El sitio fue utilizado en el marco del plan sistemático de exterminio y desaparición para ocultar los cuerpos de las víctimas del terrorismo de estado en Tucumán. Ubicada en un campo al límite entre Tafí Viejo y la capital provincial, la vieja fosa fue construida originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor, y desde la última dictadura se destinó al ocultamiento de cuerpos.

ANDAR en la Memoria

(Agencia) Desde 2002, y a instancias del Juzgado Federal 2 de Tucumán que lleva la causa del Pozo de Vargas, el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán –CAMIT- lleva a cabo la tarea de recuperar e identificar los restos, pero ahora las tareas peligran: los y las trabajadores denuncian que llevan 25 meses sin cobrar y la situación se tornó insostenible.

A fines de 2021 se produjo la última identificación por parte del CAMIT: tal como registra el portal eldiarioar, de Tucumán, se reconocieron los restos de Ana María Rodríguez Belmonte, una joven tucumana que tenía 19 años cuando fue denunciada como desaparecida el 26 de enero de 1976. Fue secuestrada en Salta junto a su pareja Otto Stranka, y ambos militaban en Montoneros.

Se trató de la identificación número 116 realizada desde el año 2002, cuando comenzaron las tareas en el Pozo de Vargas, por parte del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. No obstante el valor y la trascendencia de su trabajo, hay 10 peritos arqueólogos que permanecen sin cobrar sus salarios desde inicio del 2020 hasta la actualidad, incluyendo un mes de 2019 también adeudado.

No es esta la primera vez que se registran demoras en los cobros, pero sí la más extensa, y muchos de los profesionales ya evalúan otras alternativas y fuentes de trabajo.

El problema de fondo radica en la irregularidad y la informalidad con la que se producen los pagos: en 2002, las tareas se sostuvieron con fondos recaudados en actividades artísticas; desde 2003 la legislatura provincial otorgó subsidios, al mismo tiempo que desde Nación se destinaron partidas presupuestarias.

Ya entre 2004 y 2005, y con los primeros resultados de identificaciones de restos, el Juzgado Federal 2 de Tucumán a cargo de la causa comenzó a gestionar y a obtener del Concejo de la Magistratura de la Nación los fondos necesarios para los trabajos en el Pozo de Vargas, pero esas partidas nunca fueron regulares y en varias ocasiones se produjeron atrasos importantes.

Las y los peritos arqueólogas no saben cuál es el criterio que aplica el Concejo de la Magistratura para liberar fondos, ni tampoco respecto a por qué muchas veces no alcanza para que todas y todos perciban lo que se les adeuda. La última vez que cobraron fue en noviembre de 2020 pero por honorarios correspondientes a 2019, también adeudados.

Desde el Concejo de la Magistratura, según señala el portal mencionado más arriba, confirmaron la mora con los peritos de Tucumán aunque como no existe el pedido de fondos ni la rendición de cuentas por parte del Juzgado Federal 2, resta aún establecer cuál es el monto que se le adeuda a cada trabajador y formalizar los expedientes de las gestiones.

De allí que desde la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico del Consejo, a cargo de Virginia Croatto, se iniciaron contactos con el Juzgado a fin de recabar la información necesaria para la semana entrante.