Por una resolución, el Consejo de Médicos de la provincia de Buenos Aires decidió impugnar la presentación de psicólogos en los concursos para las jefaturas de servicios, de salas, de unidades de internación y consultorios externos de salud mental. Esta decisión no sólo es arbitraria sino que, además, contradice los principios establecidos en la misma Ley de Salud Mental.  La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) envió un petitorio a la ministra de salud para requerir que se declare la nulidad de esta resolución y le pidió que se tomen las medidas necesarias para avanzar en la designación de profesionales que garanticen la efectiva implementación de la ley, respetando el criterio de interdisciplinariedad.

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(Agencia) Recientemente, el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires dictó la resolución 912 que ordena a los jurados de evaluación de concursos para las jefaturas de servicios de salud mental impugnar las postulaciones de psicólogos para cubrir esos cargos. Esta decisión resulta arbitraria e ilegal porque contradice los principios de la ley de Salud Mental y pone en riesgo la efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales.

Ante la gravedad de la situación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le reclamó a la ministra de salud provincial, Zulma Ortiz, que declare nula esta resolución. En el mismo petitorio, el organismo pidió que se instrumenten las medidas necesarias para garantizar la conformación de los jurados encargados de evaluar  concursos de servicios de salud mental, según el criterio de interdisciplina establecido por ley.

En ese sentido, la Ley de Salud Mental 26.657 significó un importante avance en materia normativa e impulsó un cambio de paradigma a la hora de abordar este tipo de padecimientos; sin embargo, su implementación se ha ido demorando. La resolución del Colegio de Médicos es un ejemplo más de ello.

Frente al enfoque psiquiátrico biomédico que ha hegemonizado el abordaje de la salud mental, la Ley 26.657 sostiene que el proceso de atención debe realizarse en el marco de un abordaje interdisciplinario. En consonancia con ese criterio, la ley define en su artículo 13 que todo profesional, correspondiente a disciplinas o campos pertinentes a la atención en salud mental, pueden ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones.

La decisión de excluir a los psicólogos en los concursos para ocupar las jefaturas de servicios de salud mental contradice estos principios y, más grave aún, parece sostener la persistencia del enfoque psiquiátrico que ya demostró su fracaso para la atención de estos padecimientos y que, al mismo tiempo, generó las condiciones de posibilidad para la vulneración sistemática a los derechos de los usuarios.