En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se realiza desde el 9 de octubre el juicio por delitos de lesa humanidad contra tres ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal. Los hechos que se juzgan son conocidos como la “masacre del pabellón séptimo”, una serie de torturas y asesinatos cometidos entre el 13 y 14 de marzo de 1978 contra 153 personas privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria 2 de Devoto. Tras un cuarto intermedio, las audiencias se retomarán en febrero.

(Agencia Andar) De acuerdo al relato de los sobrevivientes, se conoció que en la noche del 13 de marzo hubo una discusión entre un nuevo celador, que ordenó que apagaran el televisor donde todos miraban una película, y uno de los internos. Por la madrugada un grupo de oficiales quisieron sacarlo del pabellón pero no lo consiguieron. En la mañana siguiente, mientras muchos de los detenidos se preparaban para recibir visitas, se produjo una inusual requisa con alrededor de 70 guardiacárceles que ingresaron insultando, golpeando y amenazando a las personas detenidas. La población del pabellón séptimo intentó resistir un nuevo ingreso improvisando barricadas con las camas. Sin embargo, los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal comenzaron una represión brutal hasta que se inició un fuego en el pabellón. Los penitenciarios no realizaron ninguna maniobra de auxilio e impidieron el ingreso de los bomberos.

Los años pasaron, llegó la democracia pero la masacre siguió quedando en la impunidad. Sin embargo, la lucha de los sobrevivientes permitió que la causa fuera finalmente considerada como un crimen de lesa humanidad, permitiendo la realización del juicio.

El ex director del Instituto de Detención de Devoto Juan Carlos Ruiz es el único imputado por responsabilidad directa, mientras que Horacio Martín Galíndez, ex jefe de la División Seguridad Interna, y Gregorio Bernardo Zerda, ex celador de la misma división, enfrentan cargos por responsabilidad indirecta. Un cuarto imputado, Carlos Aníbal Sauvage, ex jefe del Cuerpo de Requisa, falleció en 2021.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Abel Córdoba y sus auxiliares María Laura Grigera y Viviana Sánchez, calificó los crímenes como delitos de lesa humanidad, siendo el primer juicio en el que se aplica esta categoría de crímenes a las víctimas consideradas “presos comunes”. De esta manera, está la posibilidad de hacer justicia por los 65 asesinatos y las 88 heridas graves en un ataque sistemático y generalizado por parte de agentes de seguridad contra los detenidos.

Durante las audiencias, que son transmitidas en vivo por el canal oficial del Poder Judicial de la Nación y La Retaguardia, los sobrevivientes y familiares de las víctimas han estado presentes, declarando como testigos ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5: Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado. Entre las partes querellantes, se encuentran la Secretaría de Derechos Humanos, con la actuación de los abogados Máximo Castex y Ezequiel Uriarte, y la querella unificada en representación de las víctimas y de la Liga por los Derechos del Hombre, a cargo de Claudia Cesaroni y Natalia Dalessandro.

En una entrevista con ANDAR, el sobreviviente Hugo Cardozo expresó: “Es un juicio que esperamos ganar, por los que murieron y que sea justicia porque siguió pasando”. A sus 68 años, esta es la primera vez que Cardozo junto a otros sobrevivientes tienen la oportunidad de declarar públicamente sobre los hechos que vivieron durante la Masacre del Pabellón Séptimo.

Consultada sobre la importancia del juicio, Claudia Cesaroni remarcó: “es el primer caso en que se discute justamente una caracterización de delito de lesa humanidad cuando las víctimas son los presos llamados comunes”. En este sentido, consideró que es una oportunidad no solo para hablar de las violaciones a los derechos humanos del pasado, sino para hablar sobre las torturas y el hacinamiento del presente. “Lo escuché a Roberto Cipriano (integrante y secretario de la CPM) en un reportaje donde contaba cómo fue una represión en una Comisaría en Ensenada y me impresionó mucho porque era muy parecido al relato de los sobrevivientes de la Masacre del Pabellón Séptimo esto de prender fuego los colchones, no sacarlos enseguida, reventarlos a golpes una vez que salen en una doble hilera de penitenciarios o de policías en este caso”.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como Mecanismo de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, está realizando la veeduría de las audiencias. La directora del programa de Monitoreo de la Violencia Judicial Margarita Jarque señaló que, si bien pasaron muchos años del acontecimiento, “el atravesamiento en las víctimas es muy fuerte y las responsabilidades y la tortura que implicó padecer lo que padecieron va surgiendo con mucha evidencia”.

