Desde ANDAR conversamos con las compañeras, referentes y luchadoras, que integran la CPM y compartimos sus voces en esta producción especial de la Agencia en el día de la NO violencia contra las mujeres. NI UNA MENOS. VIVAS NOS QUEREMOS!

 ANDAR contra la violencia machista

Susana Méndez, psicóloga y tesorera de la CPM.

“Mujeres privadas de libertad. La mayoría de las  mujeres privadas de libertad provienen de situaciones sociales de bajos ingresos, son víctimas de violencia doméstica,  de abusos sexuales y de malos tratos muchas veces degradantes, lo que hace que padezcan problemas de salud física y mental,  presentando un estado de salud deficiente.

La pobreza y la discriminación, que sufren las mujeres, producto de una cultura patriarcal, se ven aumentadas en  las mujeres detenidas. Por otro lado, esta situación  legitima y replica la violencia contra las mujeres en los lugares de encierro.  En prisión, las mujeres se enfrentan a múltiples formas de discriminación para acceder a servicios apropiados que tengan en cuenta las cuestiones de género en varios aspectos del régimen penitenciario, como la asistencia sanitaria, las oportunidades educativas, los servicios de reinserción y los derechos de visitas.

Hay estudios que indican que hasta un 80% de las reclusas son madres. Muchas son madres solteras o son las principales responsables del cuidado de sus hijos y su encarcelamiento puede dificultar considerablemente la vida de estos. El contacto entre ellas y sus hijos suele ser difícil y agudiza la culpabilidad de no atender a sus hijos, con que la cultura señala a las mujeres presas, esta preocupación es uno de los principales factores que contribuyen a la elevada incidencia de problemas de salud mental y autolesiones en éstas.

Las mujeres son particularmente vulnerables a sufrir todo tipo de agresiones sexuales por parte de personal de los servicios penitenciarios, como violaciones, insultos, humillaciones y registros corporales innecesariamente invasivos. Al trauma del abuso sexual, se suma la particular estigmatización que las hace sentir humilladas, con riesgo a quedar embarazadas, o que su familia interprete este hecho como relaciones consentidas y, por lo tanto extramatrimoniales.  Los guardias varones vigilan a la las reclusas en momentos íntimos, ya sea cuando se están duchando o cuando se visten, lo que acrecienta la sensación de degradación.

La mayoría de las políticas y servicios sanitarios de las prisiones no han sido diseñados para satisfacer las necesidades de salud específicas de las mujeres y no tienen en cuenta la prevalencia de problemas de salud mental,  la elevada incidencia de la exposición a diferentes formas de violencia y las cuestiones de salud sexual y reproductiva propias de las mujeres. Son motivo de especial preocupación la falta de atención especializada, como el acceso a ginecólogos y obstetras; la falta de espacios privados para los reconocimientos médicos y de confidencialidad; el trato deficiente ofrecido por el personal sanitario de las prisiones; en particular para enfermedades crónicas y degenerativas; así como las tasas de transmisión de enfermedades como el VIH, que de acuerdo a informes son muy elevadas.

Las denuncias del Comité contra la tortura de la Comisión provincial por la memoria, indican que los derechos humanos no se respetan en los en los penales del país, ni para los hombres, y con las mujeres, esta discriminación es mucho más profunda y persiste con mayor violencia por la acción de una cultura que las menoscaba y que no visibiliza sus necesidades y derechos.  Las normas establecidas por los tribunales internacionales deberían servir de ejemplo a seguir para los tribunales provinciales y nacionales, tomándolas como modelo para aplicar los requisitos institucionales de equilibrio de género, que permita el respeto por los derechos  de mujeres  y  hombre por igual.”