos de Mar del Plata es un gran paso en la búsqueda de preservar el sitio El Faro de la Memoria, que perteneció a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y fue uno de los centros clandestinos de detención y tortura (CCDT) durante la última dictadura.

“Esta decisión le da impulso a la investigación penal porque entiende que la denuncia de los organismos de derechos humanos es verosímil; de lo contrario podría haber desestimado la denuncia”, manifestó.

“El expediente tiene información detallada acerca de la relevancia de los sitios de memoria, de su preservación y cuidado, de su historia y creemos que es un buen momento para profundizar en los aspectos centrales de estos sitios. Por eso, insistimos, es valioso lo que decidió el fiscal en cuanto a impulsar la investigación sobre el abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública en los que habrían incurrido los 15 concejales”, agregó.

Cabe recordar que el proyecto comercial cuestionado se trata de un bar y una destilería de gin que se emplazaría sobre un predio municipal lindero al sitio de memoria, pero que durante la última dictadura fue parte del CCD administrado por la Marina y donde se cometieron graves crímenes desde el terrorismo de estado.

Por ese motivo, la CPM remitió una nota a la presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón el 7 de agosto –un día antes de la sesión en la que se aprobó la ordenanza que habilita la cesión del predio y la instalación de la empresa- manifestando la preocupación y rechazo el intento de ceder un predio declarado, además, como reserva natural provincial para fines comerciales.

Para la CPM, “la discusión generada en torno a ubicar allí un bar y una destilería con el objetivo del ocio y la diversión da cuenta de que la decisión no es banal ni menor. Se trata de decidir en torno al uso de un espacio público que implica de manera directa la ex ESIM y que de ningún modo puede escindirse del sentido más relevante del centro clandestino que se ubicó allí. Los CCD no limitaron sus alcances territoriales al lugar concreto de emplazamiento físico, sino que fueron parte de una trama mucho más amplia”.

“Lo que sucedió allí también tuvo efectos radiculares en el espacio, generando terror y disciplinamiento, marcas y huellas que aún quedan. La construcción de sentidos actualizados a los desafíos éticos y políticos de nuestro tiempo, implica también deconstruir esa trama territorial ligada al horror, por otra expresamente contraria y disonante, que exprese la cultura de la paz, de la solidaridad, del interés común y el bienestar social”, señaló el organismo en su misiva a la concejal Marina Sánchez Herrero.

Y concluyó: “El rechazo a que el emprendimiento privado ´Restinga’ se ubique allí no remite a cuestiones de anteponer solo lo público a lo privado, sino a seguir siendo consecuentes como sociedad y como instituciones a ese mandato del NUNCA MÁS. ¿Qué significados produce que en el mismo predio donde hubo en CCD haya un bar y una destilería? Seria institucionalizar el ‘mirar para otro lado’, un acto claro de banalización de las políticas de memoria, con lo que ello significa: la banalización del horror”.

Además de la causa penal contra los ediles que aprobaron la ordenanza, tramita en simultáneo otra causa ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo del magistrado Simón Francisco Isacch con una acción preventiva de daños para evitar, precisamente, la destrucción del patrimonio cultural, histórico y de la memoria, además del impacto ambiental que el bar y la destilería podrían ocasionar en la reserva natural.

Esa acción fue presentada antes de que el Concejo Deliberante tratara la cuestionada ordenanza, y el juez en lo Contencioso Administrativo dispuso la suspensión del proyecto comercial. También otorgó cinco días al municipio para que informara sobre sus alcances y objetivos.

Sin embargo, con la aprobación de la ordenanza, el magistrado Isacch resolvió declarar abstracta la cuestión de fondo (el eventual impacto y daño potencial) cuando en realidad la norma del Concejo Deliberante solo hizo acrecentar el riesgo de un daño irreparable. Por tal motivo los organismos apelaron esta última decisión.

Asimismo, en los últimos días agregaron a la causa ante el fuero Contencioso Administrativo una pretensión anulatoria de acto jurídico, al considerar que en el tratamiento de la ordenanza no se cumplió con los recaudos de un acto jurídico para que sea valido de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos.

En primer lugar, porque no tuvo dictamen  del área jurídica del Concejo, requisito obligatorio; en segundo lugar, porque faltó la causa aparente: los impulsores de la destilería y el bar aducen un beneficio a la ciudad que no se condice con el beneficio específico que reportará a una empresa. En definitiva, se trató de una norma tratada con injustificada urgencia.