Alrededor de las 23 horas del viernes pasado, mientras las autoridades de mesa y los fiscales de las organizaciones estudiantiles de la Facultad de Derecho de la UNLZ se preparaban para el recuento de votos, ingresaron más de una decena de efectivos de la Policía Local que, sin orden judicial y sin explicitar los motivos de su presencia en esa unidad académica, se hicieron cargo del control del escrutinio y le impidieron el ingreso a varios fiscales de organizaciones opositoras al rectorado. La decana de Derecho es concejal por el Frente Renovador, espacio al que también pertenece el rector, y aún no se expidió sobre los graves incidentes: sospechas de fraude –en 4 mesas había más votos que sobres- y agresiones verbales de los policías.

ANDAR en Lomas de Zamora

(Agencia) En diálogo con ANDAR, referentes de la agrupación Frente Estudiantil Popular, de la Facultad de Derecho de la UNLZ, y de Sociales Grande, de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, señalaron la serie de graves incidentes que ocurrieron a raíz de la irrupción de la Policía Local durante el recuento de votos estudiantiles, en el marco de las elecciones realizadas en Derecho entre el martes 9 y el viernes 12 de mayo.

Ocurrió el viernes 12 durante el recuento de votos en Derecho

El operativo policial se inició pasadas las 23 horas del viernes, mientras las agrupaciones y las autoridades de las mesas de votación se preparaban para el escrutinio, que se realizaría en el primer piso de la Facultad de Derecho.

Los efectivos, sin informar los motivos de su accionar, ocuparon las escaleras y accesos desde la planta baja y luego, en el conteo de varias urnas, impidieron la presencia de fiscales que no fueran de la agrupación Todos por Derecho, que responde a la decana María Fernanda Vázquez y al rector Diego Molea, activos dirigentes del Frente Renovador de Lomas de Zamora.

“Los resultados de esta elección son profundamente cuestionados por los estudiantes y las organizaciones opositoras porque no se respetó, ni siquiera, la fiscalización de las urnas. No se entiende cómo las autoridades permitieron el acceso de la Policía, cuando viola directamente la autonomía universitaria. Todavía no han dado explicaciones sobre lo sucedido a pesar de la gravedad de los hechos”, destacaron.

Los referentes de las organizaciones Frente Estudiantil Popular y Sociales Grande detallaron que en al menos 4 de las 10 urnas, fueron contados más votos que sobres de votación y, pese a intentar la revisión del escrutinio en esas mesas,  los resultados fueron legitimados por las autoridades de la Facultad. En cuanto al padrón, denuncian el desmesurado volumen de presuntos estudiantes que, para esta elección en Derecho, figuraban más de 10.000 habilitados a votar.

“Las prácticas promovidas desde el decanato y el rectorado son bochornosas: promueven siempre la presentación de 10 ó 12 listas, de las cuales solo tres son casi siempre las que realmente representan espacios políticos; el resto es agrupaciones que se arman a último momento para licuar el voto del Frente Estudiantil Popular (cercano al kirchnerismo) y del Partido Obrero”, explicaron.

Cabe destacar que en la sede de la Facultad de Derecho de la UNLZ, por convenio suscripto entre la casa de estudios y la Municipalidad de Lomas de Zamora, se dictan parte de los espacios de formación de la Policía Local.

Por otra parte, desde las agrupaciones opositoras a Todos por Derecho, señalan el doble criterio de las autoridades de la UNLZ, que el 17 de abril pasado, con motivo de la irrupción policial en la Universidad Nacional de Jujuy, emitieron un comunicado a nombre de la casa de altos estudios bonaerense bajo el título: “La UNLZ repudia el ingreso ilegal de las fuerzas policiales en la UNJu”.

En aquella oportunidad, la gestión de Diego Olea señalaba que “La Universidad Nacional de Lomas de Zamora expresa su enérgico rechazo al accionar de la policía de la Provincia de Jujuy, que el último miércoles realizó un procedimiento dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu y detuvo a dos estudiantes sin orden judicial”.

“El operativo de los uniformados fue violatorio del artículo 31 de la ley 24521 de Educación Superior que determina: ‘LA fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”, cita el comunicado.

“Desde esta casa de estudios, tal como quedara de manifiesto en un reciente comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, “hacemos un llamado a las fuerzas policiales de Jujuy para que se respete el estado de derecho y la autonomía universitaria, que garantice la libre acción de todos los claustros universitarios, tal es el espíritu de la universidad pública, abierta e inclusiva que caracteriza a la República Argentina”, concluye.