Luego de la suspensión que había dispuesto en mayo pasado con la excusa de falta de espacio físico y recursos, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto fijó fecha para realizar las primeras cuatro indagatorias. El 5 y 6 de diciembre, los militares Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini deberán presentarse ante la justicia y responder por sus crímenes: los cuatro están acusados de torturar a sus propios soldados en las Islas Malvinas. Hay otros 20 imputados con pedido de declaración indagatoria. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es querellante en la causa, acompañando el histórico reclamo de justicia del centro de ex combatientes de La Plata (CECIM).

ANDAR en la justicia

La causa Malvinas investiga los crímenes de lesa humanidad que los miembros de las Fuerzas Armadas perpetraron contra sus propios soldados. Los militares están acusados de torturas, estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento de soldados hasta el cuello, picana con teléfonos de campaña, golpes y violencia sexual, entre otros padecimientos físicos y psicológicos.

La instrucción judicial que se inició en 2007 tiene 95 imputados y 120 denuncias. En mayo de este año el juez federal subrogante de Río Grande, Federico Calvete, citó a declaración indagatoria a 18 militares y amplió el requerimiento de medida a otros seis imputados.

Las primeras audiencias de indagatoria debían realizarse entre el 27 de junio y el 4 de julio; veinte días después, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto decidió suspenderlas por falta de espacio y recursos. Sin embargo el juzgado continuó tramitando otras causas, sin que la jueza explicase porque de manera selectiva se adoptó la medida con esta causa por delitos de lesa humanidad.

La decisión de Borruto fue rechazada por el Ministerio Público Fiscal y por el Centro de ex combatientes de Islas Malvinas — La Plata (CECIM) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querellantes. La parte acusadora pidió en aquella oportunidad que se respete el principio de celeridad y el verdadero acceso a la justicia de las víctimas, que deben tener particular atención cuando se trata de crímenes de lesa humanidad y sobre los cuales el Estado tiene la responsabilidad internacional de investigar y administrar justicia.

A pesar de que se mantienen “las limitaciones materiales con que cuenta el Juzgado”, la jueza Borruto señaló ahora que resulta “indispensable extremar los recaudos para procurar el avance de la presente instrucción” y consideró que se encuentran reunidas las pruebas suficientes para llamar a indagatoria a los militares Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini.

En la notificación remitida por el Juzgado Federal de Río Grande, Mariel Borruto convocó a prestar declaración indagatoria a Gardé y Affranchino el 5 de diciembre, mientras que Gassino y Calderini deberán presentarse al día siguiente, el 6 de diciembre. También aclaró que reprogramarán el resto de las 18 indagatorias que habían sido suscritas por el juzgado federal.

Si bien celebra este avance judicial como un reconocimiento a la lucha histórica del CECIM y las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, la CPM reclama que se tomen todas las medidas necesarias para que estas indagatorias efectivamente se concreten. En ese sentido, el organismo señala su preocupación por la situación de Gustavo Calderini que, en estos momentos, está en Europa, en un viaje que fue autorizado por la misma jueza.

La causa tiene ya 12 años y una gran cantidad de maniobras dilatorias por parte de la defensa de los imputados que sólo buscó perpetrar la impunidad. La justicia argentina sigue teniendo una gran deuda con los soldados conscriptos torturados por sus propios oficiales y no puede permitir más dilaciones que entorpezcan el avance de la causa y la efectiva condena de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.