En el marco de las actividades de la CPM por el día nacional de lucha contra la violencia institucional, se firmó un convenio de trabajo conjunto con la municipalidad de Merlo. Además, se realizaron dos actos públicos que contó con la participación de más de 600 referentes de organismos sociales y políticos, organizaciones de familiares y docentes de toda la provincia de Buenos Aires, que en su mayoría participan del Programa Jóvenes y memoria de la CPM.

ANDAR en Merlo

(CPM) “El Estado está en deuda con la comunidad y nosotros, desde la Comisión, tenemos el mandato y compromiso de trabajar para acabar con las violaciones a los derechos humanos”, resumió el presidente del organismo, Víctor Mendibil.

El viernes pasado en el teatro municipal de Merlo, el intendente de ese distrito, Gustavo Menéndez, y Víctor Mendibil, co-presidente de la CPM firmaron un acuerdo de cooperación y trabajo conjunto, con el que se proponen impulsar acciones territoriales de promoción y defensa de los derechos humanos orientadas no sólo a poner en marcha políticas de memoria sino también comprometer esfuerzos contra la vulneración de derechos que sufren los sectores más débiles por partes de las fuerzas de seguridad.

En el acto en que se firmó el acuerdo, Gustavo Menéndez resaltó la presencia de la CPM en el distrito como un hecho histórico y celebró la posibilidad de construir una agenda de trabajo común. En su discurso, el intendente reconoció que “a pesar de vivir en democracia, los merlenses sufrimos en los últimos 24 años todo tipo de violencias y arbitrariedades por parte del Estado y, desde nuestro lugar, tenemos que construir políticas reparatorias. “Estos encuentros y convenios son estratégicos y debemos aprender de estos recorridos para llevarlos a nuestra militancia diaria”, finalizó.

Por su parte Víctor Mendibil, presidente de la CPM, señaló la necesidad de apuntalar este trabajo conjunto con acciones urgentes al señalar que “las víctimas de la violencia institucional son los jóvenes pobres. Las policías los persiguen, en el encierro sufren todo tipo de torturas y tratos degradantes y, por último, la justicia no investiga porque, para la Justicia, la verdad es cara”.

La defensa de los derechos humanos, la denuncia del avance represivo de las agencias punitivas del Estado que se expresa en la utilización de la tortura como una práctica sistemática y la muerte por el estado, la impunidad de estos delitos y la organización popular ante el dolor, fueron los ejes que guiaron el debate del acto realizado en el teatro municipal de Merlo y que sirvió como marco para la firma de este acuerdo.

Del panel participaron también Leandro Despouy y César Antillanca, quienes aportaron en esta misma línea. Un debate sobre violencia institucional debe enmarcarse en las múltiples violencias que constituyen sus condiciones de posibilidad. En ese sentido, César Antillanca mencionó que “no son sólo los agentes penales sino también aquellos que, con sus decisiones administrativas, generan violencias. Las víctimas de policías y penitenciarios son pibes que ya nacen sin derechos. Eso también es violencia institucional”.

Por su parte, Leandro Despouy sostuvo la urgencia de transformar desde el Estado esta dinámica de exclusión: “no podemos permitir que grandes sectores de la población sigan viviendo en la marginalidad, la discriminación y persecución. Y, haciendo referencia a las organizaciones de familiares presentes, agregó: “felicito la lucha que llevan adelante contra estas prácticas selectivas y excluyentes”.

Luego de la intervención de los panelistas, militantes políticos, familiares víctimas de la violencia institucional y docentes tomaron la palabra para dar cuenta de las realidades que sufren en cada uno de sus territorios. Desde la escuela y el barrio, hasta los centros de salud, las comisarías y las cárceles, aparecieron como espacios atravesados por la violencia institucional con una misma constante: en la desigualdad para el acceso a los bienes materiales y simbólicos se asientan las prácticas más violentan que vulneran cotidianamente los derechos de los que menos tienen.

La firma del convenio y el acto realizado en la localidad de Merlo formaron parte de la agenda de actividades propuestas por la CPM por la conmemoración del día de lucha contra la violencia institucional que cada 8 de mayo recuerda a tres jóvenes asesinados en 1987 en la localidad de Ingeniero Budge por parte de agentes policiales.

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Un día antes, la CPM había realizado otro acto público en la ciudad de La Plata que también contó con una masiva concurrencia de militantes, referentes de organismos de derechos humanos, familiares víctimas de la violencia institucional y docentes de toda la provincia. Un panel integrado por Roberto Cipriano García, Leonardo Grosso, Fernanda Nicora y María Luisa Storani abrió la discusión y el intercambio en el auditorio del Pasaje Dardo Rocha.

“Es importante que se generen espacios para el debate y la organización. Este acto es una conmemoración de las víctimas de la masacre de Budge pero no sólo como efeméride sino como condición para discutir la sistemática vulneración de derechos por parte del Estado que utiliza la violencia como una técnica de gobierno y control social de determinados grupos sociales, mayoritariamente jóvenes y pobres”, explicó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.

“Cuando nos organizamos y salimos juntos a la calle, cuando la sociedad se compromete, la Justicia y el Estado tienen que dar respuesta. Aunque no siempre serán satisfactorias ni serán en el tiempo en que las necesitamos, la lucha colectiva nos ayudará a llegar a esas respuestas para que Ni un pibe menos no sea sólo una bandera sino un hecho”, expresó Fernanda Nicora durante la charla abierta realizada ayer en La Plata.

Leonardo Grosso y María Luisa Storani, ambos militantes políticos de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, completaron las intervenciones. Grosso, referente de la campaña nacional contra la violencia institucional, reclamó una reforma democrática de las fuerzas de seguridad y sostuvo que “la violencia institucional es una deuda de la democracia: el Ni un pibe menos tiene que ver con un Estado que, por no resolver los problemas institucionales y estructurales, se lleva la vida de miles y miles de pibes y pibas no por causas políticas sino por causas sociales”.

En la misma línea, María Luisa Storani remarcó la necesidad de actuar y exigir que se respeten los derechos humanos en el marco de un proceso de fortalecimiento democrático. Histórica militante feminista, Storani puntualizó sobre la violencia institucional en materia de género y advirtió que, a pesar de tener leyes de avanzadas, “nuestras mujeres siguen muriendo. Mueren porque los operadores policiales no atienden las denuncias por violencia de género, esa omisión del Estado también es violencia institucional. Y la Justicia también ejerce violencia institucional cuando no capacita a sus operadores en materia de género”.

Estas actividades son parte del trabajo que la CPM viene desarrollando desde su creación en la lucha contra la violencia institucional y la tortura sistemática, que se despliega en los lugares de encierro y de parte de todas las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos aires y la República argentina.