La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) nuclea a más de 14 mil familias agricultoras de 16 provincias; son los pequeños productores que, trabajando la tierra ajena, producen el 60% de las verduras que se consumen en el país. El aumento de los valores de arrendamiento, de los insumos para la producción y los tarifazos en los servicios dejan a estas familias al borde del quebranto. Martes, miércoles y jueves, la UTT mantendrá un acampe en la Plaza Congreso y donará más de 30 mil kilos de verduras; además convoca a una audiencia pública el miércoles a las 17 horas en la sala 1 anexo A de la Cámara de Diputados para impulsar una ley de créditos blandos para acceder a la tierra.

ANDAR en el Congreso

(Agencia) El miércoles 18, en audiencia pública, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentará nuevamente la ley que busca crear un fondo fiduciario público de crédito para la agricultura familiar. “Hace dos años que este proyecto está en el Congreso y ni siquiera lo miraron. Sólo pedimos que nos tengan en cuenta porque somos los que producimos lo que se come en el país”, declara Máximo Ortega, uno de los voceros de la UTT.

Máximo es un pequeño productor de de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Vive con su familia en una tierra que arrenda. Más del 90% de los agricultores familiares están en la misma situación. Los aumentos de los últimos años están llevando casi al quebranto a estas familias. “Los alquileres de la tierra aumentan entre un 30 y 50% cada año, pagamos los insumos para producir a precio, y a esto hay que sumarle el tarifazo del gasoil, la luz y el resto de los servicios”, agrega Máximo.

Frente a ese complicado escenario, el proyecto de ley sobre acceso a la tierra cobra una urgencia aún mayor. Con el objetivo de impulsar la discusión parlamentaria, la UTT estará acampanado hasta el jueves en la Plaza Congreso y convoca a una audiencia pública para el miércoles a las 17 horas en la sala 1 del anexo A de la Cámara de Diputados; durante este acampe además llevarán adelante un verdurazo donando entre 10 mil y 12 mil kilos de verdura por día. Si bien el centro de la manifestación es en Capital Federal, actividades similares se realizan en todas las provincias del país donde está la UTT.

La Unión de Trabajadores de la Tierra es una organización nacional que nuclea a 14 mil familias pequeño productoras en 16 provincias, que comprende a horticultores, tamberos, chancheros, granjeros, floricultores. Estas familias sólo trabajan el 13% de la superficie cultivable en Argentina y producen más del 60% de los alimentos que se consumen en el país. “Queremos tener nuestra propia tierra para trabajarla y vivir dignamente con nuestras familias; no pedimos que nos regalen nada, sólo reclamamos que el Estado asuma una política de créditos blandos para acceder a esa misma tierra que cultivamos”, dice Máximo Ortega.

La falta de acceso a la tierra deja a los productores sometidos a la lógica especulativa que determina el valor del arrendamiento; a esto debe sumarse la ausencia de créditos para la compra de maquinarias para trabajar el suelo y la desregularización de la cadena de comercialización que tiene a los pequeños productores como uno de los eslabones más débiles. “El gobierno no puede controlar los intermediarios y nos perjudica a nosotros y a los consumidores que pagan en la góndola mucho más de lo que deberían pagar”, señala el vocero de la UTT.

En ese sentido, desde la UTT han lanzado en el último tiempo la venta directa de su producción a través de bolsones que tienen un costo de 150 pesos y contiene entre 8 y 9 kilos de verduras. “Es un precio que nosotros consideramos justos y que vamos a mantener, si podemos, durante los próximos seis meses. Para la gente que nos compra significa pagar menos de tres veces de lo que lo pagan en cualquier góndola”, aclara Ortega.

Para la UTT, la discusión sobre el proyecto debe ser una posibilidad para discutir no sólo una política de crédito para el acceso a la tierra sino, fundamentalmente, para repensar en términos estructurales la política agrícola. “Tenemos que discutir el modo de producción, abandonar la lógica del agrotóxico de los grandes pooles de siembra para pasar a un modelo agroecológico, como el que desarrollamos en las economías regionales”, agrega Ortega.

Mientras los productores de la agricultura familiar reclaman ser escuchados por el poder ejecutivo, sólo en este año, las medidas paliativas por la sequía y la reducción de retenciones a las sojas, significarán una transferencia del gobierno nacional a los grandes productores de más de 145 millones de dólares.