En el marco de la 163 audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría Pública de Casación expusieron la grave crisis del sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires y reclamaron a los Estados provincial y Nacional que tomen medidas para disminuir el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones inhumanas de detención, la falta de acceso a la salud y los malos tratos y torturas.

La CPM, el CELS y la Defensoría Pública de Casación realizaron hoy en Lima, Perú, una presentación ante la CIDH para denunciar la grave situación de lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires en una audiencia en la que participaron los Estados nacional y provincial. Sobre la base de registros producidos a partir de inspecciones periódicas en cárceles y comisarías, y denuncias de personas detenidas y familiares, se realizó un informe conjunto que da cuenta del agravamiento de sistema de encierro en los últimos años.

La presentación se centró en las cuestiones de hacinamiento y sobrepoblación, el régimen de vida y el estado de las instalaciones, las deficiencias en el acceso a la salud y las requisas vejatorias que afectan el contacto de los detenidos con sus familias, en instituciones atravesadas por la corrupción. Este conjunto de variables constituyen un marco de vulneraciones derechos donde la tortura es una práctica sistemática y en el que no existe una protección judicial efectiva.

Hoy en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 40 mil personas privadas de libertad; el nivel de sobrepoblación llega al 100% si se toman los detenidos en comisarías. En las 432 dependencias policiales hay 3010 detenidos de los cuales sólo 1039 tienen camastro. A su vez, más de 250 de estos establecimientos —alrededor del 70% del total— tienen algún tipo de inhabilitación por orden de la justicia o por decisión ministerial. No obstante eso, 1798 personas se alojan en dichos lugares.

La grave situación en comisarías es un correlato de lo que sucede en las 62 cárceles y alcaidías de la provincia, donde la tasa de encarcelamiento alcanza cifras históricas (234 c/100 mil habitantes). A la sobrepoblación y el hacinamiento, se suman otras graves violaciones de los derechos humanos. Las denuncias por falta de acceso a la salud, las condiciones estructurales que producen padecimientos como hambre, frío, aislamiento y alimentación deficiente, forman parte de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad.

Son estas condiciones las que han llevado al colapso del sistema de encierro en la provincia, una situación que no es nueva pero se agrava continuamente porque no se revierte la política criminal. Producto de todo esto es el elevado número de muertes, que promedian 130 por año en el sistema carcelario. Además en las comisarías murieron por lo menos 43 personas en los últimos cinco años.

En esta situación denunciada ante la CIDH se inscribe lo sucedido el pasado 2 de marzo en la ciudad de Pergamino, cuando siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la Comisaría 1ª. Las pruebas judiciales indican que los agentes policiales no intervinieron para prevenir el incendio ni para auxiliar a los detenidos una vez que el siniestro se desató. Los siete jóvenes estaban bajo custodia del Estado y, por lo tanto, el Estado es el responsable de esas muertes. La Masacre de Pergamino es el retrato más cruel del colapso del sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires y es también la expresión de la total indiferencia del Estado ante las múltiples y extensas denuncias sobre la situación de las cárceles y comisarías que anticipaban lo que ocurrió.

Por todo esto, los tres organismos solicitaron a la CIDH que el Estado provincial tome las medidas necesarias para revertir la situación y reclamaron que el Estado implemente en forma urgente un plan para hacer cesar el uso de las comisarías como lugares de detención prolongada y resuelva los niveles de hacinamiento actuales; promueva políticas efectivas de prevención de la tortura; prohíba expresamente el alojamiento en comisarías y evite regresiones. También le solicitaron que asuma el compromiso de sostener un espacio de trabajo conjunto con la supervisión de la CIDH. El Estado provincial reconoció la gravedad del problema pero no ofreció soluciones concretas para el hacinamiento ni para prohibir el alojamiento en comisarías.

Los integrantes de la CIDH compartieron la preocupación de los organismos. Luego de ver las imágenes recopiladas por los peticionarios en una recorrida por las comisarías y cárceles de la provincia realizada en junio, la comisionada Margarette May Macaulay remarcó que las condiciones de detención son inhumanas y que la solución debe incluir la sanción de leyes que no impacten en más hacinamiento. Por su parte, el comisionado James Cavallaro señaló que la detención prolongada en comisarías no respeta los estándares internacionales y que tiene que haber un plan concreto para que no haya más personas alojadas en esas dependencias y para bajar la tasa de encarcelamiento. Cavallaro,  relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad,  solicitó al Estado que presente un plan concreto para lograrlo y anunció que realizará una reunión de seguimiento en octubre.

Hace ya más de una década que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría de Casación venimos denunciando a nivel local e internacional esta situación de grave riesgo para la vida e integridad física de los detenidos. A pesar de las advertencias de la misma CIDH y de fallos de la Corte Suprema de Justicia, el Estado argentino no implementó medidas adecuadas y efectivas para revertir esta situación.