ANDAR en Bahía Blanca

(Por H.I.J.O.S.) Los días 5 y 6 de noviembre, dos semanas después de la exposición de los fiscales en el marco del segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Bahía Blanca, se llevaron a cabo las exposiciones de alegatos por parte de la querella a cargo de la abogada Mirta Mantaras y la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mónica Fernández Avello.

Cabe recordar que en el juicio en el que se investigan los crímenes -torturas, secuestros clandestinos, homicidios y dos apropiaciones de bebés- cometidos contra 89 víctimas, los imputados son siete exmilitares (Alejandro Marjanov, Carlos Stricker, José Fidalgo, Bernardo Cabezón, Ricardo Gandolfo, Felipe Ayala y Fernando Videla) de los nueve que debían ser juzgados, ya que uno de ellos se halla prófugo –Carlos Alberto Arroyo- en tanto que Armando Barrera fue apartado de la causa por su estado de salud.

Mantaras comenzó su exposición con un análisis histórico acerca de las condiciones estructurales que se gestaron para la irrupción del Golpe terrorista de marzo de 1976 y de las consecuencias profundas que, en lo social, político, cultural y económico, todavía perduran hasta hoy. Asimismo, destacó que la Dictadura aplicó un genocidio largamente planificado basado en el terror, las desapariciones y la ejecución de miles de personas.

Por su parte, Fernández Avello afirmó que el enjuiciamiento por los crímenes de lesa humanidad también es un aporte a la construcción de la verdad histórica y colectiva, especialmente para la construcción de las identidades de las generaciones venideras.

En cuanto a la descripción de los hechos que se investigan en el juicio, la representante de la Secretaría de Derechos Humanos se refirió a cada centro clandestino que operó bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército, con énfasis en “La Escuelita”; las cadenas de mando; la tortura y tratos crueles a los que fueron sometidas las víctimas; la violencia sexual, abusos, desnudez forzada y violaciones. También detalló, de forma sintética, los casos de cada víctima considerada en el juicio y las vejaciones específicas a las que fueron sometidas: secuestros y desapariciones; secuestros y posterior liberación; secuestros y posterior puesta a disposición del Poder Ejecutivo; secuestros y posterior sometimiento a Consejo de Guerra.

En cuanto a la valoración de la prueba, Fernández Avello destacó que la documental o testimonial no es la única que puede considerarse legítima y que la prueba indiciaria o presuntiva es de suma importancia ya que se trató de suprimir cualquier elemento que permita comprobar el secuestro o paradero de las víctimas. De allí se desprende que es de vital importancia los testimonios de sobrevivientes y familiares.

Por último, y en cuanto a los pedidos de penas para los imputados, fueron solicitadas: pena de prisión perpetua para Carlos Andres Stricker, Alejandro Marjanov, Bernardo Cabezón y Felipe Ayala; pena de 23 años para Fernando Videla; 20 años para José Héctor Hidalgo; y 18 años para Ricardo Gandolfo. En los alegatos, las abogadas destacaron que la calificación de los crímenes debe ser la de Genocidio y el cumplimiento de las condenas en el sistema penitenciario federal.

La querella no computó ningún tipo de atenuantes para los imputados, pero sí agravantes teniendo en cuenta la extensión del daño, la ausencia de arrepentimiento y el silencio guardado con respecto al destino de los cuerpos de los desaparecidos, así como también respecto del destino de los bebés nacidos en cautiverio.