La Comisión Provincial por la Memoria sumó su adhesión al amicus curiae presentado por la Asociación Pensamiento Penal (APP) por la imputación de Miguel De Paola acusado de efectuar amenazas terroristas en la red social Twitter. A 50 días de la detención, la Justicia no pudo mostrar que haya existido alteración del orden público ni presentó pruebas que relacione al joven con ningún atentado. Para la CPM, estos hechos demuestran la arbitrariedad de la detención y advierten sobre los peligros, en materia de garantías constitucionales, que conlleva la aplicación de los términos vagos e imprecisos de la Ley Antiterrorista, sujetos únicamente a la discrecionalidad de los operadores judiciales.

ANDAR entre leyes

(CPM) La Cámara Federal debe resolver mañana si Miguel De Paola sigue detenido o no. El pasado 30 de julio, la Policía Metropolitana detuvo a De Paola y Walter Ovejero —que fue excarcelado a los pocos días— por publicar, a través de la red social de Twitter, amenazas de atentados a la Casa Rosada y otros espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, y a pesar de que nada de esto haya sido probado, la Justicia les imputa el cargo de intimidación pública agravado, a su vez, por la aplicación de un artículo de la Ley Antiterrorista que tipifica especialmente el delito que “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población”.

Ante la inminente decisión de la Cámara Federal, y preocupada por la vulneración de las garantías constitucionales que se observan en el proceso, la Comisión Provincial por la Memoria adhirió al amicus curiae presentado por la Asociación de Pensamiento Penal que denuncia la arbitraria aplicación de la Ley Antiterrorista y exige que se haga lugar al recurso de apelación presentado contra el procesamiento con prisión preventiva de Miguel De Paola.

La falta de elementos probatorios que acrediten la existencia de un estado de alteración pública o la relación con la comisión de un atentado terrorista da cuenta de la arbitrariedad en que se funda esta imputación. Arbitrariedad que es posible por la vaguedad e indeterminación de una normativa penal que fue, desde el primer momento, rechazada por la CPM no sólo porque permitiría la discrecionalidad de los operadores judiciales a la hora de aplicar las leyes antiterroristas sino también porque era inconstitucional por ser regresiva en materia de derechos humanos.

En consonancia con este posicionamiento, el escrito presentado cuestiona la aplicación del agravante del artículo de la Ley Antiterrorista en dos niveles: por un lado, en término general, por la manifiesta inconstitucionalidad de este marco normativo que no se adecua a la exigencia de los estándares internacionales y que, incluso, desestima fallos de tribunales internacionales en ese orden.

Por otro lado, y en relación a este caso en particular, se advierte que la imputación de este agravante no se encuentra acreditada en la causa puesto que no existió ningún perjuicio ni “se afectó la tranquilidad de la población argentina”.

La situación de Miguel De Paola vuelve a poner en evidencia la regresividad y la inconstitucionalidad de Ley Antiterrorista; desde el momento de su sanción, la CPM había advertido que la figura de “terrorismo” denota un concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría validar cualquier atropello estatal. También se había observado con preocupación que resultaba inadmisible que la aplicación de esta ley dependiera de la interpretación de los agentes judiciales. Lamentablemente, este caso comprueba efectivamente los temores que expusimos en su momento.