Es un anteproyecto de ley para que se otorgue una reparación económica a las hijas e hijos menores de edad de mujeres víctimas de femicidio. La iniciativa se conoce con el nombre de Ley Brisa –el nombre de una niña de tres años huérfana de madre-, es impulsada por La Casa del Encuentro y otras ONGs, y cuenta con el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos, políticas y culturales.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) El observatorio sobre femicidios Marisel Zambrano, que depende de la organización La Casa del Encuentro, registró a través de los medios de comunicación que 1.403 niñxs menores de edad perdieron a sus madres entre 2008 y 2014. El número asciende a 2.146 si se incluye a los mayores de 18. Niños, niñas y adolescentes huérfanos porque muchas veces los padres están presos, fugados o muertos. Estos niñxs sólo están contenidos económica y afectivamente por sus familiares, aunque en muchos casos la situación empeora por la vulnerabilidad económica de las familias.

ANDAR entrevistó a Fabiana Túnez, directora ejecutiva de la Casa del Encuentro, para conocer esta iniciativa que visibiliza a las víctimas colaterales del femicidio y que están desamparadas por el Estado.

¿Cómo surge el proyecto?

El anteproyecto legislativo Brisa surge del femicidio de Daiana Barrionuevo, asesinada a golpes por su marido el 20 de diciembre de 2014 y cuyo cadáver fue arrojado a un río dentro de una bolsa. Daiana tenía 24 años y tres hijxs: los gemelos Tobías y Elías de 6 años y Brisa de 2. El femicida Iván Domínguez (26 años), su ex marido aunque aún vivían en Moreno bajo el mismo techo, denunció que la víctima había hecho abandono de hogar y se había fugado con un amante. El cuerpo fue hallado de casualidad el 10 de enero de 2015, flotando en Las Catonas. El hombre quedó detenido y está preso. Desde ese momento, los hijos de Daiana viven con su hermana, Cintia Barrionuevo y sus 3 hijos. Los ayudan sus abuelos.

Maximiliano Montenegro, un periodista integrante de la Red internacional de periodistas con visión de género, siguió y difundió el caso. Su tarea de investigación lo llevó a involucrarse con la familia y al tomar contacto con una realidad apremiante y desolada, organizó varias campañas solidarias para colaborar con ellos, fundamentalmente con Cintia y los niñxs. A través de las redes sociales consiguió juguetes, muebles, comida, donaciones de todo tipo que fueron trasladando hacia Pilar en varios viajes.

¿Cómo siguen sus vidas, su cotidiano, los niños y niñas luego una situación tan aberrante y traumática?

Lxs chicxs se encuentran afectados desde todos los puntos de vista. Perdieron a sus madres porque sus padres o las parejas de ellas las mataron. Estos niñxs quedaron al cuidado de su tía que ya tenía tres hijos y su situación actual es muy vulnerable desde lo económico, y necesitan todo tipo de acompañamiento psicológico y de salud, también escolar. Este caso nos hizo dar cuenta del vacío legal, y esa la indiferencia que hay respecto a las víctimas colaterales de la violencia de género. Es indispensable la creación de una normativa que garantice todos los derechos que les corresponden a los menores. En conjunto con las ONG del lugar, la familia de Liliana Grabelian, Maximiliano Montenegro y la Red Internacional, estamos trabajando mancomunadamente en la conformación de este proyecto de Ley Brisa porque creemos que es una forma de garantizar el derecho de los niños y niñas a tener un reconocimiento económico por parte del Estado. Un reconocimiento que les pueda garantizar el acceso a una obra social necesaria a través de PAMI y una asistencia económica hasta que tengan la mayoría de edad, como una pensión.

Nosotros, además de impulsar la Ley Brisa, estamos discutiendo desde el año pasado otro proyecto de ley que implique la pérdida automática de responsabilidad parental del femicida condenado. Esta acción es una forma de facilitarles a los familiares de las víctimas la posibilidad de tener la tenencia de esos niñxs que le permitan generar todo tipo de trámites desde lo legal y también algo fundamental, que las familias hacen igual, que tiene que ver con la contención afectiva de estos chicos. El Estado, insisto, todavía no considera la complejidad de todo lo que significa la violencia de género, y por ende no toma en cuenta el impacto que tiene en esos niños y niñas la sensación de doble pérdida: la pérdida de la madre y con ella del entorno familiar y, por otro lado, el desamparo en lo económico, fundamentalmente para aquellas familias de los sectores más vulnerables.

Cuando la mujer fallece, los familiares directos no pueden cobrar automáticamente la asignación universal; si estuviera asignada al femicida, deja de percibirla cuando está detenido y cuando la Justicia lo condena. A su vez, la patria potestad de lxs hijxs de la pareja continúa siendo del varón aunque este sea el autor material de la muerte de la mujer.

La Constitución nacional argentina da cuenta del derecho superior de lxs niñxs a vivir una vida libre de violencias y que sean respetados todos sus derechos. Existen pactos internacionales firmados por nuestro país que están en consonancia con esta línea. Esta es una de las razones centrales por las que impulsan el proyecto de Ley Brisa porque es necesario que el Estado se responsabilice y repare esta situación que no llegó a prevenir.

Si se vota favorablemente, este proyecto de Ley Brisa permitirá que hijas e hijos, víctimas colaterales de la violencia machista, cuenten con un monto mensual equivalente a una jubilación mínima y cobertura de salud hasta su mayoría de edad. No se trata de un subsidio, una asignación o ayuda sino de una reparación económica.

Para contactarse y conocer más acerca de la Ley Brisa

https://es-la.facebook.com/brisa.ley

Marilina Villarejo: 11-5005-0905
Sandra Ruiz: 11-5009-6800
Maximiliano Montenegro: 11-6235-0897