El Juzgado en lo civil y comercial Nº 2 de Azul, con asiento en Tandil, dictó una medida tutelar por el uso de agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y cursos y pozos de agua que estableció restricciones de 2.000 metros para las aplicaciones aéreas y de 500 metros para fumigaciones terrestres. El juez Blanc también convocó a una mesa de diálogo interinstitucional, mientras en el Concejo Deliberante se demora el tratamiento de un anteproyecto de ordenanza presentado con el aval de la Junta vecinal de Tandil por un ambiente saludable. “La decisión judicial viene a subsanar en parte la inoperancia del Municipio que desestimó cada una de nuestras denuncias”, señaló Silvia Gómez Ábalos.

ANDAR en Tandil

(Agencia Andar) “La presentación de la medida cautelar la hicimos porque el Municipio fue inoperante con nuestras denuncias; la misma denuncia por fumigaciones en el borde de nuestras escuelas la presentamos al Municipio y no hubo nunca un plan de control y fiscalización. Todavía hoy, no hubo ni siquiera una multa”, expresa Silvia Gómez Ábalos, referente de la Junta vecinal de Tandil por un ambiente saludable.

El 19 de octubre pasado, el Juzgado en lo civil y comercial Nº 2 de Azul, con asiento en Tandil, dictó por seis meses una restricción de 2.000 metros para las aplicaciones aéreas con agroquímicos y 500 para las terrestres con respecto a casas, escuelas y cursos y pozo de agua. “Otras medidas cautelares vigentes en la provincia y ordenanzas municipales de regulación de agroquímicos establece restricciones a partir de la zona de ejido urbano; a diferencia de eso que suele ser lo habitual, este fallo alcanza también a las poblaciones rurales, por lo tanto es mayor la superficie libre de agroquímicos. Ese es un dato importante a remarcar de la medida, destaca Gómez Ábalos.

Si bien la medida está en vigencia desde hace diez días, vecinos y vecinas de pueblos rurales de Tandil siguieron denunciando en esta semana fumigaciones a menos de 500 metros de sus viviendas. Los productores se excusan en que no fueron notificados aún de la decisión judicial y continúan con las aplicaciones; sin embargo, desde la Junta son optimistas y consideran que se están librando oficios desde la justicia y que esta próxima semana no habrá nadie sin conocer el fallo.

SI bien es un avance, Goméz Abalos aclara que recién ahora, empieza la lucha para sostener esa medida, prohibir las aspersiones aéreas y ampliar la restricción terrestre impuesta. En ese sentido, en el comunicado de la Junta vecinal remarcaron: “La distancia pautada está lejos de los 1095 metros que la evidencia científica alerta como esencial para resguardar el daño genético en niños y niñas”.

Además de establecer nuevas zonas de exclusión por seis meses, el dictamen del Juez Francisco Blanc también ordena al Municipio que forme un órgano de control de fumigaciones, pide que cree una mesa de diálogo interinstitucional para el tratamiento del tema y, por último, reclama que en el término de 270 días el Concejo Deliberante sanciones una nueva ordenanza.

Tandil, en el centro de la zona núcleo de producción de la agricultura industrial, mantiene uno de los espacios de exclusión más reducidos: el artículo 7 de la ordenanza 12.316 de 2011 prohíbe “la aplicación de agroquímicos por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios”.

En agosto del año pasado, el grupo de investigación de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN)  —junto con BIOS, una asociación civil para la defensa del ambiente— presentó ante el Concejo Deliberante de Tandil un anteproyecto de ordenanza que declara los 2.000 metros de exclusión —con respecto a lugares donde la gente desarrolla sus vidas y de las fuentes de agua— para las fumigaciones terrestres y la prohibición de asperciones aéreas en todo el partido.

El tratamiento del anteproyecto de ordenanza ha tenido poco movimiento en las comisiones de trabajo y las señales de concejales y concejalas que responden al poder ejecutivo municipal no son alentadoras para los vecinos y vecinas de los pueblos rurales. “Se busca imponer una ordenanza mucho menos protectora y hay un intento de desacreditar los estudios sobre el daño que estos agroquímicos producen en el ambiente y en la salud”, dice Gómez Ábalos.

“Nosotros participamos de la reunión de la comisión de Producción y ambiente, ni siquiera hablan de definir un espacio de exclusión; en cambio, apuntan a la fiscalización, de la que debemos dudar porque nunca se hizo, y de las llamadas buenas prácticas agrícolas, que son un fraude porque las rotulaciones son falsas, el glifosato por ejemplo es considerado levemente tóxico y esto es porque se mide de acuerdo a la dosis letal, que nada dice de los daños irreversibles que genera”, explica la referente vecinal.

En el marco de un proyecto de extensión universitaria sobre agroecología, investigadores, el equipo del UNICEN, dirigido por la Doctora en Biología Graciela Canziani, detectó la presencia de agroquímicos biocidas en suelo y agua de pozo en las 15 escuelas rurales participantes del proyecto. Todos los establecimientos educativos estaban contaminados, en algunos se encontraron la presencia simultánea de hasta 8 ingredientes químicos.

Uno de esos establecimientos es la escuela 33, ubicada en el paraje La Porteña, donde asisten los hijos e hijas de Silvia: “Hice la primera denuncia hace diez años, cuando mi nene empezaba el jardín, nunca tuve una respuesta de la Municipalidad”, recuerda.

La medida cautelar es, quizá, el primer reconocimiento del Estado a sus reclamos. “Hay que reforzar el análisis ambiental, que se considere en el primer lugar a los afectados y afectadas directas de las fumigaciones”, dice Gómez Ábalos. Y agrega, a modo de cierre: “Si el ambiente está degradado, no se puede esperar que las personas estén sanas”.