Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó el fallo contra la Provincia y la Municipalidad de La Plata por la situación de desprotección de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social. El amparo había sido presentado en 2008, a partir de la criminalización de la “banda de la frazada”, por la Asociación Miguel Bru y el programa de Niñez, derechos humanos y políticas públicas de la Facultad de Derecho de la UNLP. El Juzgado en lo contencioso administrativo de La Plata será revisor de la ejecución de la sentencia.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) “Por un lado, tenemos la satisfacción de que se expida la Corte y confirme lo que veníamos diciendo desde hace 12 años. Pero, por otro lado, hay algo de desilusión porque la Corte no dimensionó en su fallo lo estructural del problema, podría haber adoptado un rol más protagónico en la búsqueda de una solución sobre un conflicto que abarca a todos los poderes del Estado y la sociedad”, resume Martín Minestrina del programa de niñez, derechos humanos y políticas públicas de la facultad de derecho de la UNLP.

El programa de la universidad y la Asociación Miguel Bru impulsaron en 2008 un amparo a favor de niños, niñas y adolescentes (NNyA) que vivían en las calles del centro de La Plata. La historia se conoció como la “banda de la frazada”, un título que los estigmatizó y los puso aún más en peligro. Un título, a su vez, que invisibilizó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.

“En el amparo nosotros habíamos planteado, y es el punto central de la denuncia, que el Estado terminó criminalizando a estos niños y sus familias por su propia omisión a la hora de generar políticas públicas para su protección. Es decir, los dejó en primero en una situación de grave vulnerabilidad y después los persiguió y hostigó”, señala Minestrina.

El entonces titular del Juzgado en contencioso administrativo 1 de La Plata Luis Arias sancionó al Estado provincial y municipal por la falta de medidas de protección y resguardo de sus derechos de estos NNyA. El fallo fue luego ratificado parcialmente por la Cámara de Apelación, pero el Municipio volvió a apelar. Así la medida cautelar llegó al máximo órgano judicial bonaerense.

Doce años después de los hechos, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó el fallo de primera instancia, revocó la sentencia de la Cámara y, con ello, repuso la orden para la creación y puesta en funcionamiento de un servicio hospitalario especializado para la atención de la salud de niños con problemas de adicciones. Además de la “amplia difusión de los principios, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes” en los medios de comunicación.

Para cumplir con el fallo, la Corte bonaerense reclamó que los Estado provincial y municipal elaboren y presenten ante el Juzgado de primera instancia un “plan detallado —con etapas y plazos a cumplimentar—, el que deberá concretarse en un plazo no mayor a seis meses”. Además determinó que el mismo magistrado sea el juez de ejecución, tenga a su cargo la dirección general del proceso y, si lo considera necesario, podrá crear una Comisión de seguimiento, control y monitoreo compuesto por todas las partes que intervinieron en la presentación.

En estos doce años de litigio dejó en evidencia el efectivo cumplimiento de la ley 13.298 de promoción y protección integral de la niñez. “El sistema durante todos estos años no funcionó, nadie pudo desconocer lo que denunciamos y el Estado sigue desconociendo la situación porque no trabaja con las familias de estos niños, niñas y adolescentes, ni tiene protocolos de intervención, ni produce información”, sostiene Martín Minestrina.

En la audiencia en la Corte celebrada en 2016, esta situación fue incluso reconocida por la misma dirección de niñez y adolescencia de La Plata. La titular de esa cartera señaló que existía una escasa implementación del Sistema de promoción y protección integral de la niñez, que los operadores de calles y equipos técnicos estaban en condiciones de precariedad laboral y que aún no contaban con programas acordes a las necesidades.

En esa misma audiencia, el equipo del programa de niñez, derechos humanos y políticas públicas de la facultad de derecho de la UNLP presentó un informe sobre la vida de esos niños, niñas y adolescentes que habían motivado el amparo: algunos muertos por gatillo fácil, otros detenidos, niñas que fueron madre sin la decisión de serlo. “Este amparo a esos chicos y chicas no los ayudó para nada. Esperamos, por lo menos, que ahora tengan quienes siguen con vida algún tipo de reparación”, sostiene Minestrina.

“El fallo de la Corte inicia una nueva etapa, queda saber cómo el Estado con los recursos que tienen podrá hacer frente a esta sentencia. Y también consideramos importante poder incorporar a esta nueva etapa las voces de los pibes y pibas en riesgo, sumar sus voces y las voces de las organizaciones que están trabajando con la niñez”, cierra el integrante del programa de la UNLP.