El miércoles pasado, luego de conocerse la disolución por decreto del Servicio Argentino de Calibración y Medición, las y los trabajadores protestaron sobre la avenida General Paz y fueron reprimidos con gases y palos por la Policía de la Ciudad, al mismo tiempo que el Jefe de Gobierno de CABA celebraba por redes la represión. Desde el inicio de la gestión de Milei, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está en una situación de vaciamiento: congelamiento del presupuesto, falta de insumos y equipamiento, pérdida del 30% del personal del organismo y  una depreciación del salario en torno al 40%. ANDAR dialogó con representantes de los trabajadores y trabajadoras del Instituto sobre la actual situación y las razones de sus medidas de fuerza.

ANDAR en la movilización

(Agencia Andar) Enterados de la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición dispuesta a través de un decreto del gobierno de Javier Milei, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se concentraron sobre la avenida General Paz a la altura de Constituyentes y quemaron neumáticos en los carriles centrales. Efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron para evitar el corte, avanzaron sobre los manifestantes y los reprimieron hasta desalojarlos. “A los pibes no le dan las vacunas, a los viejos no le dan los remedios”, rezaba uno de los carteles que sostenían quienes protestaban. Una de estas personas increpó a uno de los policías a quien acusó de robarle su celular. Antes del desalojo se vivió otra escena: uno de los uniformados llamó “ñoqui” a un trabajador, quien le respondió que allí se analizan los chalecos antibalas que él mismo usa. “¿Qué sería de la seguridad de los policías sin el INTI?”, le dijo mientras el efectivo se alejaba.

“No hay una respuesta por parte de las autoridades, reclamamos por las pérdidas de los puestos de trabajo y por el anuncio del gobierno de la reducción del 10 por ciento de la planta de los trabajadores estatales, sobre todo en los organismos descentralizados, tal como lo es el INTI”, dijo Marcelo Isleño, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “A pesar de la cautelar que existe, vigente hasta enero del año próximo sobre no innovar las cuestiones inherentes al decreto de facultades delegadas 462, que fue rechazado en las Cámaras de Diputados y Senadores, la situación actual es que el régimen de Milei avanza como si nada pasara. La última novedad fue el retiro y la terminación del Servicio Argentino de Calibración y Medición, el SAC, de manera inconsulta y bastante desprolija en lo legal, con argumentos endebles como surge del decreto publicado en el Boletín Oficial el 1 de diciembre”, describió Isleño.

En la asamblea del miércoles pasado resolvieron movilizarse a la avenida General Paz para hacer visible la alarma que les genera la posibilidad de una nueva oleada de despidos masivos en el INTI. Reclamaron también por aumento de salarios, por el bono de fin de año, contra la precarización, por presupuesto y equipamiento, por la defensa de las líneas de trabajo. “Más que un golpe al INTI es un golpe a las Pymes, que se valían de ese servicio desde 1985 para mejorar la trazabilidad de las mediciones y acceder a un reconocimiento de su calidad e incluso capacitaciones, ahora tendrán que acudir al sector privado que tiene aranceles muchísimo más caros”, dijo a ANDAR Giselle Santana, trabajadora en el departamento de Calidad de las Mediciones, parte de la dirección técnica afectada por el cierre del SAC. “La movilización del miércoles, que terminó con la represión de la policía de la Ciudad, una vez más, que fue celebrada en X por Jorge Macri por haber gaseado y apaleado a trabajadores y trabajadoras, es un episodio más en una larga serie de luchas que estamos dando desde el momento en que asumió Milei”, agregó.

Todo peor

“Antes había reclamos pero este gobierno asumió diciendo que venía a destruir al Estado desde adentro, que se define anti ciencia y anti industria nacional, era el combo perfecto para que el INTI fuera atacado desde el momento cero, y así fue. En estos dos años sufrimos una pérdida del 30 por ciento del personal del organismo, entre despidos, retiros voluntarios y renuncias que tienen que ver con el congelamiento salarial, hace dos años que no tenemos una paritaria por arriba de la inflación, los sueldos se degradaron alrededor de un 40 por ciento del poder adquisitivo”, tal el panorama del empeoramiento de la situación.

Santana fue delegada sindical durante una década y ahora integra la asamblea multisectorial del INTI. “Es muy difícil que los profesionales calificados no terminen migrando hacia el sector privado o hacia otros países, que es lo que sucede con los compañeros y compañeras más jóvenes, que se van en medio de sus doctorados”. A su criterio, “es una inversión social que se pierde, porque la inmensa mayoría venimos de la universidad pública, es una construcción social que nos genera mucho orgullo retribuir de alguna manera trabajando en el Estado”. Y enfatiza que no les da lo mismo porque sienten que en el Estado su trabajo redunda en derechos colectivos y en el desarrollo nacional. “Es más gratificante pero se nos está haciendo muy difícil sostenerlo por el grado de estigmatización y violencia que sufrimos las trabajadoras y los trabajadores del Estado en todo este período”.

Situación de vaciamiento, de congelamiento del presupuesto, de falta de insumos y equipamiento, de mayor precarización laboral con contratos que se renuevan cada tres meses y no cobran más de 500 mil pesos se está volviendo insostenible. “A todo esto se sumó este año el decreto 462 que plantea prácticamente la disolución del INTI, que generó la lucha más importante en los casi 70 años de historia que tiene el organismo, porque nunca estuvimos tan cerca de que desapareciera tal como lo conocemos”, recordó Santana. “Fue una lucha que se dio en todo el país, nos organizamos muy desde abajo, muy autogestivamente con una asamblea multisectorial y federal, que nos permitió tener uno de los pocos triunfos en este tiempo de neofascismo mileísta, que fue lograr la derogación de ese decreto en agosto de este año”, describió.

“La mejor política industrial es la que no existe”

Sin embargo, el objetivo político del gobierno no se derogó. Siguen intentando de otras maneras, buscando atajos para conseguir el desmantelamiento del Instituto. “No tenemos presupuesto para las compras más chicas, por ejemplo biromes o una resma de papel, o un reactivo. Han corrido de sus cargos a gerentes y subgerentes de carrera del INTI para llenar el organismo de arribistas y paracaidistas recién llegados, que no tienen conocimiento para esa tarea. Vienen con la bajada de línea de la Secretaría de Industria y Comercio, cuyo funcionario a cargo que es Pablo Lavigne dice que la mejor política industrial es la que no existe”, parafraseó.

El ataque al INTI no es aislado sino parte de una política contra la industria nacional, que se materializa en la apertura indiscriminada de importaciones, la eliminación de regulaciones de todo tipo que no solo permiten una competencia desleal sino que dejan desprotegida a toda la población. “Nosotros hacemos la certificación de calidad de productos, tanto nacionales como importados, así que buena suerte con los juguetes en Navidad, con los cinturones de seguridad de los autos y con tantas otras cosas que se han ido perdiendo”. La activista precisó: “Estamos en un contexto de industricidio, van 15.500 Pymes que cierran en lo que va del gobierno de Milei, con el macrismo fueron 25.000 pero durante cuatro años, es evidente que son más eficientes en la destrucción”.

Santana definió en qué consiste la disputa política que están dando los trabajadores y trabajadoras. “El INTI nació al servicio de la industria nacional, que está en vías de desaparición. Por supuesto defendemos el salario, el derecho a la organización sindical, a la protesta, a movilizarnos sin ser reprimidos, pero también defendemos un modelo de país de desarrollo productivo, científico, tecnológico soberano, que construimos desde nuestros puestos de trabajo, desde las asambleas y en las calles”.