ANDAR en Tigre

(Agencia Andar) El juez Fernando Ribeiro Cardadeiro condenó a Roberto Benítez, José Ríos, Fabián Quinteros, José María Gómez Mansilla y Carlos Alberto Castillo como coautores del delito de privación ilegal de la libertad, vejaciones y amenazas, y dictó penas de entre dos y tres años de prisión en suspenso con el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los policías quedaron imputados después de que tres jóvenes del barrio Las Tunas de Tigre los denunciaran por haber sido víctimas de malos tratos, amenazas y falsas acusaciones en la comisaría 2ª de General Pacheco, donde estos agentes se desempeñaban en agosto de 2017.

“Llegar a juicio y conseguir una condena por más mínima que sea es un buen paso, un antecedente, y difundir esto también es importante, aunque consideramos que la condena es insuficiente. Fuimos a la audiencia y no estuvieron ni los acusados, ni la fiscalía, ni los defensores en la lectura de sentencia. En la sala estábamos sólo nosotros y el que leyó la sentencia ni se sentó.  Realmente fue un trámite. Ellos se tomaron más de dos horas para torturar a los pibes con amenazas y golpes y su sentencia no tardó ni 15 minutos”, señala Virginia Baldo, la secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA Tigre que en 2017, cuando sucedieron los hechos, se desempeñaba en la EEES 8 de General Pacheco.

En ese momento los chicos, de entre 17 y 18 años, volvían caminando de la escuela cuando los interceptó un hombre de civil que los acusó de robar un celular, los requisó y los obligó a ir a la comisaría del barrio bajo amenazas y con un arma de fuego. Allí fueron interrogados y recién los dejaron volver a sus casas a la noche. El adulto que los acusó y llevó a la dependencia resultó ser el funcionario policial José Ríos, que además intentó presionar a la directora de la escuela para que investigara el robo del celular. “Fue un hecho muy traumático en su momento. En la escuela los chicos no lo contaron al principio y todo surge porque uno de ellos, que fue el más castigado, deja de concurrir porque ve al policía en la escuela y piensa que venía a buscarlo, cuando en realidad estaba ahí porque era el papá de otro alumno”, detalla Virginia.

La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, recibió la denuncia e intervino ante la justicia para que se investigaran estos hechos, acompañando a los jóvenes y brindando capacitación sobre violencia institucional en la escuela. También ahora, durante el juicio, actuó como veedora del proceso e instó a la Auditoría General de Asuntos Internos para que inicie el trámite de exoneración de los policías condenados.

Según datos de la CPM (que pueden verse en la web de Datos Abiertos), de las causas por violencia institucional iniciadas y terminadas entre 2018 y el primer semestre de 2021 sólo el 4% había sido elevada a juicio, y más del 90% había finalizado con el archivo o desestimación de la denuncia. El otro parámetro de la deficiente investigación judicial es que la mayoría de estos hechos se tipifican con delitos como severidades o vejaciones que prevén penas menores.

“La escuela sirve de contención, se preocupa y el chico logra terminar la escuela, por lo que fue una experiencia importante. Ahora, después del juicio, queremos repetir otra jornada con la comunidad educativa sobre derechos”, cierra la referente de SUTEBA.