La Sala III de la Cámara Federal de Casación rechazó, por decisión de la mayoría de sus miembros, los  recursos extraordinarios interpuestos por la Procuración Penitenciaria de Nación contra la medida que impide el ingreso de sus funcionarios a los institutos.

ANDAR en la justicia                                                                            

(PPN – Agencia) Es la misma sala que convalidó la resolución 2237/2009 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) que, desde el año 2009, impide el ingreso del personal de la PPN a los institutos destinados a alojar niños, niñas y adolescentes que funcionan bajo su órbita.  Según fue constatado recientemente por el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, los jóvenes alojados en estas instituciones conviven en condiciones infrahumanas y experimentan graves dificultades para canalizar cualquier tipo de solicitud o formular denuncias por el trato que reciben.

En sus votos los jueces Riggi y Cattuci, que formaron la mayoría, insistieron en el argumento de que los derechos de los niños, niñas y jóvenes alojados en institutos se encuentran resguardados, e  incluso fueron más allá afirmando que la muerte del joven Diego Iván Borjas como consecuencia de un incendio que se produjo mientras se encontraba alojado de modo irregular en una celda de aislamiento del centro Luis Agote fue un incidente no relacionado con el caso.

[pullquote]existen al menos 27 denuncias por hechos de violencia institucional en institutos dependientes de la SENNAF[/pullquote]

Ambos magistrados tampoco consideraron que existen al menos 27 denuncias por hechos de violencia institucional en perjuicio de niños, niñas y adolescentes alojados en institutos dependientes de la SENNAF cuando lo que se encuentra en discusión es, precisamente, la ausencia de instancias de supervisión eficientes sobre estos espacios.

“Estas consideraciones alcanzan, por sí mismas, para ilustrar el compromiso de los magistrados con la defensa de los derechos humanos y el carácter sesgado de sus apreciaciones sobre el estado de situación existente al interior de los institutos”, opinaron desde la PPN.

El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, integrado incluso por funcionarios de la Cámara Federal de Casación y otros magistrados, describe las preocupantes condiciones edilicias de varios establecimientos como el Agote, a la vez que advierte la existencia de prácticas directamente destinadas a impedir la libre comunicación de los niños con el exterior, como la prohibición de realizar llamadas telefónicas sin supervisión de oficiales.

En los próximos días, la PPN presentará una queja ante la Corte Suprema de Justicia para que ésta deje sin efecto lo resuelto y ponga fin a la situación de indefensión en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes que ya ha motivado expresiones de preocupación por parte de numerosos organismos internacionales e incluso una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.