La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) se reunió con familiares y víctimas de violencia policial del municipio de Bolivar para realizar un diagnóstico en torno a la situación local y coordinar actividades conjuntas en el marco de la seguridad ciudadana. La reunión se llevó a cabo en la municipalidad y estuvo presente la directora de Derechos Humanos de la localidad, Isabel Peralta. En simultáneo, un equipo de la Comisión inspeccionó la comisaría local y la fiscalía para tomar contacto con el expediente de este caso y ver las condiciones de detención en el municipio.

ANDAR en Bolívar

(Agencia) Fabiana, María y Susana son madres de jóvenes que fueron golpeados por la policía en la calle, en el patrullero y en la comisaría. Acompañadas por las voces de otros familiares, denuncian torturas por parte de las fuerzas policiales de Bolívar, personal que en su mayoría se encuentra cumpliendo funciones en la vía pública. ¿Cómo garantizar la seguridad de los vecinos? ¿Para qué sirve la policía si golpea a nuestros hijos, cuando deberían cuidarlos? ¿A quién llamamos cuando la policía nos golpea? Son algunas de las preguntas que motivaron a este grupo de vecinos a acercarse a las autoridades locales.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires se notificó del caso y viajó a Bolívar para reunirse con el equipo de padres y funcionarios con el objetivo de pensar estrategias conjuntas que sancionen y eviten la violencia policial y promuevan la seguridad de los vecinos.

La directora general de áreas de la CPM, Sandra Raggio, expresó que “esto tiene que ver con la actuación general que hace la Comisión vinculada con el control de las fuerzas de seguridad, concretamente todo lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos cometidas por las policías y también por el servicio penitenciario”.

Por su parte, el director de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, Rodrigo Pomares, señaló: “Para la CPM este hecho tiene muchísima gravedad. Las prácticas policiales están instaladas en toda la provincia, son reiteradas y están más ocultas de lo que uno cree. Estos son los emergentes, pero las prácticas son cotidianas y sistemáticas”. En este sentido, Pomares sostuvo que “lo que estamos haciendo es visibilizar situaciones que  habitualmente no se visibilizan”.

Uno de los abogados de los familiares, Hugo González, indicó que “hay una especie de reticencia de la fiscalía local de avanzar con las causas donde la policía esté del lado de los acusados, por eso es importante que se sientan monitoreados”.

Los jóvenes de entre 16 y 17 años asistían a  la discoteca “La Vizcaína” luego de una fiesta de egresados, el 14 de diciembre de 2014. Cuando llegaron a la puerta no los dejaron ingresar. Fue entonces cuando un grupo de uniformados y dos policías de civil golpearon a los jóvenes, los subieron por la fuerza a los patrulleros y se los llevaron a la comisaría local por “actos de contravención”.

Allí, Rodrigo y Juan Segundo fueron esposados por la espalda y torturados en los espacios internos de la comisaría -ya que las celdas se encuentran clausuradas- hasta quedar inconcientes. “Yo en un momento escupí sangre”, contó Rodrigo, “y me dijeron que si lo seguía haciendo iba a tener que limpiar el piso con la lengua”. “’Menos mal que sos menor, si no no tenés idea como salís de acá’, me dijo un policía después de que me golpearon”, prosiguió el joven.

Sofía, hermana de Rodrigo, y Pancho, un amigo, se acercaron a la comisaría en conocimiento de los hechos y fueron golpeados por las fuerzas policiales. Fabiana, la mamá de Rodrigo, también fue agredida en la comisaría cuando fue a buscar a su hijo: “El grado de agresividad que tenía el policía que me atendió fue terrible. Me dijo ‘te vamos a arrancar la cabeza´, después de que también habían golpeado a mi hija mayor que fue en busca de su hermano”.

Susana, la mamá de Pancho, expresó: “Se nos hizo realidad una pesadilla. Ya sabíamos cómo actuaba la policía pero nunca nos había sucedido. Esto nos hizo cambiar la cabeza, tomar conciencia”.