En un año excepcional, en el que todos los niveles de la vida personal y comunitaria están atravesados por la pandemia, 1.169 equipos de investigación se inscribieron en la XIX convocatoria de Jóvenes y Memoria. Este jueves, por vía zoom, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reunió a 300 educadores y educadoras que participan por primera vez del programa. A pesar de las dificultades del contexto, la masividad de la convocatoria consolida la presencia de Jóvenes y Memoria en todo el territorio de la provincia como un espacio para encontrarse y pensar, en clave de derechos humanos, las demandas sociales de cada tiempo histórico.

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(Agencia/CPM) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reunió a 300 docentes, educadores y educadoras que se inscribieron por primera vez en Jóvenes y Memoria. Mediante la plataforma virtual, la jornada sirvió para que las nuevas y nuevos coordinadores se encuentren, conozcan la perspectiva pedagógica e histórica del programa de la CPM y puedan reflexionar en torno a sus propios temas de investigación.

Políticas de memoria, las luchas por más derechos y la trama de desigualdad que volvió a evidenciar la pandemia estuvieron entre las reflexiones del primer encuentro de capacitación. “En este contexto, Jóvenes y Memoria tiene que servir como un espacio de reflexión sobre lo que nos está pasando hoy, un espacio para que las nuevas generaciones puedan inscribirse en este presente y pensarse como sujetos de derecho. Ese fue siempre el sentido del programa: la agenda de Jóvenes y Memoria es una agenda de las demandas de cada momento histórico”, expresó la directora general de la CPM, Sandra Raggio.

“Nosotros estábamos pensando otro proyecto, pero hoy la realidad es otra. Hoy estamos con los pibes y las pibas bancando una olla popular los martes, jueves y sábados, y entregando merienda lunes, miércoles y viernes. Es un trabajo que estamos haciendo con un club de barrio y ese es hoy nuestro proyecto”, contó Fernando Peralta, coordinador del espacio de juventud de la agrupación San Antonio de Merlo.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio repercutió de manera directa e inmediata en la economía familiar de supervivencia en los barrios populares; sin la posibilidad de salir a trabajar, una gran mayoría de sus habitantes, que viven de las changas, perdieron casi el único sustento económico. En pocos días los comedores y merenderos tuvieron que multiplicar las viandas de comida que servían. La organización comunitaria en los territorios, los lazos de solidaridad y las políticas focalizadas de los distintos gobiernos fueron indispensables para paliar la grave situación.

La experiencia pedagógica de Jóvenes y Memoria es una experiencia de la acción y en particular de la acción colectiva en los territorios. Una investigación en perspectiva de derechos humanos con un anclaje territorial. “Es un programa que hacemos entre todos y todas, la experiencia de trabajo nos permitió no sólo sostenerlo en el tiempo (ya lleva casi 20 años) sino también consolidar este programa como un espacio de participación y activismo que tiene mucho impacto en la propia comunidad”, agrega María Elena Saraví, directora de Jóvenes y Memoria.

Este año, en la XIX convocatoria, se inscribieron 757 escuelas y 412 organizaciones políticas, sociales y culturales que reunirán a 15.200 jóvenes y más de 3.000 docentes. Del total, 465 educadores y educadoras de 73 distritos de la provincia participan por primera vez del programa. De esos 465 nuevos equipos de investigación, 232 son organizaciones territoriales, dos son espacios educativos en contexto de encierro y 230 escuelas públicas o privadas.

“Para la Comisión Provincial por la Memoria, los derechos humanos y las políticas de memoria no son sólo un marco normativo sino que son campos disputa, de demanda de esos derechos e intervención. Por eso cuando pensamos la transmisión, cuando creamos el área de educación, pensamos que más interesante que el relato del pasado era cómo hacíamos para que las nuevas generaciones se sumen a los procesos de elaboración del pasado, que ese pasado sea apropiado en relación a las violaciones a los derechos humanos del presente”, explicó Sandra Raggio en otro momento de la charla.

Esa idea del programa se inscribe es una concepción política y ética que se inscribe en la matriz de trabajo de la CPM desde sus inicios. En ese sentido, la jornada de capacitación también sirvió para describir la dimensión histórica del organismo y sus diferentes líneas de trabajo: la gestión y preservación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, investigación y sitios, lesa humanidad, lucha contra la tortura y comunicación y cultura.

“En los primeros años de la Comisión hubo una decisión institucional de promover e implementar no sólo políticas de memoria sino también de derechos humanos en la clave del pasado-presente. Una labor que se realizó con absoluta independencia de los gobiernos de turno para lo cual fue importante la autonomía funcional y financiera que le fue otorgada por ley”, expresó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.

En esa decisión de intervenir en el presente, la CPM creó el Comité contra la Tortura: “En 2004 presentamos el primer informe anual con un relevamiento de casos judiciales de tortura. Un año después comenzamos a monitorear lugares de encierro y probamos judicialmente que a un detenido en la Unidad 9 de La Plata le pasaron corriente eléctrica.  Todo ese trabajo tuvo un impacto político muy fuerte porque, aunque hoy nadie pueda negar que en las cárceles se tortura, en ese momento había una fuerte negación sobre la existencia de la tortura en el presente”, agregó.

Así como la pandemia desnudó las profundas desigualdades sociales también puso en la agenda pública la radical crisis humanitaria que se vive en los lugares de encierro. “Hace 15 años que quería trabajar en el programa y recién ahora me anoté. El tema dictadura me toca personalmente y también este momento de pandemia. Tengo un hijo privado de libertad, que tiene bronquiectasias, lobectomía pulmonar y es asmático, es decir es un paciente en población de riesgo, pero nos denegaron dos habeas corpus. Yo le proveo los medicamentos porque el servicio penitenciario no les da nada. Realmente, en las cárceles no les entregan ni siquiera los insumos necesarios para que las personas puedan sobrevivir a la pandemia”, dijo Patricia de Los Polvorines.

Cómo se expresó durante el primer encuentro de capacitación, y como ocurre año tras año, la agenda de Jóvenes y Memoria está atravesada por el contexto histórico y comunitario. En un año difícil, pese al aislamiento, el programa sigue generando espacios de encuentros para pensar un presente, hoy, atravesado por la pandemia del coronavirus, por las desigualdades que potenció y las repercusiones que tendrá en cada barrio, pueblo y ciudad.

“Nos encontramos, aunque sea de manera virtual, y a pesar de las dificultades, para seguir pensando las investigaciones”, coincidieron los 300 coordinadores y coordinadoras que participaron de la jornada.