ANDAR en Mar del Plata

Por Mesa contra la violencia institucional

Desde la Mesa contra la Violencia Institucional pretendemos a través del presente documento dar a conocer a los hombres y mujeres que habitan la ciudad de Mar del Plata lo que sucede tras los muros de las cárceles ubicadas en el predio del complejo Batán. El documento también tiene por fin denunciar las situaciones crueles, inhumanas y degradantes que padecen diariamente los privados y privadas de libertad, siendo de tamaña envergadura los sucesos que se vienen registrando en el ámbito carcelario local puesto que la responsabilidad sobre lo que allí ocurre recae nada más y nada menos que sobre el Estado.

Tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y judicial poseen las herramientas jurídicas y políticas para transformar tan apremiante realidad.

Consideramos necesario dejar en claro que siendo ciudadanos de un Estado Democrático, debemos regirnos bajo lo que prescribe nuestra Constitución Nacional y la misma declara en su art. 18 que las cárceles deben sanas y limpias y no para castigo de los detenidos, sin embargo nuestras cárceles matan y lo hacen en forma sistemática.

Invitamos a la sociedad a preguntarse, a indagar quiénes son los que pueblan las penitenciarías a lo largo y a lo ancho  del país y por qué delitos son condenados. Para hallar la respuesta no hay nada más revelador que el instante en que pisamos una institución carcelaria y vemos que los pabellones se encuentran abarrotados, en su mayoría, por jóvenes de entre 18 y 30 años de sectores vulnerables.

Decimos esto porque no existe un ente oficial encargado de producir y analizar datos que permitan el acceso a esta negada realidad. Sin perjuicio de ello, en el año 2014 la Universidad Nacional de Tres de Febrero elaboró un informe del que se desprenden las siguientes conclusiones: “uno década cinco privados de la libertad no conoció a su madre o padre o ambos; dos de cada cinco abandonaron su hogar antes de los 15 años, mientras que en hogares sin violencia el 10% se fue de su casa antes de los 15 años mientras que en aquellos en los que  aquella se imponía la cifra se multiplica al 26%, asimismo el uso de alcohol y drogas desde temprana en edad fue reconocido por el 37% de los encuestados”; así el informe concluye que “el sistema penal termina recluyendo personas que son fácilmente reemplazables en las pirámides delictivas: los ladrones callejeros, los pequeños traficantes, las mulas”.

La cárcel ya es un espacio habitual para una creciente proporción de la población. Es un instrumento social utilizado con asiduidad a lo que va conformando un sector social donde cientos de miles de personas quedan profundamente marcados por la reclusión, teniendo enormes implicancias futuras para la sociedad”. Así podemos afirmar que la mayoría de los pibes presos son aquellos que el estado nunca vio,  aquellos que viven en las barriadas, que usan gorra, zapatillas y ropa deportiva y tan solo por su apariencia son discriminados por el grueso de la sociedad. Son los excluidos, los marginados, los vulnerables.

[pullquote]No debemos olvidar que es obligación del Estado garantizar la vida de las personas que se encuentran detenidas a su cargo al perder su libertad.  [/pullquote]

El año pasado, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, junto a integrantes de esta Mesa contra la Violencia Institucional interpuso un habeas corpus solicitando entre otras medidas la clausura de un pabellón y de algunas celdas, habiéndose resuelto favorablemente por el Juez de Garantías Dr. Juan Tapia, y efectuándose, en el marco del mismo, una pericia por un Ingeniero y un arquitecto pertenecientes al cuerpo de peritos de la SCJBA, donde pusieron de manifiesto el peligro de vida que corrían los detenidos por riesgo de electrocutarse, asimismo resaltaron la peligrosidad de morir incendiados por la falta de posibilidad de salir en forma urgente de las celdas debido al estado en que se encontraban las salidas de emergencia como así también los candados que encierran a los presos, llegando a concluir que la unidad penal nro. 15 no se encontraba apta para alojar detenidos por incumplir con las normas mínimas que preveen los tratados internacionales en la materia.

Posteriormente ante la grave situación, se generó una Mesa de Trabajo integrada por altos funcionarios de la justicia local y del poder ejecutivo provincial, a fin de abordar la siniestra realidad en que viven nuestros detenidos del Complejo de Batán.

Sin embargo, los sucesos son cada vez más graves y frecuentes, el día 13 de noviembre de 2014, el joven Walter Adrián Cayuman Atairo reclamó todo el día por el cese de una situación injusta que sufría encerrado en el pabellón de castigo de la UP 15, luego apareció quemado en su celda y murió a los días siguientes.

El 26 de febrero apareció “ahorcado” Juan Gabriel Jonson, en un pabellón de aislamiento, resultando hasta fecha una muerte dudosa.

El 10 de marzo murió electrocutado Horacio Flores (30), en circunstancias en las que salía de bañarse. Cables, conexiones clandestinas, duchas comunes, paredes húmedas parecía todo listo como para que alguien en algún momento perdiese la vida. Horacio “Kiwi” era un pibe joven, participaba de los talleres de literatura, derecho y argumentación jurídica, escribía lo que pensaba y que consideramos necesario transcribir:

“Las ganas de escaparle a la opresión del sistema carcelario me motivan a que concurra a estos espacios que me sacan, por decirlo de alguna forma, del crujir de los candados, de los gritos y de toda esta porquería que significa la cárcel. Ver la realidad de otra manera es un paso muy grande para que una persona se re-socialice. Queda en uno cambiar. Nosotros tenemos las herramientas, sólo tenemos que aprender a saber usarlas. Aprovechá.”

[pullquote]Las ganas de escaparle a la opresión del sistema carcelario me motivan a que concurra a estos espacios que me sacan, por decirlo de alguna forma, del crujir de los candados, de los gritos y de toda esta porquería que significa la cárcel[/pullquote]

No podemos naturalizar que sigan ocurriendo muertes en los penales, es nuestro rol visibilizar lo que sucede, denunciar y articular acciones que mitiguen los daños provocados por la institución carcelaria. Por ende esperamos que la mesa permanente de trabajo creada por el ministro de Justicia Ricardo Casal para el Complejo Batan se expida al respecto.

Por último es relevante manifestar que tan sólo en el Departamento judicial de Mar del Plata se han interpuesto más de treinta denuncias penales por incumplimiento de resoluciones judiciales derivadas de habeas corpus correctivos. Las peticiones vehiculizadas a través de la acción se dirigen a modificar aquellas situaciones que configuran un agravamiento en las condiciones de detención, falta de atención médica, alimentación deficiente, torturas y malos tratos, condiciones de habitabilidad denigrante e indigna. Requerimos a los encargados de llevar adelante la instrucción de las causas penales, es decir a los fiscales de la Provincia de Buenos Aires, que instruyan las causas en las que se denuncian estas situaciones que atentan contra el estado democrático de derecho.