En una renovada campaña de difamación contra las políticas de memoria y derechos humanos, el titular del Ministerio de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, mandó a auditar los últimos ejercicios presupuestarios del ente público autárquico y tripartito que integran el Gobierno de la Ciudad, un directorio de organismos de derechos humanos y, precisamente, el propio gobierno nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo que el funcionario vociferó en redes sociales como el corte de una “caja millonaria sin control” no es más que un fondo del tesoro nacional establecido por la ley 26.415 y que se destina más de un 90 por ciento al pago de salarios, quedando el resto para pago a proveedores, tareas de limpieza y mantenimiento y otras. El control de esas cuentas es a través de procedimientos administrativos aplicados por las tres partes, entre ellas el Ejecutivo nacional, por lo que si se hubieran cometido ilícitos debería responder por ellos el propio ministro y su secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. 

ANDAR en los espacios de memoria

(Agencia) Un día antes del feriado del 2 de abril por el Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas se llevó a cabo una reunión convocada por la coordinación del órgano ejecutivo que administra el Espacio de memoria de la ex ESMA a los fines de resolver el problema de los sueldos impagos de 176 trabajadores. 

Cabe aclarar que el órgano ejecutivo del ente público Espacio Memoria de la ex ESMA está integrado por tres partes: un conjunto de organismos de derechos humanos con un representante rotativo cada dos años; el gobierno de la Ciudad, representado por Natacha Steinberg; y el gobierno nacional, expresado por el cuestionado Alberto Baños, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. 

Todas las decisiones del órgano ejecutivo tienen que salir por consenso y es el ente público la máxima autoridad dentro del Espacio Memoria, y no el Ministerio de Justicia nacional como pretende instalar su titular, Mariano Cúneo Libarona. 

De aquella reunión surgieron una serie de demandas absurdas por parte de Baños como requisito para el giro de los fondos necesarios para el funcionamiento del Ente Público y el pago de los salarios adeudados: desde la confección de un presupuesto “plurianual” hasta la rendición de cuentas completa de los últimos ejercicios, cuando en realidad todos los gastos del año pasado ya fueron auditados y aprobados con la firma del propio Baños por ser una de las partes del ente público.

En realidad, especulan casi todos los trabajadores y delegados gremiales afectados por la sorpresiva auditoría, se trata de una nueva maniobra de difamación de las políticas de memoria, verdad y justicia, al mismo tiempo que la generación de ruido político y mediático en el marco de una importante derrota del gobierno nacional con la caída de los pliegos de los dos aspirantes a integrar la Corte Suprema. 

El mayor gesto de hostilidad y arbitrariedad lo generó el ministro Cúneo Libarona el jueves pasado, cuando publicó en sus redes que se cortaría con una “caja millonaria de los derechos humanos”, confirmando que ninguno de los 176 trabajadores dependientes del ente público cobraría su salario correspondiente a marzo. 

Desde el jueves pasado a este lunes 7 de abril pasaron cinco días y la situación es exactamente igual aunque gravosa para los derechos de los afectados y en flagrante violación de lo normado por la ley de contrato de trabajo, que no permite dilatar el pago de un salario hasta pasado el cuarto día hábil del mes.

Por esta razón, los delegados gremiales y los trabajadores dependientes del ente público continúan con el cese de tareas y con guardias mínimas en los lugares de trabajo. La lucha de los organismos involucrados contiene la demanda salarial pero, en términos amplios, en la continuidad de las políticas de memoria y contra el vaciamiento y cierre de los sitios que pretende completar el gobierno nacional desde diciembre de 2023.