La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó en el complejo turístico de Chapadmalal el VI Encuentro nacional de familiares contra la tortura y otras violencias estatales y el IV Encuentro nacional de organizaciones y espacios de memoria. Ambos encuentros compartieron los espacios de reflexión y formación para intercambiar las experiencias de trabajo e intervención en sus lugares frente al avance de las políticas punitivistas. Integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura reconocieron el valor de estas organizaciones para cumplir con su mandato legal de erradicar las violaciones a los derechos humanos del sistema penal.

ANDAR en Chapadmalal

(CPM) 450 familiares víctimas de violencia estatales y unos 60 referentes de organizaciones y espacios de memoria de todo el país se reunieron en el complejo turístico de Chapadmalal para compartir experiencias de trabajo y pensar estrategias de acción e intervención en los territorios. Cada una de esas organizaciones vio, en los últimos años, cómo creció la cantidad de víctimas de violencia estatal que se acercaban a buscar respuestas, asesoramiento o, simplemente, un espacio de contención. Una demanda que atravesó a las instituciones a la par que se profundizaron las políticas represivas y punitivistas.

“Sentimos la rabia de ver esas luchas en las calles y que nadie escuche nuestro dolor. Necesitamos una justicia al servicio de las víctimas y los familiares”, señalaron en el manifiesto escrito durante el encuentro. “Nuestra esperanza es ser escuchados, somos familiares, somos víctimas, somos la voz de una causa común: los derechos de nuestros hijos e hijas. Y el Estado tiene el deber de escucharnos porque nosotros ya estamos cansados de esperar”.

Tanto el VI encuentro nacional de familiares contra la tortura y otras violencias estatales como el IV encuentro nacional de organizaciones y espacios de memoria forman parte de una línea de trabajo que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene realizando desde hace varios años. Línea de trabajo que resulta indispensable seguir fortaleciendo para cumplir con el mandato legal de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires.

“Este camino que empezamos en 2014 con familiares víctimas fue generando distintos espacios de organización, articulando estrategias de intervención conjunta. Pero ese trabajo se remonta a mucho antes, desde el principio, todo lo que fuimos construyendo a partir del monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad, salud mental y niñez y lo hicimos con ustedes, escuchando sus padecimientos, porque las voces de las víctimas son la verdad”, explicó el secretario de la CPM Roberto Cipriano García. Y agregó: “La Comisión fue designada como Mecanismo de la Provincia y es un mandato legal que ahora tenemos y que vamos a cumplir, como hicimos siempre, con las personas privadas de libertad y familiares”.

La presencia de más de 500 militantes por los derechos humanos de 17 provincias de todo el país es también un reconocimiento al trabajo del organismo desde su creación y a las redes que se fueron conformando en los territorios; fueron esas mismas organizaciones las que acompañaron el pedido de la CPM para su designación como Mecanismo.

“Hace 20 años teníamos en claro que la democracia no garantizaba los derechos humanos, porque nacimos cuando las políticas de mano dura, en pleno neoliberalismo, se volvieron sistémicas. En estos cuatro años, con el retorno del neoliberalismo, los sitios fueron un espacio de resistencia, la memoria se cargo de la agenda de lo que estaba pasando. Esa relación pasado presente no es un trabajo o reflexión intelectual. Es lo que pasa en los territorios.”, señaló la directora general Sandra Raggio haciendo un cruce entre los dos encuentros.

En ese sentido durante la apertura, María Julia Portas del Espacio municipal para la memoria ex CCDTyE “El Infierno” de Avellaneda reconoció que “para los trabajadores de los espacios de memoria es un desafío cotidiano dar cuenta de las violencias en el presente. Celebro el desafío que nos ponen con este encuentro, de pensar colectivamente. Hoy nosotros venimos a escuchar y aprender”. Por su parte, Walter Ormazábal del Consejo del sitio de memoria Pozo de Quilmes remarcó el trabajo que vienen realizando con la Comisión: “Un espacio de formación para ser parte del mecanismo y desarrollar políticas contra la tortura”.

