Martín Ayala estaba en uno de los pabellones de máxima seguridad de esa cárcel en San Cayetano y murió tras una pelea con otro interno que lo hirió con una faca. Organizaciones de derechos humanos denuncian que estos hechos crecen ante la connivencia del Servicio Penitenciario con el ingreso de drogas y la circulación de armas blancas en los penales.

ANDAR en Corrientes

(Agencia Andar) Durante el último fin de semana en la Unidad Penal N° 6 de Corrientes, una cárcel donde se aloja procesados, se produjo una pelea entre internos que compartían el pabellón de máxima seguridad N° 1. Gonzalo Martín Ayala, de 40 años y oriundo de la localidad de Curuzú Cuatiá, murió apuñalado.

“Desde la Marcha advertimos que hechos de esta naturaleza se vienen dando en el marco de la ausencia del estado en dar respuestas con políticas públicas a la situación de encierro o a las personas en contextos de encierro. Aún sin el resultado de los informes toxicológicos podemos decir que es muy probable que tanto víctima como victimario estaban atravesando procesos de intoxicación. Si sumamos la circulación de armas blancas sabemos que es el combo que termina en esta situación”, señala Hermindo Inocencio González, abogado e integrante de la Marcha Provincial por Justicia en Corrientes, un colectivo que asesora, acompaña y asiste a víctimas de violencia institucional.

De acuerdo a lo publicado en medios locales Ayala era un usuario activo en algunas redes sociales donde incluso habría llegado a publicar imágenes donde tenía cigarrillos de ma­rihuana, cocaína y una caja de pastillas de clonazepam. “La droga es un negocio que maneja el servicio penitenciario del cual son víctimas y objeto los internos y sus familias. Lo mismo con el negocio de la autorización, tolerancia o tenencia de armas blancas en los pabellones. Por eso decimos que esta muerte también es responsabilidad del estado que no tiene una política pública de contención, asistencia y en definitiva resocialización de internos que se encuentran justamente atravesando estos procesos”, denuncia Hermindo.

El servicio penitenciario correntino no escapa a las características generales de los sistemas penales de muchas provincias: cárceles superpobladas y condiciones deplorables de detención. “Las condiciones de alojamiento están desbordadas en más del 50%. En la Unidad N° 6 justamente, que está preparada para alojar 250 personas hay más de 480, por lo tanto la situación de hacinamiento es una de las que venimos denunciando hace mucho tiempo”, describe el abogado y activista.

Los malos tratos hacia la población detenida también son eje de las denuncias  de los organismos: “Es cruel, inhumano y degradante. Todo lo que tiene que ver con salidas recreativas, actividades educativas o acceso a la salud es deficiente insuficiente o está completamente abandonado. La carga de la condena se transmite a los familiares en las visitas a través de las requisas. No cuentan con agua potable en la Unidad 6, los familiares tienen que llevar bidones de agua. Son situaciones generales que se suma que ante el menor atisbo de reclamo se dispara la represión que en varias ocasiones ha dejado muy lastimado a los internos. En este contexto donde el negocio de la droga reina, en ocasiones el que mata es directamente el estado a través del servicio penitenciario, como el caso de Exequiel “Manchita García el año pasado”

Hermindo se refiere al último crimen cometido en la UP6 en enero. Ezequiel García, de 20 años habría sido esposado y golpeado por los agentes del Servicio Penitenciario. El joven esperaba el final de la feria judicial en esa cár­cel de procesados para re­cuperar su libertad: se había que no era culpable del delito del que lo acusaban después de estar casi un año preso. Por el hecho fue­ron separados de sus cargos varios funcionarios penitenciarios. En abril del año pasado también en esa unidad mataron a José María Kevin Candia en medio de un reclamo por mejores condiciones de higiene para combatir la pandemia de coronavirus. Las cámaras de seguridad y los peritajes demostraron que el disparo que lo mató salió de un arma oficial

“Advertimos que este combo de crueldad se extiende a todos los aspectos, hasta la alimentación en la que el estado provincial gasta millones para que les lleguen unas viandas incomibles. Entonces tenemos edificios superpoblados, las cuestiones de salud desatendidas,  el trato inhumano  alas visitas en requisas violentas, y el maltrato a los internos. Es un sistema asesino con un aparato político connivente. En este contexto se producen estos hechos” , cierra el abogado.