El domingo pasado, hubo un violento operativo policial contra jóvenes que estaban en zonas recreativas de la laguna de San Miguel del Monte; varias víctimas denunciaron haber sido amenazadas mientras les apuntaban con el arma, las requisaban y les exigían, a quienes estaban en moto, los papeles del rodado. El procedimiento, ordenado por el Municipio, estuvo a cargo del Grupo de Apoyo Departamental y de la comisaría de San Miguel del Monte. Familiares de la masacre de Monte y el movimiento 20 de mayo organizaron una asamblea frente al Palacio Municipal para denunciar estos la escalada de la violencia en operativos contra motociclistas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también envío una nota al Municipio expresando su preocupación.

ANDAR en Monte

(Agencia) Desde hace un tiempo, a partir de denuncias por ruidos molestos, se intensificaron los operativos de control policial contra las motociclistas en San Miguel del Monte. El último se realizó el fin de semana pasado con una violencia inusitada por parte de los agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la comisaría local, acompañados por funcionarios de Control Urbano.

“Quédate quieto o te pego un cohetazo”, amenazó un policía del GAD a un joven que estaba indefenso en el suelo. El operativo se realizó en las primeras horas de la tarde del sábado y domingo en las zonas recreativas de la laguna, a la vista de vecinos y vecinas que pasaban el día al aire libre.

“Mi hijo estaba con dos amigos en la pista de skate, cuando motos del GAD se acercaron; se bajaron dos agentes fuertemente armados y comenzaron a prepotearlos y para amedrentarlos les ponían las armas muy cerca de sus cuerpos. Son adolescentes que sólo estaban rapeando, chicos de 13 y 15 años. Nada ameritaba que los policías actúen de esa manera”, relató Darío, padre de una de las víctimas.

Los relatos de las víctimas también hablan de persecuciones a bordo de vehículos contra jóvenes que pasaban en motocicleta por el paseo de la laguna, requisas de mochilas y amenazas y agresiones verbales. “Veían una moto estacionado y un grupo de pibes y bajaban, les apuntaban con el arma en la cara y en el pecho, mientras les reclamaban los papeles del vehículo. Fueron contra los jóvenes, con la intención de amedrentar y meter miedo”, agrega Mauricio Sansone, primo de Danilo, una de las cuatro víctimas fatales de la masacre de Monte.

Ante la violencia del operativo de control, especialmente en los procedimientos realizados el domingo, hubo una reacción popular inmediata por parte de un pueblo que hace poco más de un año atravesó una de las masacres más crueles perpetradas por la Policía Bonaerense.

Este lunes, a pocas horas de ocurridos los hechos, familias de la masacre de Monte, la agrupación 20 de Mayo —que nació de esa lucha por justicia— y familiares de las víctimas de los operativos del último fin de semana realizaron una concentración frente al Palacio Municipal. “Este es un gobierno que llega después de la masacre, tiene que responder cuáles son sus ideas sobre la política de seguridad en el municipio, porque la violencia policial sigue sucediendo”, remarcó Mauricio.

En los meses previos, la violencia policial venía creciendo; las familias de las víctimas de la masacre de Monte recibieron varias denuncias y acompañaron a las víctimas a realizar la denuncia. Por esa situación, en agosto pasado, le mandaron una carta al intendente José Castro donde le reclamaban definiciones sobre la política de seguridad del Municipio.

Poco días después de la carta, familiares de la masacre de Monte se reunieron con el secretario de gobierno y el secretario de seguridad del Municipio. En ese encuentro, los funcionarios no contemplaron la posibilidad de proyectar mecanismos de seguimiento y control del accionar policial. En cambio, sí aseguraron el interés de reclamar más agentes policiales: pasar de los actuales 50 policías de servicio en el Municipio a 130.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a dos de las cinco familias víctimas de la masacre de Monte, envió una carta al jefe municipal José Castro expresando la preocupación por los hechos de violencia policial que siguen ocurriendo en el pueblo.

En esa presentación, la CPM recordó que, después de la masacre del 20 de mayo de 2019, emergieron testimonios de situaciones relacionadas con la policía de Monte, atravesadas por la corrupción y la discrecionalidad, tales como la práctica de pedir sobornos o coimas, frecuentes irregularidades en el procedimiento durante las aprehensiones donde las personas detenidas solían ser sometidas a agresiones físicas, jóvenes que expresaron, que antes de cumplir los 18 años, la policía los paraba frecuentemente e incluso, los agredía.

“La masacre de Monte debe ser un alerta que permita un cambio de paradigma en las políticas de seguridad. Un punto de inflexión para que se adopten medidas estructurales que dejen de naturalizar y avalar las violencias policiales. Sin embargo resulta relevante mencionar que en el transcurso del corriente año, continuamos relevando e interviniendo ante casos de violencia policial y prácticas policiales ilegales en el Municipio de Monte, muchas de ellas denunciadas penalmente y ante la Auditoria General de Asuntos Internos”, agregó.

Sobre el final de la carta, la CPM también manifestó su preocupación respecto a funcionarios policiales que volvieron a la localidad a cumplir funciones como oficiales de la Policía, y que se suponen mantendrían relación estrecha con los ex policías investigados por la Masacre Franco Micucci y Mario Mistretta.