El pasado 29 de mayo, durante un operativo policial con personal uniformado y de civil, tres vecinos y una vecina de la toma de tierras en Las Catonas, Moreno, fueron brutalmente golpeados y acusados de resistencia a la autoridad y usurpación. En la Comisaría 8ª de Moreno siguieron los golpes e insultos discriminatorios; fueron obligados a desnudarse y hacer flexiones. A tres los liberaron casi 24 horas después; el cuarto obtuvo el arresto domiciliario después de diez días. Cuando volvieron a sus casas, les advirtieron: “Ustedes están acá por la cuarentena, pero cuando termine los pasamos por arriba con la topadora”. 350 familias viven en el asentamiento. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó la denuncia penal y presentó un habeas corpus.

ANDAR en Moreno

(Agencia) “Me arrastraron de los pelos, me pegaron, me defenestraron, nos armaron una causa y en la comisaría me desnudaron frente a mis vecinos y policías”, así resume María un calvario que duró para ella casi 24 horas y que, para su marido, todavía no termina: recién diez días después del violento operativo policial del 29 de mayo pasado, obtuvo el arresto domiciliario.

María es madre de cuatro hijos y está embarazada de tres meses, es una de las referentes de la toma de tierras en el predio de ruta 23 y Obrien en la localidad de Moreno. Desde noviembre pasado, familias se fueron asentado con construcciones precarias en el terreno lindante al CIC La Bibiana; hoy son 350 familias, María tiene un boleto de compra venta pero fue estafada. “Me vine a vivir el 2 de enero, pagué 70 mil pesos mi terreno, jugaron con nuestra necesidad”, dice.

El 28 de febrero pasado la justicia ordenó el desalojo; sin embargo, se inició una mesa de diálogo con el Municipio que permitió frenar la medida. En esa reunión, se acordó retirar las viviendas hacia el interior del predio, dejando libre cien metros entre la toma y la veda de la ruta. En la madrugada del 29 de mayo, otras familias quisieron ocupar ese terreno, pero fueron desalojadas por la policía.

Tras el desalojo, los efectivos de la comisaría 8ª de Moreno prendieron fuego lo poco que habían llegado a levantar. “Nos encontramos con mucho humo en la pieza de nuestra casilla y mi marido sale con un balde a apagar el fuego. Mi nene que había salido detrás de él, vuelve al rato a decirme que le estaban pegando”. Cuando sale, ve a 6 ó 7 policías de civil golpeando a su pareja.

“Les pido, por favor, que no le pegaran, que estaba operado y que no estaba haciendo nada. Me dicen que me calle, me gritan negra de mierda y puta. Me tiraron del pelo, pegaron con un palo en las costillas y, cuando estaba en el suelo, un policía le apoyó la rodilla contra el muslo”, describe María que, seguía suplicando que no les pegaran, que sus hijos eran chicos y estaban asustados viendo lo que pasaba con sus padres.

Para ese entonces, llamado por sus compañeros de fuerza, ya había arribado un patrullero al lugar; un oficial ordena “ponerles los ganchos” y llevarlos a todos. Además de María y Mauro, otros dos vecinos fueron detenidos: Leonardo que se había sumado a apagar el fuego y Juan que, simplemente, pasaba por ahí y se detuvo cuando vio la escena.

Los cuatro fueron trasladados a la comisaría 8ª, allí siguieron los golpes, insultos y vejámenes. “Nos metieron a todos en un cuartito, mi marido fue el último en entrar, había estado inconsciente y, por su estado de salud, se quejaba mucho del dolor; un oficial le dijo que se deje de hacer la víctima y otro lo tiró al piso, los desvistieron y le pegaron un palo en los genitales. Después desnudaron a mis dos vecinos y los obligaron a ponerse en cuclillas y saltar tres veces. Y después hicieron lo mismo conmigo, frente a mis vecinos y un policía, dos agentes femeninas me desnudaron”, relata.

María supone que alrededor de las 14 horas, los encerraron a los cuatro en un calabozo con otros 15 detenidos, todos hombres. Ella reclamó más de una vez que no podían tenerla detenida allá y les recordó que estaba embarazada pero no hicieron nada. Ocho horas después, alrededor de las diez de la noche, sacaron a los cuatro a un pasillo y recién entonces le notificaron que estaban imputados por tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad.

La mujer recuerda que, a las cinco de la mañana cuando tuvo lugar el cambio de guardia, le acercaron agua por primera vez y le preguntaron si quería ir al baño. A media mañana, los cuatro fueron trasladados a la fiscalía a declarar por la imputación contra ellos y ahí pudieron denunciar los apremios que sufrieron. “En ningún momento nos llevaron ante un médico para constatar las lesiones”, agrega.

María, Juan y Leonardo fueron liberados tras declarar; Mauro, su pareja, continuó detenido porque tenía antecedentes en una causa por amenazas.

“Nadie se acercó a preguntarnos si estábamos en peligro, nadie se interesó por nosotros. Y durante la semana, vimos cómo siguen merodeando el predio de civil en camionetas particulares”, dice María. El mismo día que los liberaron, los policías le advirtieron: “Ustedes están acá por la cuarentena, pero cuando termine los pasamos por arriba con la topadora”. En relación al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prohíbe los desalojos durante esté vigente la emergencia sanitaria por coronavirus.

“El miedo al desalojo está siempre. Sigo luchando porque tengo mis hijos, para demostrar que cometieron una injusticia con nosotros”, dice María.

La semana pasada, para acompañar la denuncia realizada por las víctimas al momento de declarar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un escrito ante la Fiscalía General de Moreno, a cargo de Lucas Oyhanarte, denunciando los hechos de tortura que sufrieron durante la detención. Lo mismo fue denunciado ante la Auditoría General de Asuntos Internos para que el Ministerio de Seguridad tome las medidas necesarias para investigar y sancionar las responsabilidades de los funcionarios públicos.

En paralelo a esta denuncia, la CPM también presentó un habeas corpus a favor de Mauro, el compañero de María, que sigue detenido desde el 29 de mayo. La presentación pedía que se ordene la inmediata atención médica extramuro por sus dolencias y el estado de salud preexistente, que se realice una pericia física y psicológica y que se evalúe, además, una medida alternativa a la prisión dado que se encuentra bajo custodia de los mismos funcionarios que han sido denunciados por estos graves hechos.

“Estoy sola con mis cuatro hijos, sólo espero ver a mi marido lo más rápido posible, saber que está bien. Y que la justicia siga el proceso que tiene que seguir y actúe como tiene que actuar”, decía María en diálogo con ANDAR. Pocas horas después de esta entrevista, Mauro obtenía el arresto domiciliario.