En la ceremonia oficial, el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, reivindicó a los militares que torturaron a sus propios soldados en las islas Malvinas y rechazó el reclamo de justicia de las víctimas. Estas declaraciones fueron realizadas tras la decisión de la jueza de Río Grande Mariel Borruto de suspender las audiencias indagatorias de 18 miembros de las Fuerzas Armadas. “Los dichos de Pasqualini confirman que las órdenes de encubrimiento de la dictadura militar se siguen respetando y que sólo les importa resguardar la impunidad”, señaló Ernesto Alonso.

ANDAR en Río Grande

(Agencia Andar) La causa judicial que investiga las torturas en Malvinas se inició en 2007 y tiene 120 denuncias por torturas, estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento de soldados hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes y violencia sexual, entre otros padecimientos físicos y psicológicos. Los testimonios y las pruebas documentales son tan consistentes que hay 18 miembros de las Fuerzas Armadas llamados a prestar declaración indagatoria para responder por estos delitos.

Sin embargo, el Jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, desconoció todo ese material probatorio, la larga lucha de justicia de los ex combatientes y rechazó las acusaciones. Durante la ceremonia por el Día del Ejército, Pasqualini declaró: “Actualmente, ciertas imputaciones pretenden echar sombra sobre el heroísmo y coraje de nuestros combatientes. Todos dieron lo mejor de sí por la defensa de nuestras Islas”.

Las declaraciones del jefe militar se dieron pocos días después de que la jueza federal de Río Grande haya resuelto suspender las audiencias indagatorias por “falta de personal y espacio físico”. “Estas declaraciones fueron una respuesta por el avance de la causa en la justicia. El Comandante en Jefe nos confirma con sus dichos que el lobby militar sigue actuando para garantizar esa impunidad”, señala Ernesto Alonso, ex combatiente e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Una de las pruebas documentales fundamentales de este juicio son los archivos secretos de las Fuerzas Armadas desclasificados en 2015. “Pasqualini tendría que visitar el archivo histórico del Ejército para conocer todas las denuncias realizados por los soldados cuando volvieron”, dice Alonso. Muchas de esas denuncias se realizaron en el Centro de Apoyo  de Recuperación Integral, que funcionaba en el predio del V Cuerpo del Ejército y que era el primer lugar al que eran trasladados los que llegaban de las islas.

En esas fojas, que son investigaciones realizadas por el mismo Ejército, aparecen los testimonios que dan cuenta de esas torturas: “Lo ató de pies y manos a la espalda colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa desde las 09:00 hasta las 17:00 horas”, declara un soldado. Otro dice que “recibió una patada en los testículos” y el parte militar aclara que “por ese motivo deberá ser operado”.

En esos archivos desclasificados están también la política de ocultamiento militar diseñada por el entonces jefe del Ejército Cristino Nicolaides. Esos partes militares recomiendan que las “infracciones” sean sólo condenadas administrativamente, en el ámbito disciplinario, y “dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva, de modo tal de evitar su conocimiento […] y preservar la tranquilidad del frente interno”.

También se define en esos archivos que, cuando fuera necesario exceder el ámbito disciplinario, se deberá informar al Comandante en Jefe quien decidirá. En todos los casos, la jefatura del Ejército dejó estas denuncias bajo la órbita de la Justicia Militar, derogada luego en democracia.

“Es inadmisible que el jefe del Ejército de un gobierno democrático consolide una política de impunidad y siga respetando las órdenes de silencio de Nicolaides, un hombre de la dictadura militar”, remarca Ernesto Alonso, en alusión a las declaraciones de Pasqualini. “Sólo les interesa resguardar la impunidad. Nunca quisieran ver a un militar cumpliendo una condena por torturar soldados en Malvinas”, agrega.

Mientras tanto, la causa en la justicia está una vez más paralizada: la jueza Borruto no sólo suspendió las indagatorias sino que, y más grave aún, no fijó fechas para su realización. “Es parte de un largo proceso de justicia, de luchar contra la impunidad, esta decisión es un nuevo escollo para superar, sabemos que tenemos la razón y las pruebas; en cualquier otra causa, ya tendríamos que estar en un juicio oral”, dice el ex combatiente.

La semana pasada, las tres querellas en la causa —la CPM, el Centro de ex combatiente Islas Malvinas-La Plata (CECIM) y la Secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires— presentaron la reposición con la apelación a la decisión de Borruto; recientemente, el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport también apeló.

Mientras se aguarda por la respuesta a las apelaciones presentadas, este viernes se realiza una nueva audiencia en los tribunales de Tierra del Fuego: “Insistiremos con el pedido de las audiencias indagatorias”, anticipa Alonso. El ex combatiente y Yamila Zavala Rodríguez participan de la audiencia en representación de la CPM, junto al abogado del CECIM Jerónimo Guerrero Iraola y un representante de la Secretaría de derechos humanos provincial.

“Borruto está hace 25 años en el juzgado, conoce la causa y estuvo incluso en el 2007 cuando se presentaron las primeras declaraciones, por eso las excusas son inadmisibles. Esta decisión sólo consolida la impunidad y revictimiza a nuestros combatientes, compañeros que por primera vez iban a ver sentados a sus torturadores en el banquillo de los acusados”, se lamenta Alonso.

“Habíamos logrado revertir ese principio de impunidad”, agrega el integrante de la CPM y señala que, a partir del llamado a indagatoria de la justicia, recibieron nuevas denuncias por parte de ex combatientes que, hasta este momento, no se habían animado a denunciar.