El rol de familiares en el sistema nacional de prevención de la tortura

En el marco de las actividades que se realizaron durante este fin de semana, se realizó un conversatorio con integrantes del Comité nacional para la prevención de la tortura, creado por ley 26.827 en cumplimiento de lo dispuesto por el Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes de la ONU.

En septiembre pasado, el Comité nacional aprobó por amplia mayoría proponer a la CPM como mecanismo local de la provincia de Buenos Aires. Esta decisión fue ratificada recientemente por el Consejo federal.

“No puede existir la tortura ni los tratos crueles, inhumanos o degradantes porque es el compromiso que tiene el país con instancias internacionales. Ese es nuestro mandato legal y es un mandato que necesitamos hacer con las organizaciones”, señaló el presidente del comité, Juan Manuel Irrazábal. “Y también es parte de de nuestra responsabilidad crear un mecanismo provincial en cada provincia, acá designamos a la Comisión para ayudarnos en esta tarea”, remarcó.

Las jornadas organizadas por la CPM coincidieron con una protesta extendida en muchas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires: personas detenidas sostuvieron durante varios días una huelga de hambre en reclamo por la falta de comida y las graves condiciones de detención. “Fuimos creados para la prevención, pero no hay prevención de la tortura posible con la actual crisis carcelaria, en situación de sobrepoblación y hacinamiento”, agregó Irrazábal.

¿Cómo empezar a intervenir a partir de los registros que ya vienen realizando las organizaciones de familiares? ¿Se está tratando algún proyecto de ley para revertir la ley 24.660 que llevó a este colapso total del sistema penal? Esas fueron una de las preguntas que recibieron el presidente del Comité y los comisionados Diana Conti, Rocío Alconada Alfonsín y Josefina Ignacio. Los familiares también expresaron la preocupación por la formación de las fuerzas de seguridad, la ausencia de políticas del patronato de liberados.

“Tenemos que transformar el discurso persecutorio, que quiere imponer una doctrina de seguridad por encima de los derechos humanos de las personas. Y hay síntomas de otra forma de pensar la seguridad: Kicillof reconoció en el discurso inaugural la sobrepoblación, hacinamiento y hambre. El presidente Alberto Fernández rechazó públicamente el uso de la prisión preventiva como una condena anticipada”, declaró Diana Conti.

La comisionada Rocío Alconada Alfonsín también remarcó la necesidad de “cuestionar la política de mano dura, que es una política de punitivismo selectivo. Y no podemos permitir que esa discusión nos la ganen oportunistas en el tema. Pero esa disputa larga, no debe impedir la intervención inmediata: tenemos que combatirla cuando ya sucedió y prevenirla para que no siga ocurriendo”.

“Tenemos que mirar las cárceles: los niveles de reincidencia demuestran el fracaso de este sistema penitenciario. Necesitamos una política de encierro desde el paradigma de la oportunidad y no del castigo”, resumió Josefina Ignacio.

De la mesa también participó el integrante del Mecanismo local de prevención de la tortura de Corrientes Jorge Izeta: “La provincia tiene una ley que no reúne todas las condiciones para la acción del mecanismo; sin embargo, lo hicimos durante estos 4 años. Y para eso fue fundamental la comunicación con los familiares, el trabajo de ustedes en buena parte determinará el éxito o fracaso del sistema nacional”, señaló.

“Hacer que nosotros seamos parte de la agenda pública”

“El encuentro de familiares es un espacio de aprendizaje, contención y construcción permanente. Acá nos acompañamos desde la certeza de saber que no nos pasa sólo a uno o una. A nosotros nos pasó lo peor, pero necesitamos estar con otros, con los que sufren para cambiar lo que nos pasa”, dijeron en otra parte del manifiesto.

