La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) integró de la comitiva del Sistema interinstitucional de control de cárceles que monitoreó los sectores destinados a la educación, principalmente el Centro Universitario Devoto (CUD), en el Complejo Penitenciario Federal de CABA. Tras la inspección, la comitiva denunció hacinamiento y condiciones de alojamiento que se encuentran al límite del piso mínimo establecido por los estándares internacionales, e hicieron señalamientos especialmente con relación a la continuidad de los programas de educación y a la importancia del espacio educativo para la reinserción de las personas privadas de la libertad.

ANDAR en cárceles federales

(Sistema interinstitucional de cárceles) El organismo, que preside el juez Gustavo M. Hornos y busca proteger los derechos humanos de los privados de libertad, en esta oportunidad se dirigió a relevar y analizar el sistema educativo del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires

El pasado 7 de septiembre, una comitiva del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles concurrió, sin previo aviso, al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La comitiva estuvo integrada por el presidente del Sistema, el juez Gustavo M. Hornos; el juez Sergio Paduczak; los integrantes de la Procuraduría contra la Violencia Institucional Bárbara Franco, Juan Manuel Introzzi y Luciana Virgolini; el defensor público oficial Ricardo Richiello; el coordinador del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, Luciano Hazan; Eva Asprella y Macarena Fernández Hofmann, por el CELS, y Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria. Contó con la asistencia como actuaria de la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher, y el jefe de despacho Nicolás Herbin.

Durante la recorrida estuvieron presentes el jefe del Complejo, Adrián Espinosa, el subjefe Hugo Medina y el delegado de ejecución de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Ignacio Milano.

En la oportunidad, la comitiva del Sistema concurrió con el objeto de monitorear los sectores destinados a la educación, principalmente el Centro Universitario Devoto. Allí funciona el Programa UBA XXII. Se trata de un programa de la Universidad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaria de Asuntos Académicos, que dicta carreras de grado y cursos presenciales (actividades de extensión) en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Tiene por finalidad garantizar el acceso a la formación universitaria curricular y extra curricular de personas que se encuentran privadas de su libertad.

Con el objeto de asegurar el derecho a la educación primaria secundaria y universitaria que se dicta en la cárcel, se realizó un monitoreo que se extendió hasta pasadas las 20hs., se formularon entrevistas confidenciales a los estudiantes y se inspeccionó el “Pabellón Universitario”. Se trata de un pabellón de alojamiento colectivo en el que conviven 74 personas.

Se constataron indicadores de hacinamiento y condiciones de alojamiento que se encuentran al límite del piso mínimo establecido por los estándares internacionales –Reglas Mandela- (suciedad, mesas y sillas rotas, falta de calefacción, deficiencias en el funcionamiento de los anafes en la cocina, pérdidas de agua, entre muchas otras).

Al finalizar la recorrida, la comitiva se reunió con las autoridades del Complejo en una mesa de diálogo. Se hicieron señalamientos especialmente con relación a la continuidad de los programas de educación y a la importancia del espacio educativo para la reinserción al medio libre.

Las autoridades del Complejo se comprometieron a asegurar la continuidad del programa y a colaborar para que las prestaciones de enseñanza primaria, secundaria y universitaria lleguen a la mayor cantidad de internos alojados en la Unidad.

Además, se hicieron señalamientos de temas generales referidos a la atención médica, a los reclamos de infraestructura y al sistema de calificaciones.

De esta manera, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma su compromiso con las personas privadas de la libertad y el aseguramiento de la vigencia de sus derechos.