(CPM/Agencia) La industria sustitutiva de importaciones había consolidado un actor social con incidencia en la vida política del país: el movimiento obrero organizado. El régimen militar que se instauró en 1976 no sólo eliminó a los enemigos y disidentes políticos sino que también impuso un modelo económico basado en la revalorización del sector primario y del sector financiero. Un país sin industria era un país sin trabajadores.

Los antecedentes de persecución y represión al movimiento obrero en Argentina pueden rastrearse hasta la sanción de la Ley de Residencia, la masacre de la Plaza Lorea a principios del siglo XX —o incluso antes—, pero a partir del Golpe de Estado de 1976 se constituye como una práctica sistemática. Para que esto fuera posible tuvieron que existir condiciones previas para su consumación.

Los legajos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) permiten comprender en parte este proceso. En los años previos a 1976, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre el movimiento obrero, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados. Los establecimientos industriales y fábricas fueron sometidos a la vigilancia con el fin de captar el conflicto en el lugar de trabajo.

En marzo de 1975, las fuerzas de seguridad realizaron en la localidad santafesina de Villa Constitución diversos operativos represivos contra un supuesto “complot subversivo” del que culpaban a militantes de la UOM. Trabajadores y trabajadoras paralizaron la actividad industrial de la zona y se organizaron en asamblea permanente con la solidaridad y la colaboración de obreros de establecimientos fabriles de la provincia de Buenos Aires. La DIPPBA los identificó y registró numerosas detenciones producidas en el marco de los operativos. Además, comenzó a advertir sobre la posibilidad de otro “Cordobazo”. 

La represión en Villa Constitución es un emergente de la política de disciplinamiento del movimiento obrero que, con el correr de los meses, se irá radicalizando. De hecho, un mes después de estos sucesos, el Ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales, envía al secretario de informaciones de Estado un “informe confidencial  de la empresa SIAM, remitido por el Presidente de la Corporación de Empresas Nacionales” con la siguiente apreciación: “[…] de producirse hechos similares a los ocurridos en Villa Constitución, se estaría frente a otra de las formas de acción de la subversión, que procura como objetivo, la acción insurreccional en el sector industrial, lo cual afectará seriamente la economía del país”.

En la misma nota, y en virtud del informe empresarial, el Ministerio pide que “se adopten las medidas de búsqueda de información, dentro de la Comunidad Informativa, a fin de contribuir a prevenir las posibles acciones de la subversión”. Este memorando, remitido a cada agencia de inteligencia —entre ellas, la DIPPBA—, deja en evidencia dos aspectos fundamentales: la conducción política de los servicios de inteligencia y la complicidad entre el Estado y el sector empresarial.

En esa arquitectura informativa, la Policía de Buenos Aires fue imprescindible para garantizar el despliegue territorial en la provincia. Durante el periodo 1976-1983, la DIPPBA contó con 16 delegaciones y 1200 agentes abocados a la persecución ideológica, que consistía en acciones de seguimiento oculto directo sobre la víctima, investigación a sus vecinos y observación a sus familiares y lugares de trabajo.

La información producida se volvió imprescindible a la hora de actuar sobre los trabajadores a los que se identificaron como “blanco a eliminar”. Como expresó la CPM cuando se presentó como querellante en la causa DIPPBA: “En el marco del terrorismo de Estado, las acciones de inteligencia precedieron en la casi totalidad de los casos a los delitos que hoy se juzgan como crímenes de lesa humanidad. Es decir, el terrorismo de Estado no habría sido posible sin los servicios de inteligencia”.

Los 11.300 legajos y 432.000 fojas sobre factor laboral y gremial dan cuentan de la magnitud del control y persecución que la DIPPBA ejerció sobre el movimiento obrero. En la fábrica, en el sindicato o en la calle, los agentes de inteligencia buscaron identificar al “activista” y los vínculos entre trabajadores y otros actores sociales y políticos.

Con el fin de adelantarse a los conflictos sindicales, la DIPPBA hace un relevamiento de fábricas para la construcción de un legajo caratulado: “Principales establecimientos fabriles industriales de la provincia de Buenos Aires que ha sufrido estados conflictivos y posible infiltración subversiva”.

