La Comisión Provincial por la Memoria organizó un encuentro de capacitación con más de 60 familiares víctimas de la tortura y la violencia institucional de toda la provincia de Buenos Aires. Registrar las múltiples violencias del Estado, construir una agenda en derechos humanos, trascender el dolor y construir colectivamente: los desafíos de organizarse contra la impunidad.

ANDAR en el territorio

(Agencia/ CPM) “Estamos aprendiendo a hacer lo que el Estado debería hacer”, dijo la titular de ACIFaD, Andrea Casamento. El Estado vulnera sistemáticamente los derechos: las agencias penales persiguen, torturan, matan, y los operadores judiciales avalan. Víctimas, revictimizadas una vez más con la impunidad. “Tenemos que organizarnos para cuidarnos entre nosotros. Organizarnos en los barrios y mostrar lo que la policía y la justicia no quiere ver”, agrega Andrea.

“La visibilización de estos casos se inscribe en la lucha por la verdad. La organización y sistematización de la información tiene un fin político: registramos para intervenir, para transformar este sistema perverso”, expresó Sandra Raggio, directora general de la CPM durante la presentación de esta jornada de capacitación para familiares víctimas de la violencia institucional.

Las actividades organizadas por la CPM, en el marco del trabajo continuo con organizaciones de familiares de toda la provincia y el país, tuvieron como principal objetivo pensar y construir herramientas para la clasificación y sistematización de las denuncias por violencia policial, carcelaria y judicial que cada organización releva en su intervención territorial.

“Los organismos que venimos denunciando las violaciones a los derechos humanos, sabemos y conocemos la complejidad para registrar las violencias del Estado. Muchas veces nos vemos, incluso, sobrepasados por la cantidad de casos. Por eso, y porque sabemos de la potencialidad que tienen las organizaciones, creemos en la necesidad de que ustedes, como organismos de derechos humanos, puedan recuperar las experiencias de sus intervenciones”, explicó Roberto Cipriano García, miembro de la CPM.

FAVISIC, ACIFaD, la Cooperativa Esperanza, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la asociación Camino al Siglo XXII de Lomas de Zamora y La Matanza, la Coordinadora contra la impunidad policial, Familiares de la Masacre de Quilmes, Familiares y Amigos de Florencia “la China” Cuellar, COVIC, familiares de Lobos y del Municipio de la Costa, integrantes del Consejo Municipal contra la Violencia Institucional de Punta Indio y del Programa Anti-impunidad del Ministerio de Justicia de la Nación. Durante el fin de semana, una decena de organizaciones y más de 60 familiares víctimas participaron de la jornada en la Estancia Santa Rita de Punta Indio.

Las personas detrás de estas organizaciones aprendieron a rehacerse, aprendieron a sobrellevar el dolor. Nadie está preparado para sufrir la pérdida de un familiar en manos del Estado. En el largo y tortuoso camino de la búsqueda de justicia, se cruzaron con otros familiares y entendieron que no estaban solos, que sus casos no son hechos aislados sino que forman parte de un sistema que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. En el camino, también aprendieron a resistir, a no caerse.

“La identidad de los organismos de derechos humanos es la persistencia a pesar del dolor personal. Podemos persistir y avanzar. Construir un espacio de formación que hacemos en conjunto, conociéndonos, escuchándonos. Es un proceso de formación, de construcción de ideas y herramientas para interpelar conjuntamente a las autoridades del Estado”, reflexionó Sandra Raggio.

Consentida y avalada por las agencias penales, la violencia institucional es naturalizada por la sociedad. Los discursos sociales estigmatizan y legitiman la violencia y la falta de respuestas judiciales. Las víctimas y los familiares son olvidados y el olvido es el último paso hacia la impunidad. “Tenemos que mostrar el relato de las víctimas para que no sean negadas. Construir a partir de sus palabras”, dijo el miembro de la CPM, Cipriano García. “Acá nos sentimos escuchados y valiosos”, resumió Claudio Castro de la Coordinadora contra la impunidad policial. Escuchados y valiosos, las palabras resuenan en cada uno de los familiares que se sienten parte de un colectivo que crece y se consolida.

