Luego de la feria judicial, se retomaron las audiencias de alegatos en el juicio donde se ventilan los delitos cometidos en la Dirección de Infantería de la Policía Bonaerense, ubicada en 1 y 60, y en la comisaría 8va. El juicio que se realiza ante el TOF 1 de La Plata tiene 14 imputados por los delitos de secuestros, tormentos y homicidios contra 294 víctimas, muchos de ellos trabajadores del cordón fabril de La Plata. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó, durante la instrucción, un detallado informe documental del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre las acciones de inteligencia que permitieron en los primeros días del golpe de Estado desatar una masiva ola de secuestros en la región.

ANDAR en la justicia

(Christian Madia para Andar) Los centros clandestinos de detención 1 y 60, como se denominó al que funcionó en la Dirección de Infantería y el Regimiento de Caballería de la Policía Bonaerense, y “Comisaría 8va.”, ubicada en las calles 7 y 74, funcionaron en dependencias policiales dentro del circuito represivo del área 113, bajo las órdenes del Regimiento de Infantería 7 y la intervención del Destacamento de Inteligencia 101. 

Frente al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso, se juzgan los delitos secuestros, tormentos y homicidios durante el terrorismo de Estado perpetrados en estos CCD, que tuvieron como víctimas a 294 personas.

El juicio comenzó hace más de dos años, hoy quedan 14 de los 18 imputados, se trata de los ex miembros de la plana mayor del Regimiento de Infantería 7 Rubén Sánchez, Enrique Cicciari, Ismael Verón, Enrique Welsh, Lucas Castro y Alberto Crinigan; los ex oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia Roberto Balmaceda, Carlos Romero Pavón y Jorge Héctor Di Pasquale; del Cuerpo de Infantería Motorizada de la Policía Bonaerense Tomás D’ Ottavio, Claudio Mejías y Raúl Monzón; y los civiles Carlos “Indio” Castillo, integrante del grupo de tareas parapolicial “Concentración Nacional Universitaria” (CNU) durante los años previos al Golpe de Estado de marzo de 1976,  y Jaime Lamont Smart, quien fuera ministro de Gobierno de facto de la Provincia. Finalizada la última feria judicial, se retomaron las audiencias con los alegatos el alegatos de la parte querellantes, entre ellas se encuentra a Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH/Unión), representada por la abogada Guadalupe Godoy. 

ANDAR conversó con ella: “el derrotero de esta causa fue muy accidentado, como ocurrió con todas las causas posteriores a la pandemia de Covd-19. También tiene las características del Tribunal Oral Federal n°1 de La Plata, que tiene jueces subrogantes, a excepción de una magistrada que es de la jurisdicción, entonces el juicio tiene audiencias quincenales con dos o tres horas de duración, por lo cual se extendió de dos o tres años”. 

Tras el golpe de Estado se produjo una serie de detenciones de personas que ya habían sido identificadas previamente. En la madrugada de ese día y en los días posteriores las fuerzas conjuntas procedieron a secuestrar a personas catalogadas como peligrosas que fueron alojadas en la guardia de la Dirección de Infantería de la Policía bonaerense, ubicada en 1 y 60. Dicho registro se encuentra documentado en el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Cada causa de lesa humanidad tiene sus particularidades, en este caso la virtud es demostrar lo que se conoce como “circuito represivo”. “En 1 y 60 funcionó un CCD de ingreso y en la comisaría 8va. lo que generalmente se entiende como lugar de pre-blanqueo, es decir para la mayoría de las víctimas como final del recorrido represivo. Lo que demostró 1 y 60 es cómo ya para el 24 de marzo de 1976 gran parte del esquema represivo estaba preparado y organizado, las tareas de los aparatos de inteligencia de los años previos les permitieron aquel primer día del Golpe de Estado realizar detenciones masivas y continuar luego los secuestros dentro del sector industrial de La Plata, los cuales concluyen también en el CCD de ‘1 y 60’, así podemos visibilizar la represión al movimiento obrero platense”, destaca Guadalupe.

La zona de La Plata y sus adyacencias presentaba un gran desarrollo fabril con un significativo grado de sindicalización y organización de los trabajadores. Fueron secuestraron empleados y delegados gremiales del Astillero Río Santiago, de la empresa Propulsora Siderúrgica, de la Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión (SIAP), del Frigorífico Swift, de la empresa RAB, de YPF, del Banco Provincia, entre otras empresas.

En el contexto actual, bajo el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, las condiciones para la realización de los juicios en causas de lesa humanidad se complejizan aun más. Guadalupe nos explicó algunos puntos a tener en cuenta: “en primer lugar, todas las estructuras estatales fueron desarticuladas por el Gobierno nacional. Por ejemplo los programas de acompañamiento, como el caso del Centro Ulloa, que colaboró al comienzo del juicio en 2023 y después lo perdimos; también el impacto simbólico que tenía por entonces la Secretaría de DD.HH. de la Nación como era querellante, rol que hoy no cumple. La otra complejidad tiene que ver con lo que implica un cambio de discurso oficial: desde el empoderamiento de los abogados defensores de los imputados que se sintieron optimistas en un momento del juicio, o las decisiones que tomó la Corte acerca de las prisiones preventivas, y aunque eso finalmente no tuvo un anclaje en los tribunales, son cosas que impactan”.