Ese espíritu de solidaridad y compromiso recorrió los distintos talleres de trabajo que se realizaron durante los tres días del encuentro y tuvo su momento de mayor expresión en la charla debate “Organizarse contra la impunidad y las violencias estatales”.

“Los que pasamos por estas violencias, sabemos la capacidad destructiva de las instituciones, que no sólo nos quita la vida a nuestros seres amados, sino que nos rompen a nosotros y nuestros entornos familiares. En la organización encontré la salida al dolor, seguir viviendo para seguir luchando”, dijo César Antillanca en la apertura de la mesa. César es el padre de Julián, un joven asesinado en septiembre de 2010.

Julián apareció muerto en el barrio UPCN de Chubut luego de haber salido a bailar con sus amigos. En un primer momento se dijo que el chico tenía un coma alcohólico que lo llevó a la muerte, pero luego la autopsia y la investigación judicial determinaron que falleció producto de un fuerte golpe en la nuca provocado con un objeto contundente. Cinco años después, y luego de un primer fallo que fue revocado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, los policías Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba fueron declarados culpables de homicidio agravado, el comisario Carlos Sandoval fue condenado por encubrimiento agravado.

En las colas de las visitas a los penales, Noemí Santana se juntó con otras madres y crearon la cooperativa textil Esperanza, un emprendimiento productivo para poder costear el costo de las visitas y no perder el vínculo familiar. “Hoy somos unos 70 compañeros en la Cooperativa, pero siempre nos queda chico porque uno sigue conociendo cada vez más familiares que están pasando los mismos problemas”, cuenta.

Noemí recordó cómo conoció el trabajo de la Comisión: “Mi hijo estaba detenido en buzones, y vio un número escrito en la pared con el número de teléfono y me dijo llamá acá, fijate qué te dicen. Desde entonces fuimos aprendiendo nuestros derechos con el trabajo de la Comisión; hasta ese momento, no sabíamos que teníamos todos los derechos vulnerados. Hoy, estamos acá y tenemos que hacer que nosotros, como familiares, seamos parte de la agenda pública”.

La mesa la cerraron dos madres de las masacres ocurridas en el territorio bonaerense durante la gestión de Cristian Ritondo: la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino y la masacre de Monte. El ex ministro de seguridad también es responsable de la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría, en esa causa la CPM pidió que sea llamado a indagatoria.

“Camila se fue a jugar con sus amigos y esa madrugada no la dejaron volver porque la asesinaron. Desde ese día dejé de ser la que era y me preguntaba día a día cómo hacía para seguir. Y así comenzamos a organizarnos, a cargarnos de fuerza, desde lo colectivo”, cuenta Yanina Zarzoso, mamá de Camila, víctima de la masacre de Monte. “La Comisión estuvo desde el primer momento, en lo legal y fundamentalmente en lo humano que fue y sigue siendo lo primordial”.

El próximo viernes 20 de diciembre, el Tribunal Oral Criminal N 1 de Pergamino dará a conocer la sentencia por la masacre ocurrida el 2 de marzo de 2017 en la comisaría 1ª de esa ciudad. La justicia tiene la posibilidad de reparar en algo a las familias de los siete jóvenes que murieron, la reparación lo saben no podrá ser completa nunca.

“Hubo 18 audiencias donde sostuvieron una mentira organizada, todavía no pudimos conocer la verdad. Sabíamos que era una lucha desigual, que las fuerzas de seguridad y la justicia son selectiva”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto. Por la masacre, hay seis policías imputados, 4 de ellos aguardan la sentencia con arresto domiciliario.

“Desde el primer momento, la ciudad nos defenestró en las redes, tuvimos que derribar la versión policial del motín. Y nos llevó mucho tiempo, incluso superar la propia vergüenza. Tardé muchos días en darme cuenta que a mi hijo lo habían matado, que era una violencia del Estado. Somos la garganta para reclamar: pedimos justicia, pero la justicia sería que hoy estén acá”, cerró.