El TOC 1 de Morón absolvió al agente de la Bonaerense, Roberto Fabián Aquino, imputado por el asesinato de Héctor “Remo” González. En una instrucción plagada de irregularidades, el fiscal Claudio Oviedo había pedido la absolución de Aquino por entender que actuó en legítima defensa; sin embargo, a lo largo del juicio oral, no se presentó ningún elemento para justificar esta versión. Una comitiva de la Comisión Provincial por la Memoria, encabezada por sus presidentes, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, acompañó a los familiares de Remo durante la lectura de la sentencia.

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(Agencia) La policía mata y los funcionarios judiciales avalan, así se consagra la impunidad y se garantiza la perpetuación de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra los sectores más pobres de la sociedad. “La Comisión Provincial por la Memoria busca la verdad y la justicia que, como en este caso, no está en los Tribunales. Seguiremos acompañando a la familia y seguiremos buscando caminos para que la Justicia sea realmente justa”, expresó el co-presidente de la CPM y Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, tras la lectura de la sentencia.

En esa línea, el copresidente del organismo, Víctor Mendibil, agregó: “Hay que rescatar ese grito de justicia de nuestro pueblo, que todo los días se moviliza para revertir un sistema policial-judicial que sistemáticamente le da la espalda a los sectores más vulnerables”. Al mismo tiempo, Mendibil remarcó que las arbitrariedades cometidas por el fiscal y la Policía durante la etapa de instrucción “ratifican una vez más el reclamo de la Comisión por la efectiva implementación de la Policía Judicial y, en este caso en particular, evaluar la necesidad de iniciar un jury contra el Fiscal Oviedo”. Junto a Pérez Esquivel y Mendibil, estuvieron presentes el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, y la directora general, Sandra Raggio.

“Este fallo nos demuestra que la justicia es solamente para los que tienen plata y poder”, dice Cristian González, hermano de la víctima. Remo era cartonero, vivía en el barrio Presidente Ibáñez de Morón sur; el 22 de marzo de 2013 fue asesinado por el agente de la Policía Bonaerense, Roberto Aquino. “Mi hermano estaba ahí, justo ese día, en esa esquina, era inocente, no había hecho nada, y un policía se lo llevó”, explica Cristian.

Ese día, Pablo Ezequiel Cuello y Roberto Fabián Aquino, ambos funcionarios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, perseguían un vehículo particular con pedido de secuestro y se internan en el barrio. Héctor González había salido a la calle, alertado por los ruidos, cuando los oficiales —que vestían de civil y sin identificación— quisieron aprehenderlo sin verificar fehacientemente la conexión de Remo con la persecución; luego de un forcejeo, Roberto Fabián Aquino, abusando de su función y excediendo los límites impuestos por la ley, extrajo su arma reglamentaria y le disparó en el abdomen. Héctor González murió en el Hospital de Morón como consecuencia de la herida.

Los familiares y los vecinos presenciaron el hecho y denunciaron, desde el primer momento, la muerte de Remo como otro caso de gatillo fácil. Sin embargo, esta tarde, el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón —compuesto por los jueces Juan Carlos Uboldi, Claudio Chaminade y Mariana Maldonado— decidió por unanimidad absolver al oficial Aquino por entender que su accionar se encuadraba en un caso de legítima defensa. El fallo no sólo desconoció la versión de los familiares y vecinos, sino que también desoyó todas las irregularidades e inconsistencias planteadas por el abogado de la familia durante el juico oral.

“El Tribunal no ha estado a la altura de las circunstancias. Como sucede con el Poder Judicial bonaerense, los magistrados no han entendido qué problemática estamos juzgando acá; definitivamente, tenemos justicia para un sector de la sociedad y no para otro”. Manifestó el abogado de la querella, Eduardo Guevara Barrios. “Interpondremos un recurso de apelación y esperamos que el Tribunal de Casación revierta esta sentencia”, agregó.

La semana pasada, luego de los alegatos, la Comisión Provincial por la Memoria había expresado su preocupación ante las graves deficiencias en la etapa de instrucción, irregularidades avaladas y consentidas por el fiscal Claudio Oviedo. A la luz de este fallo, adquiere aún más relevancia la participación del Ministerio Público Fiscal (MPF); en todo momento, Oviedo defendió la versión policial y terminó pidiendo la absolución de Aquino. “El MPF actuó como un abogado defensor, nosotros lo recusamos durante la instrucción porque no había objetividad; era muy clara que su interpretación del caso y sus tomas de decisiones, estaban a favor del imputado”, precisó el abogado Guevara Barrios.

Entre las irregularidades planteadas ante el Tribunal, la querella enumeró que el procedimiento de las fuerzas de seguridad tras el hecho estuvo a cargo de la Brigada de Morón, es decir, por el mismo cuerpo que integraba el imputado. Además, el acta de procedimiento dice que estuvo a cargo de la Comisaría 4ta de Pavón pero, cuando fue citado a declarar, el Jefe de la Seccional desmintió su participación en la diligencia: se trató de un acta completamente fraguada. “Hubo un intento de encubrimiento por parte de la DDI y nosotros lo expusimos pero, por lo visto, ni al Fiscal ni a los jueces les importó”, cerró Guevara Barrios.

“El fiscal siempre proclamó la versión policial, dijo que el policía es una víctima y que nosotros, vecinos y familiares, armamos una causa para perjudicar a la Policía; nosotros vimos lo que pasó y denunciamos lo que pasó”, relata Cristian, el hermano de Remo. Él, como cada uno de los testigos que presentó la querella, fue hostigado cuando declaró y luego duramente criticados en el alegato. El fiscal los trató de mentirosos, destacó las “inconsistencias” de las declaraciones como argumento para dar crédito a la versión policial y, finalmente, también los amenazó con iniciarles acciones legales por falso testimonio.

En ese sentido, la senadora provincial Mónica Macha —una de las impulsoras del programa Comunidad + Prevención, un proyecto municipal que trabaja con familias víctimas de violencia institucional— explicó que el fiscal “no sólo puso en duda el testimonio de todos los vecinos, mencionó al barrio como un barrio de delincuentes; es decir, prejuzgó desde un nivel de estigmatización y de parcialidad que no puede corresponder con la acción de un fiscal: necesitamos otra formación de los hombres que tienen la responsabilidad de construir justicia”. Y agregó: “evaluaremos cuáles son las herramientas legales que nosotros tenemos para accionar contra el Fiscal, porque claramente su modo de trabajar fue de lo más parcial, actuó como un abogado defensor”.

Para la Comisión Provincial por la Memoria, el fallo del TOC 1 de Morón es una muestra más de la complicidad de los funcionarios judiciales que, como en este caso, terminan avalando la versión policial y garantizando la impunidad de los agentes policiales. Las escasísimas condenas que existen en los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos como consecuencia de las prácticas ilegales e ilegítimas de las policías en su despliegue territorial ponen de manifiesto el fracaso de una política criminal que exacerba el punitivismo.

“Yo perdí a mi hermano pero esto viene desde hace rato en el rato: persiguen a los pibes, les arman causas; entran, salen y hacen lo que ellos quieren. Sólo la unidad entre los vecinos del barrio puede lograr que esto no vuelva a pasar”, cerró Cristian.