Los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) demuestran que los directivos de la Ford tenían relación con los servicios de inteligencia y reclamaron medidas para prescindir del personal que reclamaba por mejores salarios en la fábrica. La Comisión Provincial por la Memoria fue convocada para declarar en calidad de perito en la causa que investiga la responsabilidad empresarial de la multinacional norteamericana por los delitos de privación de la libertad y tormentos perpetrados entre marzo y mayo de 1976 contra 24 trabajadores de la planta automotriz de General Pacheco.

ANDAR en los juicios

(Agencia Andar) El 8 de abril de 1976, 15 días después del golpe de Estado, los trabajadores de la planta automotriz de Ford de General Pacheco decidieron un cese de actividades. La represalia fue inmediata: ocho operarios fueron detenidos por organizar el reclamo. Las detenciones a trabajadores de la Ford habían empezado el mismo 24 de marzo y continuaron hasta mediado de mayo de ese mismo año. En total fueron 24 víctimas.

Recién en diciembre pasado, y tres años después de su elevación, comenzó el debate oral y público por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el predio de la multinacional Ford. Llegaron a juicio por el secuestro y torturas de 24 obreros el ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, y dos funcionarios de la empresa, Pedro Müller y Héctor Sibilla; el ex gerente de relaciones institucionales, Guillermo Gallarraga, y el entonces presidente de Ford, Nicolás Courard murieron sin tener que enfrentar la justicia por las demoras y dilaciones en la realización del juicio.

Ya en 2006 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había presentado un frondoso informe documental del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) compuesto por las fichas de los trabajadores detenidos y varios legajos con un importante relevamiento del conflicto gremial en Ford del 8 de abril. En la documentación aportada también consta que la patronal mantenía contacto con la agencia de inteligencia, y que la información aportada por los directivos de la empresa fue indispensable para el secuestro y detención de los trabajadores.

Esta semana, en las audiencias que se realizan ante el Tribunal Oral Federal de San Martín –integrado por Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetaveña y, como cuarto juez, Eugenio Martinez Ferrero—, la directora del programa de Justicia por delitos de lesa humanidad de la CPM, Claudia Bellingeri, declaró como perito convocada por los fiscales Jorge Auat y María Ángeles Ramos y las querellas, y brindó una detallada explicación de la documentación aportada en su momento.

“Para nosotros este juicio es muy importante porque los documentos presentados dan cuenta de la gran cantidad de información que la DIPPBA —y las agencias de inteligencia en general— elaboró sobre conflictos gremiales hacia el interior de las empresas y sobre el rol de los funcionarios de las empresas. En esta causa en particular es muy precisa la información que hay en el archivo sobre los reclamos de los trabajadores y la medida de fuerza del 8 de abril. Cuatro días después los comienzan a detener”, resume Bellingeri sobre la declaración brindada en el juicio.

Los hechos que se investigan corresponden a delitos cometidos contra 24 trabajadores que luego del golpe de Estado fueron perseguidos y secuestrados por distintos grupos —policía federal, miembros del Ejército y hasta de Prefectura Naval. Algunas víctimas fueron capturadas en sus propios domicilios, otras en la fábrica y trasladas inmediatamente al quincho del campo de deportes de la planta automotriz donde fueron torturados antes de ser trasladados a distintas sedes policiales y penitenciarias: la comisaría 1º de Tigre, la comisaría de Ingeniero Maschwitz, la unidad penal 2 de Villa Devoto, la unidad 9 de La Plata y la 2 de Sierra Chica.

En la DIPPBA hay fichas de los 24 trabajadores y sus nombres aparecen en el legajo 2703, donde se listan una serie de detenidos sin causa por el PEN. Detenidos por reclamar mejoras laborales. Esas demandas aparecen perfectamente detalladas por la misma DIPPBA en los archivos presentados por la CPM y que forman parte de la Mesa B del archivo, que reunía información de trabajadores, comisiones internas y delegados. Muchos de los legajos presentados en esta causa estaban incluidos en la carpeta temática “Huelgas y Conflictos”.

“Esos documentos dan cuenta de los conflictos posteriores al 24 de marzo, dimos testimonio de esos partes de inteligencia; en particular sobre el cese de actividades del 8 de abril, los trabajadores seguían reclamando aumentos salariales y reivindicaciones gremiales. Y estos reclamos fueron espiados por la inteligencia policial y también, de acuerdo a lo manifiesto por la DIPPBA, por la propia empresa que solicitó que se tomaran medidas respecto de esos trabajadores”, cuenta Bellingeri.

“La urgente necesidad de medidas y/o legislación que le permita a la patronal prescindir de personal que, por su actitud o conducta, resulte perjudicial o influya en el normal desenvolvimiento de las tareas”, dice uno de los legajos de la DIPPBA, que retoma el pedido esgrimido por la empresa automotriz. Es decir, producir más y a bajo a costo.

Este no es el único documento que prueba la estrecha vinculación entre la empresa y la DIPPBA. En otro legajo, ubicado también en la mesa B, sobre contactos de la DIPPBA dentro de las empresas y establecimientos fabriles de cada empresa, aparece mencionado el ex Coronel Héctor Francisco Sibilla, en ese momento jefe de seguridad de la Ford.

En ese sentido, y como comienza a evidenciarse en las audiencias, los ex funcionarios de la empresa Müller y Sibilla confeccionaron listas con legajos, datos personales y domicilios de las víctimas para luego entregárselas a las fuerzas militares que los secuestrarían. Esas listas, tal como consta en la causa, eran confeccionadas en hojas con el logo de la empresa. Los vínculos entre los directivos y la DIPPBA que quedaron de manifiesto en la audiencia de esta semana son una prueba fundamental para constatar que esa complicidad existió.