El próximo lunes se dará inicio, a instancias del Tribunal Oral Criminal 5 de La Plata, al juicio por jurados que resolverá sobre la responsabilidad de quienes provocaron la muerte de Gastón Ayala Aquino durante la mañana del 1 de agosto de 2016 en la Unidad Penal 1 de Olmos. El joven sufrió un ataque de epilepsia y sus compañeros intentaron llevarlo a sanidad, pero un grupo de penitenciarios demoró intencionalmente la asistencia, lo golpeó salvajemente y le realizó maniobras de asfixia hasta provocar su muerte. Serán 10 jornadas de juicio consecutivas hasta el 30 de octubre, cuando se produzca el veredicto. La CPM patrocina a la familia de la víctima, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura.

ANDAR en las cárceles

(Agencia) Elvia Aquino se encontraba junto a su numerosa familia en el festejo del cumpleaños de 15 de una de sus nietas cuando recibió un llamado telefónico desde la UP 1 de Olmos. Ella percibió que algo muy grave había pasado. “¿Es la mamá de Gastón? Su hijo murió”, fue la inexplicable forma en la que recibió la peor noticia de su vida.

Desde allí, además, se desencadenó en ella un nivel grave de diabetes que la obliga a trasladarse con toda la medicación y un sinfín de precauciones. “Estoy siendo torturada constantemente”, dice Elvia a pocos días del inicio del juicio por el asesinato de Gastón.

El hecho que ahora se ventilará frente a 12 jurados populares ocurrió entre las 8 y las 9:10 hs del 1 de agosto de 2016, cuando el joven de 36 años sufrió un ataque de epilepsia en su celda de la unidad penal. Esos episodios surgieron a partir de un accidente doméstico que había sufrido en su adolescencia, y para evitarlos debía tomar todas las mañanas la medicación correspondiente.

En ese momento sus compañeros pidieron al encargado de pabellón que los dejara trasladar a Gastón Ayala hasta sanidad, por lo que debían bajar desde el tercer piso a la planta baja hasta un sector llamado “la rotonda”, que mediante pasillos conecta distintas dependencias de la cárcel, entre ellas la enfermería.

Al llegar con el joven cargado en una manta les informaron que debían aguardar a que desocupara un médico se y fue allí que un grupo de agentes penitenciarios intentó reducir a Ayala –que pedía ayuda desesperadamente- y comenzó a golpearlo con golpes, patadas y una llave en el cuello que terminó provocando su muerte minutos después.

Según los testigos, los penitenciarios golpearon a Ayala Aquino durante todo el recorrido hacia la zona de control, donde luego lo ingresan a la oficina del jefe del penal, el imputado Rafael Herrera. Allí adentro continúan los golpes y torturas. Aunque ninguno de los detenidos pudo observar esa secuencia final porque ocurrió a puerta cerrada, pero sí oyeron los gritos y los ruidos hasta que alguien les ordenó que regresaran a las celdas.

El debate oral y público con modalidad de juicio por jurados comenzará en la mañana del próximo lunes y se extenderá durante 10 días consecutivos, tal como se acordó en la última audiencia preliminar, aunque podría evitarse la jornada del domingo 27 si desistieran o se ausentaran varios testigos de los más de 50 previstos.

Con la participación del magistrado Ezequiel Medrano como juez técnico, la primera jornada comenzará a las 10 de la mañana con la selección de los 12 jurados titulares y 6 suplentes, para continuar por la tarde con las instrucciones preliminares y finalmente la presentación de los alegatos de apertura de las partes.

De cumplirse con lo pautado, al día siguiente se daría lugar a los testigos: alrededor de 50 entre detenidos que intentaron llevar a la víctima a Sanidad; médicos y personal de salud de la UP; y peritos forenses.

Los imputados por el delito de imposición de tortura agravada por el resultado de muerte son nueve: Rafael Ezequiel Herrera (el jefe del penal de aquel momento), Juan Ignacio Tocci, Santiago Barrios Rivero, Mariano Oscar Silva Urbieta, Matías Wernicke, Mario Abel Ardiles, Emanuel Vallejos, Eliseo Oriel Porta y Sergio Ariel Ceballos.

El bloque acusador estará integrado por la fiscal de juicio Leila Aguilar y por el programa de Litigio Estratégico de la CPM, que patrocina al particular damnificado: Ricardo Ayala y Elvia Aquino, los padres de la víctima.

“Esperamos que terminen presos, particularmente el jefe del penal, Herrera, que cuando llegué a reconocer el cuerpo de mi hijo me hizo esperar hasta el otro día, seguramente con el objetivo de preparar su historia y ocultar las pruebas de lo que habían hecho”, afirmó a ANDAR Ricardo Ayala.

“Incluso, me hizo pasar a su oficina, me dijo que fumara si quería y me trató de un modo excesivamente respetuoso. Fue gracias a una mujer de la morgue de La Plata que empezamos a dudar de lo que realmente había ocurrido. Esa médica nos dijo que no asumiéramos la versión de los penitenciarios porque mi hijo había muerto por asfixia mecánica”, agregó.

En efecto, y tal como se ventilará en el juicio, los agentes penitenciarios trataron de ocultar las circunstancias de la muerte de Gastón a través de falsedad ideológica de instrumentos públicos y declaraciones testimoniales falaces, con el fin de eludir su responsabilidad directa en el hecho.

Hacía menos de dos meses que el joven estaba en la cárcel de Olmos y en ese tiempo no recibió la medicación con regularidad ni la atención sanitaria que requería su enfermedad. Tampoco fue trasladado a una unidad psiquiátrica como había solicitado la familia a través de instancias judiciales.

Recorrido de la causa

Inicialmente la instrucción fue impulsada por el fiscal Fernando Cartasegna de la UFI 4 de La Plata. Luego pasó a la órbita de la UFI 6 a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien actuó conjuntamente con la Ayudantía fiscal especializada en delitos en unidades carcelarias.

El trámite de la investigación se realizó a instancias del Juzgado de Garantías 3 de La Plata, cuyo titular es el juez Pablo Raele. A las pocas semanas de ocurrido el asesinato de Gastón Ayala el magistrado convalidó el pedido de la fiscalía para la detención de los nueve penitenciarios imputados.

En mayo de 2019 la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata confirmó la elevación a juicio que había sido solicitada por el fiscal Romero, negando así el cambio en la calificación legal o directamente el sobreseimiento que pretendían los penitenciarios imputados.

De los nueve imputados, solo tres llegan con medida de prisión preventiva a la instancia de juicio: Herrera, Tocci y Ceballos. En virtud de que la expectativa de pena prevista para el delito torturas seguidas de muerte es superior a los 15 años, los imputados eligieron ser sometidos a la modalidad de juicio por jurados.