Este martes se conoció el fallo firmado por los magistrados Jorge Eduardo Di Lorenzo y César Álvarez mediante el cual se confirmó el procesamiento dictado en julio pasado contra el exjefe de la delegación Enlace Capital Federal de la DIPPBA, José Ignacio Salvador, imputado como partícipe necesario del delito de desaparición forzada de personas del que resultaron víctimas Samuel Leonardo Slutzky, Hugo Arnoldo Corsiglia y Luis Ignacio López Comendador. Según la Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata, no se verificó una valoración arbitraria y conjetural de la prueba por parte del juez Alejo Ramos Padilla sino un mero intento del imputado tendiente a mejorar su situación procesal. La Comisión Provincial por la Memoria preserva y gestiona el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es prueba fundamental en este proceso y en todas las causas por delitos de lesa humanidad en el territorio bonaerense.

ANDAR en la DIPPBA

(Agencia) La causa por crímenes de lesa humanidad que tiene como imputado al exjefe de la delegación Enlace Capital Federal de la DIPPBA, José Ignacio Salvador, surgió a raíz de un juicio concluido en 2012 en el que el TOF 1 de La Plata ordenó “poner en conocimiento de los juzgados federales 1 y 3 de esta ciudad lo surgido en el debate respecto de la DIPPBA a fin de que se investigue la presunta responsabilidad de sus integrantes en las causas residuales”.

Tramitada ante el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, la investigación fue sumando prueba valiosa en los últimos años –entre ella, un informe y documentación remitida por la Comisión Provincial por la Memoria, que preserva y gestiona el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- y avanzó en los últimos meses con la declaración indagatoria de José Ignacio Salvador y su posterior procesamiento con medida de prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En ese punto, la defensa del imputado apeló el procesamiento y en los últimos días, finalmente, la Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata resolvió, con el voto de los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo y César Álvarez, confirmar el procesamiento y la medida de prisión preventiva dictada por Ramos Padilla.

En efecto, los magistrados de la alzada evaluaron toda la prueba obrante en la causa y consideraron que no fue valorada de forma arbitraria y conjetural sino que se adecúa y respalda los extremos de la acusación contra el exjefe de la delegación Capital Federal de la DIPPBA.

Cabe destacar que esa sede de la inteligencia de la policía bonaerense fue creada el 30 de agosto de 1976 mediante la resolución 33.857 firmada por Ramón Camps, y establecía como objetivo “la obtención de información de todos los temas que por sus características puedan tener repercusión en la provincia de Buenos Aires”. Funcionaba en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Av. Callao 235 de la Capital Federal.

La delegación de Capital Federal fue clave para el flujo de información entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército a través del Batallón de Inteligencia 601. Asimismo, Salvador integró la Comisión Asesora de Antecedentes que funcionaba en sede de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), asistiendo a reuniones junto a representantes de todas las agencias de inteligencia en las que se resolvía el destino de personas desaparecidas.

Según los jueces de la Cámara, “respecto de la DIPPBA el juez (Ramos Padilla) la caracteriza como un organismo proveedor de información para el sistema de inteligencia nacional y destaca que, como tal, integraba las llamadas comunidades informativas creadas a nivel de zonas, subzonas y áreas, de acuerdo con la organización propia del Ejército”.

“El juez aborda los casos imputados a José Ignacio Salvador y fundamenta su responsabilidad partiendo de la base de que ostentó el cargo de Jefe de la Delegación Enlace Capital Federal de la DIPPBA desde el 30 de diciembre de 1976 hasta el 2 de febrero de 1978”, ampliaron.

La imputación de Salvador se corresponde con tres casos de víctimas de desaparición forzada perpetrados entre junio y agosto de 1977: Samuel Leonardo Slutzky, Hugo Arnoldo Corsiglia y Luis Ignacio López Comendador.

Slutzky fue secuestrado de su casa el 22 de junio de 1977, en La Plata, y llevado al CCD La Cacha. Desde enero de ese año estaba siendo investigado por el Batallón de Inteligencia 601 y habían solicitado información a la delegación DIPPBA de Capital Federal.

Corsiglia fue secuestrado el 10 de agosto de 1977 en su domicilio de Florencio Varela. Su esposa también fue capturada el mismo día pero en Capital Federal mientras se trasladaba a su lugar de trabajo. Ambos fueron alojados en la ESMA.

López Comendador, por su parte, fue secuestrado en la casa de sus padres, en La Plata, el 27 de junio de 1977. Su caso fue narrado a la justicia por la madre, que presenció el operativo del secuestro y, a diferencia de las otras dos víctimas mencionadas, nunca nadie lo vio en algún centro clandestino. Continúa desaparecido hasta la fecha.

“El juez concluye que su rol de Jefe de la Delegación Enlace Capital Federal conformaba un engranaje fundamental del sistema descripto, el cual consistía en actuar como canal de información entre las diversas agencias de inteligencia previo al secuestro de las víctimas. Concretamente señala que aportó información derivada de la inteligencia previa a los secuestros de las víctimas Samuel Leonardo Slutzky, Hugo Arnaldo Corsiglia y Luis Ignacio López Comendador, quienes se encuentran desaparecidos hasta la actualidad”, determinaron los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo y César Álvarez.