La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el agravamiento de las condiciones de detención en el centro cerrado de Virrey del Pino. Como viene advirtiendo el organismo desde hace años, el ingreso del Servicio Penitenciario Bonaerense transformó este lugar en un espacio de detención estructurado por la violencia, el sometimiento y el sufrimiento. Los principios y derechos que rigen en el sistema penal juvenil no se respetan y las condiciones de detención se parecen cada vez más a las cárceles bonaerenses.

ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar) En abril de 2018, luego de la muerte de un joven en el centro cerrado de Virrey del Pino, la Comision Provincial por la Memoria (CPM) presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los derechos humanos a la vida, integridad física y el derecho a no ser torturados de los jóvenes allí alojados.

Cuatro años antes, en 2014, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) desembarcó en el centro cerrado y progresivamente fue tomando el control del espacio hasta implementar las lógicas propias de las cárceles para adultos. Esta carcelización del centro cerrado se tradujo en prácticas de aislamiento permanente, torturas físicas y psicológicas, y la gestión de la violencia como forma de gobierno del lugar. En ese contexto se produjo la muerte de Federico, pero antes había causado también autolesiones e intentos de suicidio en otros jóvenes.

Hace unas semanas, el Comité contra la tortura de la CPM realizó una nueva inspección y constató el agravamiento de las condiciones de detención; a pesar de la presentación ante la CIDH y de las sentencias judiciales, el Estado provincial, y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, en particular, sigue sin cumplir con la responsabilidad de garantizar los derechos de los jóvenes.

La responsabilización por medio de medidas socio-educativas, el diálogo, la reflexión y el aprendizaje son los principios que debería regir el sistema penal juvenil, pero esto no se cumple. La gestión del SPB, cada vez mayor, impuso las lógicas y prácticas penitenciarias de disciplinamiento, degradación y violencia, instaurando el sufrimiento y el dolor como parte del tratamiento.

La escolaridad, las actividades recreativas, la formación laboral, la alimentación y la salud están planificadas en el diseño institucional pero los jóvenes no logran acceder y si lo hacen es de manera discontinua. El SPB de manera arbitraria es quien dispone del acceso a estas actividades vulnera el acceso a derechos; un solo dato vale como muestra: es mayor el tiempo de aislamiento que el invertido en acciones socioeducativas.

Esto es la consecuencia del proceso que se inició en 2014 y que la CPM denunció en reiteradas oportunidades: el centro cerrado comparte predio con la alcaidía 56; en el marco del aumento de prisionización de la población adulta en la provincia de Buenos Aires, el centro cerrado fue perdiendo espacios físicos.

Si bien  los dos espacios fueron divididos, en la práctica se siguen compartiendo instalaciones y personas a disposición del régimen penal de adultos y los jóvenes a disposición del régimen penal juvenil. Ante esta situación, se impone el excesivo encierro y el aislamiento como modalidad de gestión, ya que es el mismo SPB quien dispone acerca de la organización o acceso a las actividades, prevaleciendo la lógica de la seguridad por sobre los derechos de los jóvenes.

La lógica de la seguridad también es empleada por los agentes del SPB para el despliegue de requisas violentas y denigrantes. Las requisas son realizadas por agentes del SPB y un asistente de minoridad, este último es quien debería ingresar a las celdas y asegurar que no haya elementos que puedan lesionar la integridad física de las personas alojadas. Nuevamente la realidad contradice la regla: las requisas se realizan de manera violenta, rompiendo las pertenencias de los jóvenes; de acuerdo a quienes sean los agentes de guardia del SPB y de sus valoraciones, los jóvenes son sacados a los pasillos de las celdas o al patio exterior en ropa interior, palpados por los agentes y, en algunos casos, los obligan a realizar flexiones.

Estas prácticas carcelarias del SPB condenan a los jóvenes detenidos en el centro cerrado de Virrey del Pino a una situación de indignidad y sometidos a condiciones de detención que configuran torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes.

A pesar de las denuncias, el Estado nada hace por revertir esta situación y mantiene un sistema de detención contrario a todos los estándares internacionales relativos a la privación de libertad de jóvenes.

Frente a las falta de respuestas, la CPM volvió a solicitar ante la CIDH el cese de los agravamientos en las condiciones de detención, abordaje y prevención de la salud integral de los jóvenes, como también la prevención ante el suicidio adolescente y el cumplimiento de la garantía de no repetición por parte del Estado provincial.