Dos de los 14 policías imputados por la desaparición de Iván Torres en Chubut, en octubre de 2003, recibieron condenas por su desaparición: el ex comisario Fabián Tillería a 15 años de prisión y el oficial Marcelo Chemín a 12 años. A partir de este primer caso en que se condena bajo la figura de desaparición forzada en democracia, nos aporta su mirada César Antillanca, referente de la lucha por los derechos humanos en la provincia.

ANDAR en la justicia

(Agencia) “A pesar de que el caso había sido elevado como privación ilegítima de la libertad, el tribunal estaba habilitado a condenar por desaparición forzada de persona porque es un delito que se sigue cometiendo hasta hoy”, explicó Maximiliano Medina, uno de los abogados que asistió a la familia desde la Procuvin. Tillería y Chemín, dos de los 14 policías imputados, recibieron su condena por ese delito.

“Los que militamos en las organizaciones ya teníamos la certeza de las responsabilidades, y hay más responsables históricos que tienen que ver con el poder político”, dice César Antillanca, papá de Julián, un joven asesinado por la policía.

El referente reconoce que “la condena también se puede llamar histórica porque se pone en marcha una tipificación penal novedosa en Argentina. Pero a la vez no hay que olvidarse que este tipo de delitos solamente se persiguen después de las luchas sociales. Y es un delito que tiene que ver con la violación de derechos humanos fundamentales: la vida y la libertad”.

Iván desapareció el  3 de octubre de 2003 tras haber estado detenido en la seccional primera de Comodoro Rivadavia. Casi 13 años después llegaron a juicio por privación ilegítima de libertad 14 policías: Marcelo Miguel Alberto Chemín, Fabián Alcides Tillería, José Luis Bahamonde, Nicolás Alfredo Fajardo, Mario Alberto Gómez, Héctor Enrique Cocha, Santiago Antonio Rodríguez, Roberto Damián Soto, Rosana Elizabet Soler, Juan Sandro Montecino, Hernán Eliseo Leiva, Pablo Miguel Ruiz, Sebastián Florentino Sifuentes y Sergio Omar Thiers.

En esos años su mamá, María Millacura, denunció la desaparición del joven ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al estado argentino como responsable. De ese fallo tomaron gran parte de sus argumentos para alegar el titular de la Fiscalía General, Teodoro Nürnberg, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Miguel Palazzani, en representación de la familia como particular damnificado.

“La discusión de fondo de la cuestión también tiene que ver con la consigna de aparición con vida de Iván Torres. ¿Porqué seguimos pidiendo la aparición de Iván?”, se pregunta Antillanca  y ensaya una respuesta: “el Poder Judicial admitió el delito y tiene la potestad de obligar al Ejecutivo a devolver a Iván en las condiciones que se encuentre. Este es un delito muy complejo; aun con los responsables condenados, esto no se resuelve. No es lo mismo que un homicidio: el delito es continuo. Así que habrá que seguir trabajando en generar nuevas políticas que vayan encontrando la vuelta a cómo resolver estas situaciones”.