En respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Juzgado de Garantías N° 1 de Morón ordenó clausura de las celdas de Separación de Aislamiento de Convivencia (SAC). En la última inspección realizada a la cárcel en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM había denunciado que las personas alojadas en el área de SAC permanecían en un régimen de aislamiento extremo, en celdas con pésimas condiciones materiales e higiénicas, sin calefacción ni ventilación natural. En el marco de la acción el Servicio Penitenciario Bonaerense, al igual que lo hizo en el habeas corpus por los buzones de Sierra Chica, respondió negando estas graves condiciones de detención. Sin embargo, con carácter cautelar, la justicia desestimó esa presentación y acogió el reclamo.

ANDAR en Ituzaingó  

(Agencia Andar) El pasado 8 de julio, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires,  realizó una inspección en la Unidad Penitenciaria N° 39 de Ituzaingó y denunció el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en las celdas de Separación de Aislamiento de Convivencia (SAC), también llamadas “buzones”.

El habeas corpus colectivo y correctivo presentado por la CPM denuncia que las personas alojadas en ese sector permanecen confinadas en las celdas durante las 24 horas del día, lo que implica un régimen de aislamiento extremo. La única salida habilitada, durante quince minutos al día, es al efecto de higienizarse, permiso del que no gozan todos los días, sino en forma esporádica.

El encierro estricto se padece, a su vez, en condiciones materiales e higiénicas inhumanas y degradantes: deterioradas condiciones edilicias e instalaciones obsoletas.

El informe de la inspección detallaba el mal estado de conservación de los buzones: presencia de humedad en paredes y techos, cañerías rotas, condiciones de ventilación prácticamente nulas y presencia de roedores y plagas.

Además, el pésimo estado de las letrinas y el resto de las instalaciones sanitarias, que obstaculizan el transporte de las aguas cloacales hacia el colector, genera constante presencia de olores nauseabundos en las celdas que enrarecen el ambiente volviéndolo inhabitable.

Durante la inspección, la CPM constató también la presencia de instalaciones eléctricas riesgosas; ante la ausencia de mecanismos de calefacción los detenidos utilizan fuelles, calentadores eléctricos precarios, para generar calor al interior de las celdas. A su vez, gran parte de los vidrios del sector se encuentran rotos por lo que las personas alojadas en estas celdas se ven obligadas a tapar con frazadas los huecos de las ventanas.

Con respecto a la alimentación los detenidos reciben raciones de alimento dos veces al día, alrededor de las 12 y las 17 horas. La comida provista resulta “incomible” de mala calidad y escasa cantidad. También pudo constatarse que las personas que por indicación médica necesitan una dieta especial, no la reciben.

En el trámite del habeas corpus, y en respuesta a un pedido de informe urgente realizado por Juzgado de Garantías N° 1 de Morón, las autoridades penitenciarias de la Unidad 39 negaron estas graves condiciones de detención. Tal como ocurrió recientemente en otro litigio colectivo por la Unidad 2 de Sierra Chica, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) volvió a negar las denuncias, aun cuando estas denuncias son reconocidas por la justicia en cada una de las presentaciones judiciales.

Sobre el sector de buzones, las autoridades de la Unidad 39 construyen un relato ficticio e ideal: refirieron que todas las celdas tienen calefacción y que las duchas cuentan con agua caliente y fría. Sobre el régimen de vida, aseguraron que los detenidos acceden a recreos, programas recreativos y que poseen líneas telefónicas con el objeto de mantener comunicación con el exterior.

Más allá del informe presentado por el SPB, el juez de garantías de Morón Alejandro Lago acogió lo denunciado por la CPM y, con carácter cautelar, ordenó de manera urgente la clausura de las celdas SAC y reubicar a las personas allí alojadas en otro sector del establecimiento.

A la espera de una sentencia definitiva, la medida cautelar desacredita el informe del SPB y reconoce el agravamiento de las condiciones de detención denunciadas por la CPM. La negación penitenciaria de la realidad no contribuye a la resolución de las graves violaciones de derechos humanos que persisten en las cárceles bonaerenses. Reconocerla es el paso necesario para revertirlas.