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Home›Novedades›Juzgan a un policía por apremios ilegales

Juzgan a un policía por apremios ilegales

Por Ana Lenci
1 diciembre, 2014
1475
0

ANDAR en Morón

(Agencia) Comenzó el juicio oral al policía Ángel Sosa que revistaba en la comisaría segunda de Mariano Acosta (Merlo) por los cargos de allanamiento ilegal de morada, privación ilegal de la libertad, apremios ilegales -todas ellas agravadas por la condición de funcionario público- en perjuicio de Maximiliano Silva, Daniel Mancini y José Ismael Mancini. Por estos hechos –que precedieron al asesinato de Fabián Gorosito- ya habían sido juzgados por el TOC 5 de Morón 11 policías de esa misma dependencia, que fueron absueltos en juicio oral y público en el año 2013. Sosa no fue incluido en el juicio anterior por haber alegado no estar en condiciones psicológicas de enfrentar el proceso.

El presente juicio se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón -integrado por los jueces Claudio José Chaminade, Pablo Guillermo Lucero y Mariana Maldonado-; el fiscal interviniente es el Dr. Marcelo Papavero, y las víctimas se encuentran asistidas por los doctores Silvio y Silvio (h) Alfonzo. Están presenciando las audiencias la mamá y la abuela de Fabián Gorosito.

En la primera jornada  prestaron su declaración José Ismael Mancini y Maximiliano Silva ratificando y dando detalles de los hechos de los que fueron víctimas el 7 de agosto de 2010. Volvieron a relatar frente a este tribunal lo sucedido esa noche: cuando estaban comprando en un kiosco, sin mediar explicación alguna, fueron fuertemente golpeados en la vía pública por un grupo de policías de la comisaría segunda de Mariano Acosta. Fueron inmovilizados y trasladados en autos particulares hasta la Comisaría donde fueron golpeados nuevamente y obligados a firmar una contravención. “Fue una noche de golpiza”, dijo Maximiliano Silva. Los amenazaron diciéndoles que “si zafan de ésta, terminan en un zanjón”. Allí los efectivos formaron una fila y los fueron golpeando a medida que pasaban. Silva declaró haber sido llevado a un baño donde lo golpearon en los testículos mientras le decían “no vas a tener hijos”. José Ismael Mancini, por su parte, declaró que de la vía pública fue llevado a su domicilio por 4 policías que lo apuntaban en cada sien, y que tanto él como su hermano eran golpeados mientras les reclamaban que entregaran “los fierros”. De allí los trasladaron a la Comisaría 2, donde fue colgado del caño de una ducha y golpeado entre varios agentes policiales.

La madre de Maximiliano Silva declaró que al concurrir alertada por un vecino al kiosco donde estaban golpeando a su hijo, la policía le dijo “ahora lo llevamos a la comisaría, la próxima va a un zanjón”.

Durante toda la declaración Silva y José Ismael Mancini se refirieron al miedo con que viven cuatro años después de aquellos hechos. Silva especificó que desde el juicio por el caso Gorosito -en el cual fue testigo- sufrió cinco ingresos a su domicilio por parte de la policía y le incendiaron la casa hace tres meses. En todas las oportunidades fue rota la puerta de acceso y todo el mobiliario, y apenas dos meses atrás su hermano fue baleado y herido en los pies con perdigones de balas de goma por parte de dos policías de esa seccional.

Al escuchar estos relatos, el Tribunal les ofreció custodia de fuerzas nacionales que no tengan vínculo con la policía bonaerense y requirió a la Fiscalía que realice el trámite pertinente.

Es preciso recordar que estos mismos dichos ya fueron relatados por los hermanos Mancini y Maximiliano Silva en el juicio anterior a los once policías que fueron juzgados por estos mismos hechos y por el asesinato de Fabián Gorosito.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) -a través de su Dirección de Litigio Estratégico- fue veedora en ese juicio y solicitó el jury para el Tribunal que absolvió a los policías en el año 2013, habiéndose ya designado los senadores y abogados conjueces miembros del jurado.

Desde la CPM –que también participa como veedora en este juicio- manifestaron que “este proceso puede ser una oportunidad para poner en evidencia diferentes criterios judiciales a la hora de analizar hechos vinculados a la violencia policial”.

 

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