Desde el Congreso guatemalteco han elegido como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad al juez Mynor Moto, acusado por el Ministerio Público de delitos de corrupción y complicidad con el crimen organizado. Por el momento varios recursos de amparo y apelaciones en su contra impiden que asuma el cargo y la comunidad internacional ya está en alerta. Hoy se espera una gran manifestación frente a esa Corte que se replicará mañana en las principales ciudades del país. ¿Qué se está moviendo en la justicia de Guatemala?

ANDAR en Guatemala

(Agencia Andar) Gustavo Meoño es el actual Coordinador del Área de Memoria y Derechos Humanos de la Fundación para la Democracia de Rosario y fue en su país Director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN), una institución con mucho potencial para la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Al conocer el nombramiento la Fundación para la Democracia emitió un repudio que fue respaldado por numerosos organismos de derechos Humanos a lo largo de toda América Latina, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria.

En diálogo con Andar, Meoño explica que la Corte de Constitucionalidad es una instancia superior a la Corte Suprema y ha sido en los últimos años uno de los últimos y únicos baluartes contra la impunidad, junto a la defensoría del pueblo y a una fiscalía especial contra la impunidad.  Está integrada por 5 titulares y ha mantenido un delicado equilibrio entre dos funcionarios más comprometidos con la corrupción y los militares y tres “que han detenido la piña como decimos allá, de una manera muy importante, con mucha valentía”, describe Meoño.

¿Cómo entra Mynor Moto en la ecuación? Uno de esos tres jueces murió, fue sustituido por un suplente que mantuvo su misma línea y en abril se renovarían todos los miembros. “Ha trascendido que en estos pocos meses han planificado una serie de leyes gravísimas. En primer lugar una ley de amnistía para liberar a los implicados en crímenes de lesa humanidad que favorecería a quienes ya están condenados así como impediría nuevos juicios. Al nombrar a este nuevo titular la correlación cambia, esa sería una de las principales pretensiones. Su designación es claramente cuando a alguien le encargan el trabajo sucio para facilitar lo que vendrá después”, resume Meoño.

Mynor Moto se hizo muy conocido como juez de instancia cuando empezó a favorecer a funcionarios corruptos y personajes vinculados al narcotráfico a través de sus fallos, y al mismo tiempo apoyó denuncias y querellas presentadas por el entorno de los militares retirados, uno de los sectores que sostienen la actitud más beligerante a favor de la dictadura. “A medida que se fue destacando empezó a subir su perfil, haciendo notorio también que había dinero detrás de él, o sea comprando voluntades. Primero para ser presidente de una asociación de magistrados, y ahora para su candidatura para la Corte de constitucionalidad por parte del Colegio de abogados”, detalla Meoño.

El cambio de gobierno en Estados Unidos ha planteado en la región una nueva coyuntura. “Guatemala es tratada como patio trasero del imperio y su influencia política tiene implicaciones muy fuertes. Todos estos personajes están preocupados con los cambios que se puedan producir con el inicio de la administración Biden. Esa es la prisa para hacer esto de una manera tan burda, tan grotesca”, analiza el referente y agrega: “Cuando los funcionarios de cualquier gobierno pierden todos los límites, deja de importarles la Opinión Pública, se convierten en algo muy peligroso. Cuando ya no se detienen a cuidar formas son capaces de hacer lo que sea. Y eso es parte del temor”.

Mientras los tres magistrados más honestos de esa corte definieron, en conformidad con la ley, que Mynor Moto no puede tomar posesión del cargo mientras no se resuelvan los recursos de amparo y las denuncias en su contra. Estas objeciones fueron aumentando con el transcurso de las horas y ya son 12. La esperanza es que se haga lugar a algunas impugnaciones y se rechace su asunción a la magistratura.

Esto también implica tiempo para que reaccione tanto la opinión pública, como los organismos y voces internacionales que ya se están manifestando. Entre hoy y mañana se esperan grandes movilizaciones de una ciudadanía que parecía adormecida entre las consecuencias de la pandemia, la apatía y el temor.