Ante la remisión por parte del ejecutivo provincial de un proyecto de ley para establecer un régimen provincial de armas, organizaciones de derechos humanos y organizaciones y referentes que impulsan el desarme presentaron a la legislatura y el ejecutivo provincial su posición en torno al proyecto.

La CPM, CELS, CEPOC, CIAJ, INECIP, ILSED y diversas asociaciones nucleadas en la Red Argentina para el Desarme (RAD) (Asociación Alfredo Marcenac, Fundación Lebensohn, Centro de Estudios, Análisis en Investigación en Seguridad Urbana de la Universidad de Cuyo, Asociación Políticas Públicas), presentaron un documento en el que se destaca la importancia de debatir la regulación estatal de las armas de fuego y se solicita la apertura de un espacio de debate donde se considere la opinión de especialistas y organizaciones que trabajan sobre la temática.

El escrito, que fue presentado al gobernador Daniel Scioli, al vicegobernador Gabriel Mariotto y a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, destaca la importancia de crear un régimen provincial de armas a la vez que alerta sobre las falencias que presenta el proyecto ya que prioriza el control registral, no promueve una política integral sobre la violencia armada y superpone y duplica registros ya existentes. En este aspecto el proyecto es contradictorio con la normativa nacional que regula la materia y aporta a la burocratización del sistema. En el mismo sentido expresa que el proyecto no contiene ninguna disposición relativa al control sobre las armas pertenecientes a las fuerzas de seguridad y que no contempla a la Policía Bonaerense como objeto a ser controlado, desentendiéndose de la destrucción de excedentes y del control sobre sus arsenales y depósitos.

Se destaca en el documento que: “Se trata de un problema de primer orden ya que la proliferación de armas legales e ilegales impacta negativamente en la vida social agravando las consecuencias dañosas y aumentando la letalidad de los conflictos interpersonales, familiares y de los delitos cometidos con armas de fuego. Para citar sólo una cifra, en los últimos años, en la provincia de Buenos Aires, la incidencia de las armas de fuego en los homicidios dolosos ha sido superior al 60 %.

Nuestra oposición a las leyes que limitan las excarcelaciones a quienes porten armas de fuego no sólo se fundamenta en el rechazo hacia aquellas medidas que violen las garantías y derechos constitucionales de la población, sino también porque se trata de una iniciativa ineficaz para luchar contra la violencia que provocan las armas de fuego. La gravedad del problema reclama abandonar este tipo de prácticas anacrónicas dirigidas a rescatar armas del circuito ilegal a través de acciones caso a caso mediante operativos policiales. Por el contrario, es indispensable concentrar las acciones del estado en medidas que incidan en los mercados de armas, disminuyendo sus efectos negativos.

Consideramos que la creación de un régimen provincial de armas debe ser objeto de un amplio debate público en el que participen todos los sectores interesados e involucrados en la materia y que cree la trama institucional que permita la efectiva aplicación de las normas.

Firman: Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrática (ILSED), Instituto de Estudio Comparados en Ciencia Penales y Sociales (INECIP), Red Argentina de Desarme (RAD), diputado provincial Marcelo Saín, defensor de menores Julián Axat.

Más información: prensa@comisionporlamemoria.org