En el fundamento que acompaña estos documentos, se lee: “El presente trabajo se ha confeccionado en base a una serie de establecimientos fabril-industriales de la Provincia de Buenos Aires, donde en determinadas oportunidades, existieron conflictos o se arribó a situaciones de tirantez obrero-patronal que pudieron derivar en ellos, creando así estados especiales en esas plantas, con merma de la producción, suspensión o despidos de operarios, sabotaje a maquinarias o materiales terminados, aumentos salariales, mejoras ambientales, cierre temporario, ocupaciones de las mismas y atentados a directivos o a operarios o dirigentes de comisiones internas o cuerpos de delegados, etc.”.

El relevamiento incluye un panorama completo de cada fábrica teniendo en cuenta datos como la ubicación (si se trata de “zonas claves de movimientos de agitación obrera”), ramo de actividad al cual están afiliados sus trabajadores, cantidad de personal, injerencia de organizaciones paramilitares en las plantas, origen del capital accionario de la firma y tipo de materia prima empleada. Finalmente, existe una nómina de “los activistas que pueden existir en cada fábrica, anexándose la misma en los casos que se halla detectado su accionar”.

Mercedes Benz, Ford, Citroen, Astillero Río Santiago, Káiser, Swift, Rigoleau, FIFA, hilandería Olmos son sólo algunas de las fábricas sobre las cuales se realizaron acciones de inteligencia ante la previsión de “tirantez obrero-patronal”.

A partir de esta información —que, en algunas ocasiones, partía de los mismos directivos de las fábricas—, la DIPPBA daba inicio a una determinada “orden de búsqueda” u “orden reunión de información”. En respuesta a estos pedidos de seguimiento, los agentes de inteligencia producen informes detallando actividades, vínculos familiares, relaciones y rutinas de la persona espiada.

En algunos de estos informes —por ejemplo, en la investigación sobre un mecánico de Lanús—, se adjunta un croquis con la ubicación de su domicilio y el plano interior de la vivienda, en el que se responde específicamente al requerimiento sobre “posibles vías de escape”.

En otro legajo, un agente de inteligencia mapea el barrio del “elemento en cuestión”; en el plano está marcada la casa donde vive, un taller mecánico que frecuenta y una ex unidad básica peronista. Escrito a mano alzada, el espía señala: “La cuñada afirma que anda con los extremistas”. Sobre la unidad básica aclara: “Actualmente se reúnen, en horas de la noche, elementos desconocidos posiblemente montoneros” y agrega: “Se trata de una construcción de una planta, con dos entradas por Sucre y San Lorenzo”.

Las fichas y legajos describen datos personales, actividades políticas y gremiales; incluso estos informes demuestran que el seguimiento continuaba por fuera de su actividad y lugar de trabajo. Al dar por finalizada la tarea investigativa se confeccionaba un informe que se elevaba a la sede central. Si la orden era afirmativa se adjuntaba “la nómina de los blancos a tener en cuenta”.

En uno de sus primeros discursos como presidente, el dictador Jorge Rafael Videla acusó a los sindicalistas de ser responsables de los problemas económicos que afrontaba el país. Además de la intervención de los gremios, la dictadura estableció el congelamiento de salarios que, en un contexto de alta inflación, significó la abrupta caída del poder adquisitivo. La apertura comercial y un dólar barato provocaron la entrada masiva de productos importados generando el colapso de la industria nacional ligada al mercado interno: aumentó el desempleo y se recortaron prestaciones sociales. Al mismo tiempo, el endeudamiento externo creció sin pausa

El disciplinamiento del movimiento obrero fue indispensable para la implementación de este modelo económico liberal y desindustrializador. La resistencia de los trabajadores para defender sus derechos laborales y aliviar los efectos de estas medidas en desmedro del sector popular continuó a pesar de la persecución y la represión.

El 32 % de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles. Los efectos del plan económico resintieron la estructura productiva del país que tardó décadas en recomponerse. La deuda externa ilegítima contraída durante esos años se arrastra hasta nuestros días. La complicidad empresarial y las acciones de inteligencia que hicieron posible este acto de terrorismo político, económico y social todavía hoy no han sido juzgadas.