Asimismo, sobre la importancia del juicio, Jarque resaltó dos condiciones del hecho: “se trata de un juicio sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar, y a circunstancia de haber aprovechado el contexto de encierro generado y abandonar a su suerte a una cantidad importantísima de víctimas, recordemos que son 65 víctimas mortales y 68 con padecimientos graves”.

El episodio represivo que el juicio reconoció como la Masacre del Pabellón Séptimo en su momento fue llamado por los medios de comunicación el “motín de los colchones” y fue rápidamente manipulado por la dictadura, que aseguró que ningún preso político estaba entre las víctimas, en un intento de desviar la atención y justificar.

Por esto la acusación fiscal encuadró a los hechos “dentro del contexto del plan criminal multidimensional que se tuvo por probado” durante el juicio a las juntas militares y marcó que “por ello vale la pena repetirlo, no se trata de eventos aislados sino ocurridos en un contexto más amplio judicialmente acreditado, los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la Jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército”.

Consultado por la relevancia del juicio, Cardozo expresó: “hace ruido y molesta porque yo siempre hago la comparación de los judíos que fueron exterminados por los nazis y los gitanos húngaros que también fueron víctimas de los campos de exterminio pero nadie habla de ellos”. Y agregó: “acá sólo hablamos de memoria, verdad y justicia para los presos políticos, nosotros éramos presos comunes”.

En su testimonio ante los jueces, el sobreviviente recordó que ese año se jugaba el Mundial de Fútbol en Argentina mientras en la cárcel de Villa Devoto estaban detenidas unas 900 presas políticas. “Creo que fue una manera de disciplinar a estas mujeres masacrándonos a nosotros y mostrar una represión ejemplar”.

“Toqué la ventana, y el fuego me quemó las manos y las piernas. Fueron los minutos más largos de toda mi vida. No hubo asistencia ni de bomberos ni de los penitenciarios con agua; el fuego se apagó solo. Mi cuerpo, casi desnudo, quedó completamente negro. Veía cadáveres, cuerpos carbonizados, algunos atados con esposas a camillas y con vendas para ocultar lo evidente”, relató a su turno el testigo Juan Olivero.

La masacre dejó profundas cicatrices en los sobrevivientes, no sólo físicas, sino también psicológicas, y las torturas siguieron a través de los años, perpetuándose en el sistema penitenciario. A Juan Olivero, la carga de ser identificado como parte de los sobrevivientes del Pabellón Séptimo lo persiguió incluso después de ser trasladado a la cárcel de Santa Rosa, en La Pampa: “cuando venía la requisa, nos hacían desnudarnos. Algunos guardias, al verme con las quemaduras, me golpeaban brutalmente y me llevaban a una celda de castigo”.

Cuando finalmente fue liberado, recordó que el jefe penitenciario le dijo con tono burlón: “No te hagas problema, Olivero, siempre va a haber una celda para vos”. Dentro de su declaración, también mencionó la desaparición de su hermano, Jorge Octavio Olivero, secuestrado por la dictadura el 6 de enero de 1976 en la villa de Retiro. “Primero le fabricaron una causa por robo y lo liberaron por falta de mérito, pero testigos dicen que lo volvieron a detener. Desde entonces, nunca más supimos de él”, relató con dolor.

Años después, este sobreviviente comenzó a buscar información sobre la masacre que marcó su vida. Aprendió informática básica y adquirió una computadora para investigar en internet. Fue así como encontró el libro de la abogada y activista Claudia Cesaroni, que narraba su investigación sobre la Masacre del Pabellón.

“Me animé a contactarla. Fue la segunda persona a la que le conté mi historia. La primera había sido mi esposa”, explicó. Con Cesaroni se reunió por primera vez en el Congreso nacional y así encontró a otros sobrevivientes que compartieron su experiencia.

Testificar por primera vez frente a un juez lo ocurrido ese 14 de marzo de 1978 fue un acto de reparación personal para él: “No fue fácil, pero era necesario contar la verdad”. Su testimonio, como el de otros presos comunes, es clave en este juicio que busca juzgar a los responsables del servicio penitenciario y sentar un precedente para que estos crímenes no se repitan.

El 18 de diciembre de 2024, antes de la feria judicial, se realizó la octava y última audiencia del año con la declaración virtual de Hugo Enrique Castro Bravo, sobreviviente que testimonió desde su Chile natal. Al terminar, Nicolás Toselli, presidente del TOF 5 estableció un cuarto intermedio hasta el 12 de febrero a las 10 de la mañana cuando las audiencias se retomarán de manera quincenal. Desde el jurado reafirmaron su deseo de optimizar el tiempo para que declaren los testigos que aún deben ser escuchados en el juicio que determinará las responsabilidades de Ruiz, Galíndez y Zerda en la Masacre del Pabellón Séptimo.