CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO

NO A LA CRIMINALIZACIÓN, PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE

NO A LAS ACUSACIONES DE TERRORISMO CONTRA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL Y LA COMUNIDAD MAPUCHE

El derecho de los pueblos originarios a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan (…) aptas y suficientes para el desarrollo humano” es de rango constitucional. El Estado tiene la obligación no sólo de reconocer esos derechos sino de implementar las medidas que lo garanticen.

No obstante no sólo no es así sino que continúan los desplazamientos de los pueblos de sus territorios ancestrales por parte de las grandes empresas transnacionales.

Días atrás se desató una brutal represión contra la Lof en resistencia de Cushamen en Vuelta del Río, provincia de Chubut. Las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al predio recuperado por la comunidad mapuche que reclama legítimamente por un territorio que le fue enajenado por la empresa Benetton y sobre el que tienen derechos ancestrales.

No es la primera vez que ocurre. En marzo de 2015 sufrieron una represión violenta por parte de la policía de la provincia de Chubut que intentó desalojarlos del predio que reclaman. En mayo de 2016 se produjeron otros hechos de violencia en los que, además de las fuerzas provinciales, intervino Gendarmería nacional. Las fuerzas del Estado dispararon balas de plomo, destruyeron las viviendas y dejaron a la intemperie a mujeres y niños. Esa vez la justificación fue la detención del Lonko Facundo Jones Huala, que tenía un pedido de extradición a Chile. La misma fue rechazada por el juez interviniente que consideró nulo el procedimiento de detención y confirmó la aplicación de torturas a otro integrante de la comunidad. En enero de este año, hechos similares volvieron a reiterarse de manera agravada puesto que hubo heridos con balas de plomo. El Estado incluso cometió delitos en la persecución de la comunidad, realizando inteligencia ilegal sobre la comunidad mapuche.

La represión violenta y la persecución son contra la Lof en resistencia de Cushamen, contra familias mapuches que reclaman por su derecho a la tierra que es la base de su cultura y su cosmovisión.

Todos estos hechos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado fueron denunciados a la prensa y a la justicia. Sin embargo, no ha avanzado ninguna investigación y mucho menos hubo condenas por los ilícitos cometidos por los agentes: torturas, heridas de gravedad, destrozos de bienes, maltrato de niños, detenciones ilegales, espionaje ilegal, entre otros.

Lo que sí continúa y de manera cada vez más violenta es la represión a miembros de la comunidad mapuche y activistas que apoyan sus reclamos. Hoy denunciamos la desaparición de uno de ellos, Santiago Maldonado, quien fuera perseguido por Gendarmería durante el ingreso ilegal de esta fuerza dentro del predio de la Lof.

A los hechos gravísimos se suman las declaraciones en Radio Nacional del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, el Sr. Pablo Noceti. El funcionario hizo declaraciones de neto corte autoritario -en tanto desconoce los legítimos reclamos constitucionales de la comunidad mapuche– y macartista, desacreditándola por su adscripción organizativa y política a la que sindica como “terrorista” y a la que irresponsablemente acusa de estar ligada a grupos terroristas internacionales y apoyos locales, entre los que incluye al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y a “gente vinculada al gobierno anterior”. El funcionario debe dar las explicaciones pertinentes del alcance de sus palabras porque es muy grave lo que afirma: conectar los derechos humanos al “terrorismo internacional” ha sido un recurso típico de la dictadura militar para desacreditar las luchas legítimas del pueblo.

En el mismo sentido, el funcionario claramente defiende y promueve una acción represiva y persecutoria, donde la amenaza y la violencia abierta sustituyen al diálogo y la protección de los derechos. Ninguna de las acusaciones que sostiene contra los miembros de la Lof en resistencia de Cushamen ha sido acreditada por la justicia. Como él mismo reconoce, aún no han aportado ninguna prueba, sin embargo afirma que todos serán detenidos. Cabe aclarar que hasta el día de hoy, ninguno de los miembros de la comunidad ha sido condenado por los hechos que menciona como “quemar, incendiar, dañar, robar ganado, destruir bienes, amenazar y torturar”.

Los que usan armas de fuego disparan contra personas desarmadas, roban ganado, destruyen e incendian viviendas y pertenencias, torturan, golpean, vejan y maltratan son agentes dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, de los que el Jefe de Gabinete es el responsable directo.

Hoy hay un desaparecido, de quien se desconoce su paradero luego de que fuera visto huyendo de la represión ilegal de la Gendarmería nacional, detenido, golpeado por agentes y subido a una camioneta de la fuerza.

Ellos son quienes violan el artículo 213 bis del Código Penal que cita el funcionario en las mencionadas declaraciones públicas. Gendarmería nacional es el verdadero “grupo tendiente a infundir temor en la población”, en este caso de la comunidad mapuche. Este temor que quieren fundar no busca otra cosa que garantizar los intereses de grupos empresariales como Benetton que vienen a expoliar los recursos de nuestro país y las tierras sobre la que tiene derechos ancestrales los pueblos originarios.

Sus declaraciones son nocivas para la democracia, y vulneran la constitución no sólo porque niegan los derechos sino que criminalizan la ideología desacreditando las reivindicaciones, acusando a los manifestantes de violentos y terroristas. Con este discurso legitima la violencia del Estado. Pero además de la Constitución, violan el convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que deben cumplir porque la Argentina es un país signatario.

Lamentablemente estos discursos no son nuevos: tiene una dolorosa historia en nuestro país. El terrorismo de Estado y el genocidio de 30000 se sostuvo y legitimó con discursos idénticos a éste: estigmatizando y criminalizando a los grupos políticos, suspendiendo sus derechos, persiguiendo, torturando y desapareciendo.

En nombre de la democracia le exigimos al Presidente que cese la represión, se abra el diálogo y se de cumplimiento a la Constitución nacional.