Este miércoles 21 de marzo, tras 10 años de dilaciones procesales que casi terminan consagrando la impunidad de 5 agentes penitenciarios federales, comenzó un juicio a instancias del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata en el que se investigan las torturas padecidas en diciembre de 2007 por dos personas mientras estaban detenidas en el pabellón B de la Unidad Residencial II de Ezeiza. Lucas Matías Mendoza, una de las víctimas, declarará el próximo lunes 26 de marzo. La Comisión Provincial por la Memoria participa como veedora.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) En el juicio hay 5 penitenciarios federales imputados -Rubén Oscar Constantin, Jorge Enrique Puppo, Víctor Darío Salto, Sergio Hernán Giménez y Pablo Andrés Jara- por el delito de tortura en calidad de coautores perpetrado contra Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza en diciembre de 2007.

Los fiscales de juicio son Horacio Galdós y Carlos Dulau Dumm, mientras que en representación de la parte querellante interviene el abogado Sebastián Pacilio, integrante de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

La causa penal había sido archivada pero en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó la reapertura de la investigación a fin de “determinar las eventuales responsabilidades penales” de los autores así como la de los funcionarios judiciales que habían iniciado la instrucción.

Tras 10 años de dilaciones y en base al pedido de elevación a juicio realizado en 2015 por los fiscales Sergio Mola, por entonces subrogante de la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, y Claudio Pandolfi, de la Fiscalía ad-hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), comenzó finalmente el debate oral a instancias del TOF 1 de La Plata con las declaraciones indagatorias de los imputados.

En este sentido, tres de los cinco imputados (Constantin, Puppo y Jara) aceptaron declarar y responder preguntas de los magistrados Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Smoris. En general, los penitenciarios señalaron que, cuando llegaron al pabellón B donde se había producido una presunta pelea entre detenidos, se encontraron con que Núñez y Mendoza ya presentaban las lesiones y heridas que luego constataron los médicos de la unidad penal y el forense de la Corte Suprema de Justicia de Nación.

Sin embargo, esta versión de los imputados no llega a desarticular la contundencia de las pruebas documentales y testimoniales que obran en la causa desde el comienzo de la instrucción, que indican que las víctimas de torturas fueron sacadas del pabellón por la fuerza y a los golpes, y luego alojados en una “leonera” donde los penitenciarios continuaron violentándolos y amenazándolos hasta que los reintegraron al pabellón.

Ni siquiera los dichos de los imputados en esta primera audiencia de juicio se condicen con la versión original de varios de ellos, que al comienzo de la instrucción de la causa habían manifestado que ni siquiera estaban ese día en la unidad penal.

En la próxima audiencia del debate oral –que se realizará el lunes 26 de marzo desde las 10 en la sala de audiencias del TOF 1, en la sede de la justicia federal de 8 y 50- declarará una de las víctimas, Lucas Matías Mendoza.

Datos de la causa

Según consigna la requisitoria de elevación a juicio, el caso ocurrió durante la noche del 9 de diciembre de 2007 cuando el encargado del pabellón B de la Unidad Residencial II de Ezeiza requirió la presencia del cuerpo de requisa y del inspector de servicio, a raíz de una discusión entre detenidos del módulo.

Al llegar, los integrantes de requisa golpearon a varios de los detenidos, entre ellos a Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, a quienes luego sacaron del pabellón y los alojaron en una celda de alojamiento transitorio comúnmente llamada “leonera”.

Los fiscales señalan que “fueron tirados al piso, esposados con sus manos a la espalda, para luego proceder a golpearlos fuertemente en distintas partes del cuerpo. Asimismo luego de retirarles el calzado por la fuerza, procedieron a golpearlos con palos y/o bastones en las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas”.

Mientras golpeaban a los jóvenes, los penitenciarios preguntaban insistentemente “¿dónde están los fierros?” y los amenazaban con bajar sus calificaciones, hasta que finalmente los llevaron a enfermería y de ahí los reintegraron a sus celdas. Entre las graves lesiones verificadas, Núñez y Mendoza sufrieron escoriaciones, hematomas y heridas en cuero cabelludo, espalda, columna vertebral, brazos y piernas, especialmente en las plantas de los pies.

Resulta de especial importancia el análisis de los fiscales respecto a las declaraciones indagatorias de los imputados que contradicen sistemáticamente las pruebas acumuladas desde el inicio. Así, por ejemplo, el imputado Rubén Oscar Constantin dijo que nunca convocó al cuerpo de requisa y que él y otro penitenciario retiraron a cuatro detenidos para labrar las actuaciones correspondientes.

Esa versión, sin embargo, es negada rotundamente por los propios libros del pabellón, jefatura de turno y requisa del 9 de diciembre de 2007, que dan cuenta de que fue Constantin quien requirió la presencia del cuerpo de requisas. La misma versión intentaron establecer los demás imputados. Cabe aclarar que en los libros constan las firmas de puño y letra de los mismos imputados que luego pretendieron tergiversar el relato de los hechos.

Otro aspecto de la investigación implica los estudios médicos que un médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación verificó tres días después de la golpiza: surgieron nuevas y distintas lesiones respecto a las que habían certificado los médicos de la unidad penitenciaria, lo que implica nuevas torturas “producidas en momentos inmediatos posteriores a la revisión médica efectuada por el Dr. Mucci el día 9 de diciembre de 2007 a las 22.55 horas”.