El Tribunal Oral Criminal N° 2 de Quilmes condenó a dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional al Policía Bonaerense Manuel Argañaraz por encubrir el asesinato de Matías Banuera, de 14 años, ocurrido el 29 de julio de 2017. El tribunal dio a conocer el cómputo de la pena en los últimos días, luego del juicio abreviado que el funcionario policial firmó en diciembre pasado. A la espera de la fecha de confirmación, en mayo debería empezar el juicio oral y público contra el policía Cristian Alejos, acusado por el homicidio de Matías e intento de homicidio de Franco, y otros dos agentes imputados, como Argañaraz, por encubrimiento. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a las familias de los dos adolescentes.

ANDAR en Quilmes

(Agencia Andar) A fines de diciembre del 2020, en un juicio abreviado desarrollado en el Tribunal Oral Criminal N° 2 de Quilmes, el agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Manuel Argañaraz aceptó la condena a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por encubrir a su compañero de fuerza, Cristian Alejos, en un caso de gatillo fácil: el asesinato de Matías Banuera, de 14 años. El Tribunal también impuso la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por tres años.

“Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, y acá estamos hablando de un caso de uso letal de la fuerza, las familias de las víctimas sienten el juicio como un acto de reparación. La falta de de participación de las víctimas en el abreviado, en ese acuerdo ajeno a su intervención, es una grave deficiencia de la administración de justicia, muy especialmente cuando se tratan de delitos de gravedad institucional”, señalaron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a la familia de Matías y Franco.

Además de Argañaraz y Alejos, la causa tiene a otros dos policías bonaerenses también imputados por encubrimiento: Maximiliano Aguirre y Lucas Bullosa. Los tres deberán enfrentar un juicio oral y público que se estima se realizará de manera unificada y que debería comenzar en mayo. El mismo iba a realizarse en mayo del año pasado pero las audiencias se suspendieron por la pandemia del Covid-19.

La noche del 29 de julio de 2017, los cuatro policías estaban en una fiesta familiar cuando desafiaron a un grupo de adolescentes que pasaban por el lugar; Matías reaccionó y se trenzó a golpes de puño sin saber que eran agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Bonaerense.

Ante la desigual pelea, los adolescentes quisieron escapar y los policías entraron a la casa a buscar sus armas reglamentarias y persiguieron a Matías y Franco; excepto Argañaraz, los otros tres de los cuatro policías reconocieron haber disparado. Uno de los disparos, efectuados por Cristian Alejos, a unos 70 metros de distancia, impactó en la cabeza de Matías que murió en los brazos de Franco, mientras gritaba pidiendo ayuda.

Las pruebas en el expediente son contundentes: ninguno dio aviso ni denunció a su compañero de fuerza por haber disparado contra los adolescentes; tampoco denunciaron, a pesar de tener la responsabilidad como funcionarios públicos, haber disparado con sus armas reglamentarias. Los cuatro policías se dieron a la fuga y fueron detenidos varias horas después, cuando fueron reconocidos por el sobreviviente y otros vecinos. Al momento de justificarse, dijeron que no vieron caer al joven, tampoco oyeron los gritos desesperados de ayuda de Franco, que sí fueron escuchados por varios vecinos.

Según la versión de los policías, los adolescentes intentaron robar la moto de una de las personas que estaban en la fiesta y que dispararon para defenderse de una “agresión ilegítima” de ellos. Nada de eso es verdad; durante la instrucción judicial, se descartó por completo que las víctimas tuvieran un arma de fuego o hayan disparado.

A pesar de que tres dispararon, sólo Alejos fue imputado por el homicidio agravado de Matías y homicidio en tentativa por Franco.

Más de tres años después del hecho, la condena de Argañaraz estuvo cerca de no haber ocurrido nunca: los tres policías acusados de encubrimiento habían sido sobreseídos por la Cámara de Apelación de Quilmes. Una decisión que luego fue revocada por la Cámara de Casación: el máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires reconoció que existían pruebas en el expediente sobre la responsabilidad de los policías y determinó que debían ir a juicio.