 El registro: una clave que fortalece la acción

Claudio es víctima de una causa armada, la policía lo acusó del asesinato de un efectivo de la Comisaría Sexta de Gerli. Roberto dice que la policía de Lobos lo detiene de manera arbitraria una y otra vez, nunca le encuentran nada y tienen que soltarlo. Orlando era obligado a robar para la policía; desde que pudo salir de ese círculo vicioso, lo persiguen y lo hostigan. Sandra es madre víctima de gatillo fácil, su hijo tenía 17 años cuando, en un supuesto intento de robo, un efectivo policial lo mató por la espalda. Mabel tiene un hijo que sufre traslados constantes y que, desde hace 27 días, está encerrado en un buzón de la Unidad Penitenciaria nº 41.

Cada uno ellos cuenta su historia, detallan, explican, dan cuenta de las múltiples violencias del Estado: prácticas ilegítimas de las fuerzas de seguridad en su despliegue territorial, torturas en lugares de encierro, un sistema judicial cómplice que encubre y atenta contra el derecho a la verdad. A su alrededor, otros familiares contienen, toman nota, preguntan, detectan irregularidades. Asumen un rol que desempeñan en sus organizaciones cuando son consultados por víctimas de la violencia institucional que se acercan a ellos.

Los talleres fueron coordinados y diseñados por los equipos del Comité Contra la Tortura y el área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, quienes permanentemente atienden y asisten a víctimas y familiares. La dinámica del trabajo los pone en situación de registro para repensar sus propias prácticas, para recuperar sus propias experiencias. Qué datos debemos registrar, cómo, para qué.

La necesidad de organizar una jornada de capacitación sobre las estrategias para la clasificación y sistematización de las denuncias había quedado de manifiesto en los encuentros de familiares víctimas de la violencia institucional; primero en La Plata y luego en Chapadmalal, había una preocupación que atravesaba a estas organizaciones: “Llegan a nosotros a pedirnos una respuesta y nosotros, muchas veces, no tenemos el conocimiento y las herramientas necesarias para atender esas demandas”.

“Cuando trabajamos con estos casos de violencia, debemos atender la urgencia, contener, pero también tenemos que sobreponernos al dolor porque es indispensable tomar registro para que el caso no se pierda”, explica Cipriano García. La sistematización del registro permite, además, identificar actores, territorios y prácticas cotidianas que conforman las condiciones de posibilidad para la perpetración de estas violencias.

De esta manera, el registro tiene una triple finalidad como estrategia de intervención judicial, como potencial para fortalecer las respuestas de las organizaciones de familiares y como herramienta de diagnóstico y recomendaciones para la gestión pública en el control de las políticas de seguridad y los lugares de encierro.

“Esto nos permite crecer como organizaciones, ayudar a los otros y canalizar el dolor”, dice Noemí Santana de la Cooperativa Esperanza. Andrea Casamento de ACIFad agrega: “Ahora sentimos que tenemos otras soluciones para esas personas que nos llegan con tanto dolor. La maldad del sistema nunca deja de sorprendernos, por eso debemos ser cada vez más creativos”.

La jornada de capacitación es un momento más en la consolidación de estas organizaciones, para construir colectivamente, para intervenir en el territorio, para acompañar a los miles de familiares que sufren el avance de las fuerzas represivas del Estado. Como expresa Cipriano García, “es una decisión de la CPM profundizar y ampliar este espacio de lucha contra la tortura y la impunidad. Tenemos el compromiso de sostener estos encuentros en el tiempo, porque todos necesitamos del otro para crecer. Y, fundamentalmente, para conquistar la alegría como una herramienta de lucha”.

La “China” Cuellar fue asesinada el 23 de diciembre de 2012 en el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza. Después de tres años, su papá Alfredo dice que “en estos días que pasamos acá pude olvidarme del dolor. Gracias por acompañarnos, sabemos bien que la justicia tiene la balanza inclinada. Sabemos también que juntos podemos inclinar esa balanza”. La acción política y colectiva es reparatoria cuando la justica no lo es.