Hay dos exoficiales de Gendarmería y cinco del Ejército imputados por delitos que van desde la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas-  hasta la desaparición forzada. En cuanto a las víctimas, el juicio contempla 12 casos. La CPM aportó un valioso informe con documentación de la exDIPPBA sobre las tareas de inteligencia que desplegaron distintas fuerzas y la caracterización que realizaron de las Ligas Agrarias

ANDAR en Corrientes

“Por hacer el bien salimos mal […]

desde entonces se desmantelaron todo,

y vino a no  valer la chacra y en cuanto

 eso uno va para un lado y el otro para el otro,

y ni sabemos por dónde andan,

que quedamos ahí pocos”.

Nasario Chamorro, sobreviviente

(Agencia – CPM) El lunes 9 de mayo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes – integrado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni- dio inicio al histórico juicio por delitos de lesa humanidad en el que se ventilarán los crímenes cometidos contra 12 personas vinculadas a las Ligas Agrarias.

El TOF de Corrientes está integrado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni

Dos de los imputados pertenecieron a la Gendarmería -Domingo José Issler y Angel Ricardo López Ferro-, y los otros cinco fueron oficiales del Ejército: Guillermo Ramón Añaños, Juan Carlos Medrano Caro, Alfredo Manuel Arrillaga, Julio Miguel Plazaola y Julio Santiago Canteros.

Todos están imputados por su participación en privaciones ilegales de la libertad con el agravante de haber sido cometida con violencias y amenazas, excepto López Ferro, acusado de imposición de severidades a presos bajo custodia de funcionario público.

Para este histórico juicio la Comisión Provincial por la Memoria, a través del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, aportó a la justicia un pormenorizado informe con valiosa documentación sobre los imputados, las víctimas y las circunstancias de la persecución y tareas de inteligencias desplegadas por Gendarmería y fuerzas de seguridad contra los militantes de las Ligas Agrarias del noprte argentino.

El informe contiene fichas, legajos, y documentos oficiales que la exDirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) recopiló de distintas agencias de la represión con las que construyó la “comunidad informativa”.

En este sentido, el material de inteligencia que se localizó y se fue aportando al TOF correntino muestra el notable interés de los servicios de inteligencia en localizar vínculos entre el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, el marxismo y las Ligas Agrarias. Es probable que en Goya, Corrientes, los trabajadores del tabaco organizados hayan representado un conflicto para el poder económico en una etapa de auge en el consumo de ese cultivo como la década de los ’70.

Y también es probable que no haya resultado una cuestión menor el enclave de las ligas correntinas, vecinas de pasos fronterizo por donde el Estado temía la gran circulación de militantes hacia y desde el exterior.

La persecución focalizada en el sector fue importante. La mayoría de las víctimas incluidas como caso en esta causa fueron fichadas por la DIPPBA, un organismo de inteligencia anclado en la provincia de Buenos Aires, aun cuando su ámbito de residencia, trabajo o militancia era la provincia de Corrientes y sus zonas de influencia.

Esto da cuenta del proceder coordinado y colaborativo entre distintos servicios de inteligencia (como los de la policía de Corrientes, el Batallón de Inteligencia 601, el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina y el Servicio de Inteligencia Naval).

Además de las fichas, uno de los documentos interesantes que se aportaron desde la Comisión Provincial por la Memoria para este juicio surgió del archivo del servicio de inteligencia la PNAZAN, que a partir de un documento de julio de 1977 secuestrado a la conducción nacional de Montoneros elaboró un informe especial que advierte y resalta el vínculo entre la organización revolucionaria y el campesinado, al mencionar “la propia representatividad en el sector agrario del nordeste argentino, a través de integrantes de las Ligas Agrarias que les son adeptos y que tienen infiltrados”.

En cuanto a la DIPPBA, resulta evidente el interés, incluso antes del golpe militar, en perseguir tanto a las Ligas Agrarias como a religiosos y laicos del movimiento tercermundista. Esto queda de manifiesto en investigaciones especiales dirigidas a identificar adherentes a estos sectores y a demostrar sus nexos con las organizaciones armadas.

Uno de los aportes más significativos que se realizaron al tribunal correntino es el legajo de la Mesa “Ds” (Delincuentes Subversivos), Carpeta Varios, Nº 4476, que tiene como carátula “Procedimiento antisubversivo en la localidad de Goya (Corrientes)”. Fue elaborado en diciembre de 1975 y contiene la narración exhaustiva sobre una serie de allanamientos efectuados en esa zona.

En sus fojas, los informantes especifican que en Goya y “su ámbito departamental, fuerzas conjuntas bajo el control operacional del área 235, entre los días 21 y 28 de enero de 1976 han realizado distintos procedimientos antisubversivos orientados especialmente hacia integrantes de las Ligas Agrarias Correntinas (LAC)” y que “los allanamientos e inspecciones domiciliaras totalizan 23 domicilios aproximadamente”. Informan que detuvieron a 18 personas y que tres de ellas permanecen detenidas en la ciudad de Corrientes a disposición del Comando de la VII Brigada de Infantería.

De cada persona detenida en esas acciones se ofrecen los “antecedentes” recolectados por los servicios de inteligencia, que suelen mezclar datos reales con apreciaciones injuriantes e incomprobables. En una de las acciones descriptas, los antecedentes de una persona incluyen la marca de ser “amigo personal” de uno de los sacerdotes del Movimiento.

Todo el plan de persecución política e ideológica instalado para eliminar o anular opositores al régimen se diagramaba en la oficina de inteligencia y operaciones del Área Militar 235 referida en el legajo antes descripto. La oficina de inteligencia de la Compañía de Telecomunicaciones 121 (Jefatura del Área 235) no existía hasta 1976. Se creó en 1977 y en 1978 se la reforzó con una Oficina de Contrainteligencia “para su empleo en el marco interno y en la Lucha contra la subversión (LCS)”, según surge de la sentencia.

El responsable de la oficina era Alberto Tadeo Silveyra Ezcamendi, y para llevar adelante las acciones orquestadas desde allí funcionaba un grupo “de tarea” o “de trabajo” compuesto además por Juan Ramón Alcoverro, Luis Leónidas Lemos, Juan Antonio Obregón, Romualdo del Rosario Baigorria y Justo Ramón Córdova, entre otros integrantes que se fueron sumando.

Otro documento interesante aportado es el legajo de la Mesa Ds, Carpeta Varios, Nº 3947, elaborado en diciembre de 1975, pocos meses antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que demuestra cómo se preparaban las fuerzas militares y policiales para actuar dentro del marco del terrorismo de Estado en distintas zonas del país.

El legajo se caratula “Detención extremista” e informa con muy pocas precisiones sobre la “posible existencia campamento Pcia. Corrientes” “que tendría contacto con sacerdotes tercermundistas de la ciudad de Goya” y “con las ligas agrarias”. La fuente de la información es el Servicio de Inteligencia Naval (S.I.N).

Por otra parte, en un informe “estrictamente confidencial y secreto” muy pormenorizado, que vuelve a confirmar el interés de la DIPPBA en vigilar a los trabajadores que se estaban organizando en el ámbito rural, los informantes destacan que es un “judío ruso ingresado al país en 1929” e informan sobre supuestas actividades de él y de sus hijos. En el mismo informe circulan teorías acerca de conformación y la situación geográfica y política de  las Ligas. Por ejemplo, se desarrolla que “están operando principalmente en la zona Nordeste del país (Entre Ríos; Corrientes; Chaco; Formosa; Santa Fe)”.