El joven fue asesinado por el prefecto Juan José Silva en el 2015. Inés Alderete, su mamá, peleó por justicia todos estos años y logró que al menos el hombre sea juzgado ante la justicia en lo correccional. Durante los alegatos la querella solicitó la pena máxima posible por el delito que se le imputa: 5 años por homicidio en exceso de legítima defensa y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

ANDAR en Quilmes

(Agencia Andar) Durante las últimas jornadas en el juicio al prefecto Juan José Silva por la muerte de Marcos Acuña se desarrollaron las últimas declaraciones de testigos y los alegatos con una sorpresa: el testimonio del imputado. La sentencia se conocerá este viernes.

La jornada del viernes comenzó con la declaración de peritos: balístico y forense. Las pericias indicaron que la bala que mató a Marcos antes de entrar en el cuerpo estaba abollada. “La jornada del viernes fue muy difícil”, resume Inés y explica que, si bien los expertos aclararon que no podía tratarse de un disparo hecho hacia el piso, ese dato le abría la puerta a la defensa para generar dudas. Y luego llegó la sorpresiva declaración del imputado.

“Todo lo que declaró no coincide absolutamente con nada, ni con los testigos, ni con las pruebas forenses, con nada; las declaraciones son contradictorias y no dan los tiempos en lo que describe –dice Inés-. Es doloroso escuchar tantas mentiras”.

“Yo siempre dije que puede ser que la bala haya rebotado, fue y vino. Pero Silva disparó, disparó cuando los pibes se iban, después de que él los amenazó con un arma. No hubiera tirado”, cierra la mamá de Marcos

El lunes también fue una jornada difícil para la familia de Marcos. ”El alegato de los defensores fue una vergüenza. Faltaron el respeto, mintieron, yo entiendo que son defensores pero fue mucho. Trató de delincuentes a los familiares que me acompañan. Me dieron ganas de levantarme e irme. Los que estaban afuera dándome fuerzas son mi justicia, todas las mamás y amigos que me acompañan”, dice Inés sobre los familiares de víctimas de violencia policial que acompañaron su reclamo

Los abogados de la querella pidieron la pena máxima de 5 años por homicidio en exceso de legítima defensa más 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia no será presencial si no que el viernes firmarán el acta y desde el juzgado se va a informar por correo electrónico. “Esa es la justicia que tenemos para los pibes que asesina la policía. Es mucha la indignación”, concluye Inés.