La Comisión Provincial por la Memoria reitera, una vez más, su rechazo ante los operativos policiales de controles del transporte público y retenes automovilísticos, que vulneran los derechos humanos elementales de los sectores populares. El descenso compulsivo de pasajeros varones, la requisa corporal y a sus pertenencias sin ninguna orden judicial ni motivo que lo justifique viola claramente garantías constitucionales.

ANDAR en la Provincia

(CPM) Si bien los hechos reflejados en videos y fotos remiten a la época de la dictadura militar cuando eran habituales estos procedimientos como parte de un plan sistemático de las fuerzas policiales y de seguridad para expandir el miedo e instalar el terror, ejercer el control social y desactivar cualquier protesta o reclamo, se inscriben en una política criminal sostenida en democracia desde los años 90 hasta hoy donde la lucha contra el delito se orienta al control y persecución de los sectores populares.

Las mismas medidas fueron aplicadas en la provincia de Buenos Aires por los gobiernos de Felipe Solá en 2003, Daniel Scioli en 2013-2014 al dictarse la emergencia en seguridad y el gobierno de María Eugenia Vidal en 2017, frente a hechos de inseguridad de resonancia mediática. Con la misma publicidad mediática y sin resultado alguno, quedaron rápidamente en desuso porque demostraron nula efectividad en el objetivo que se planteaban. Ante todas ellas, este organismo declaró públicamente su rechazo y la escasa efectividad para prevenir el delito.

Si esta es la respuesta ante el asesinato del chofer de micro Daniel Barrientos, no puede ser más desacertada.

Los que hoy deben interrumpir su viaje, y son vulnerados en sus garantías, son los sectores a los que más debe proteger la política de seguridad, los narco criminales no viajan en colectivo, los trabajadores no portan armas de fuego, no son potenciales homicidas. Son muchas veces víctimas de delitos, no victimarios.

Muchos de los mercados ilegales son organizados por mafias que viven en countries y que actúan con la impunidad de redes que alcanzan a sectores bonaerenses de la justicia, las policías y la política. Como ejemplo, una de estas redes ligada al narcotráfico, está siendo juzgada hoy en la justicia federal y en el juicio político que se sigue al fiscal provincial de San Isidro Claudio Scapolan por ser parte junto a policías, abogados y otros funcionarios judiciales de una banda narco-policial-judicial dedicada al robo de grandes cargamentos de drogas. Un juicio político que se postergó y dilató por la fuerte defensa política que lo sigue sosteniendo.

Las cárceles están repletas de los eslabones más débiles de las cadenas delictivas -muchos con causas armadas por la policía bonaerense- y no por los grandes delincuentes que siguen libres disfrutando de niveles de vida inalcanzables para trabajadores y trabajadoras.

Habilitar estas acciones a las fuerzas de seguridad implica fortalecer y legitimar prácticas policiales que se encuentran incorporadas en su despliegue cotidiano y que fortalecen el sesgo autoritario de su intervención. Sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento de pibes para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas. Permitir estas acciones implica promover el fortalecimiento de estas prácticas ilegales que caracterizan el poder de la institución policial y que resulta central en su dominio territorial.

Como expresamos en distintas oportunidades, este tipo de medidas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y son ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo.

No hay contradicción entre defensa de los derechos humanos y políticas de seguridad, hay que desterrar la falacia de que no se puede prevenir y disminuir el delito cumpliendo con las garantías constitucionales. Es todo lo contrario, un Estado que no se ajusta a la ley sólo promueve más ilegalidad, más violencia y más daño a nuestra democracia.