En línea con los dichos de Godoy, en la actualidad, como es natural, la cartera de derechos humanos de Nación responde a la ideología negacionista del terrorismo de Estado del gobierno nacional, impulsando de manera constante la falsa “teoría de los dos demonios”, por lo tanto no existe un acompañamiento a las víctimas que dan testimonio en los juicios ¿cómo se sostiene hoy en día esa cuestión tan sensible y necesaria? “En nuestra jurisdicción siempre sostuvimos ese acompañamiento a través del CODESEDH (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos), una estructura que se creó en el 2007 para el juicio de Christian Von Wernich. Era una tarea que se complementaba con el Centro Ulloa y con otros dispositivos de la provincia de Bs. As., lo que al principio se denominó el CPV (Centro de Prevención a la Víctima) y más tarde el equipo que tienen las propias querellas. En este sentido no tenemos demasiadas dificultades”, afirma Guadalupe.

También se han creado en la provincia de Buenos Aires diferentes dispositivos para mantener y fomentar la transmisión de la memoria referido específicamente en las causas judiciales de lesa humanidad, Godoy coincide y agrega: “la Comisión Provincial para la Memoria (CPM) tiene mucho trabajo en la materia, como también la Universidad Nacional de La Plata, a través de su programa ‘Apoyo a juicios’ o a través de la muestra ‘Universidad, Memoria y Democracia’. En esta ciudad todavía existen varios mecanismos de transmisión y se han creado mecanismos de articulación con gremios y sindicatos docentes, entre otros”.

Asimismo cabe destacar la complejidad de los juicios de lesa humanidad: en el caso de la causa “1 y 60” se abordan los crímenes cometidos contra 193 personas desde un día antes del Golpe del 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de ese año. Muchas de las víctimas eran estudiantes, trabajadores y representantes sindicales de las fábricas de la zona. Dentro del CCD eran llevados a dos lugares conocidos como “La cuadra” y “Los calabozos” y era habitual que se les tomaran “declaraciones espontáneas” al momento de su ingreso. Tiempo más tarde, estas declaraciones, fueron halladas en los archivos del Departamento de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), actualmente resguardado por la CPM.

Respecto a la causa “Comisaria 8va.”, se trata de los crímenes cometidos contra 106 personas. Ese CCD funcionó como un lugar de paso: la mayoría de las personas que habían estado detenidas y cautivas ilegalmente en otros campos clandestinos de concentración, eran legalizadas allí a disposición del PEN (Podes Ejecutivo Nacional), para luego ser llevadas a unidades carcelarias o liberadas. Estas eran anotadas en los libros de la Comisaría, en la que convivían con presos comunes. Sin embargo, a pesar de las supuestas mejores condiciones de detención, también hubo casos de personas que fueron asesinadas dentro de la comisaría o con posterioridad a ser retiradas de allí.

La ausencia de celeridad en el juicio se debe a todo lo dicho, pero también se le agrega la falta de un cronograma. “Hace tiempo que los tribunales no facilitan un cronograma que nos permita planificar cuándo será el final del juicio. Esto es algo que sucede en todas partes, y que tiene que ver con esto: al no haber ya una mirada tan potente por parte de la sociedad civil sobre estos procesos, se vuelve a algunas de las viejas prácticas que ha tenido siempre el Poder Judicial, me refiero a ‘esconder’ un poco los procesos. Cuánto menos gente mejor, y la falta de cronograma conspira contra la visibilización de los juicios”, comenta Godoy.

Es importante subrayar lo expresado por la abogada en un momento de su alegato: “si nos fuéramos más atrás en el tiempo, tendríamos que nombrar a Roque Presti, el padre del actual Ministro de Defensa, a cargo del Regimiento 7 en el inicio de la dictadura, que en la indagatoria que prestó en 1987 relató que el 24 de marzo tenía la lista de las personas a las que debían secuestrar (todos casos de este juicio) o Forastiero, que también en esa ocasión mencionó a Presti como el responsable de los hechos en 1 y 60”.

Y aunque pasan tantos años entre los crímenes ocurridos en Argentina y las condenas a los responsables, siempre es alentador escuchar el testimonio de las víctimas sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos y de las querellas que sostienen estos juicios: “el reclamo de justicia siempre está vigente, porque es un ámbito donde no solamente se viene a obtener condenas contra los responsables, sino también a seguir reconstruyendo verdad y a disputar sentido en torno de lo que sucedió, con lo cual eso explica por qué, a 50 años del genocidio, todavía hay esfuerzos, hay reclamos y hay demandas que se centran en el Poder Judicial”, concluye enfáticamente Guadalupe.